Desde los que piden su retirada hasta los que quieren que se aplique todo el año: la polémica tasa turística en Asturias recibe 26 alegaciones

Un total de 26 alegaciones es lo que ha recibido el anteproyecto de la ley de estancias turísticas del Gobierno del Principado que servirá para implantar la cuestionada tasa en Asturias, que se convertirá de salir adelante en la quinta comunidad que la aplica en España. El ejecutivo regional prevé darle el visto bueno el próximo lunes en la reunión del consejo de gobierno y, en principio y salvo ligeras modificaciones, el texto que se envíe para su debate al parlamento será el mismo que presentó a finales de mayo la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo.

La idea es implantar una tasa turística voluntaria, es decir, cada ayuntamiento decidirá si la aplica o no; se cobrará en Semana Santa y de junio a septiembre; durante cinco días máximo y con un coste de 50 céntimos o 3 euros, en función del tipo de alojamiento. El modelo elegido por Asturias para inspirarse ha sido el de la vecina Galicia, que ya lo aplica en Santiago y La Coruña, mientras que está en vías de ello Vigo. En España las veteranas son Baleares y Cataluña, que llevan unos cuantos años con el recargo al turista, mientras que País Vasco lo tiene en avanzado trámite.

Recelos empresariales

El sector empresarial asturianos es el que más recelos expone ante la tasa turística, además de los partidos de la derecha, Foro, PP y Vox El PSOE contará a buen seguro con el apoyo de IU, su socio de gobierno, además de la diputada Covadonga Tomé, favorables a gravar el turismo. De hecho, en las filas de la izquierda hay cierta competición por arrogarse el mérito de sacar adelante la tasa: IU recuerda que lleva años hablando de ella y Tomé la puso de condición para dar su voto, imprescindible, al Gobierno regional para sacar adelante los presupuestos regionales.

La ley tiene por delante un intenso debate en la Junta General hasta ser aprobada, por lo que de aplicarse sería ya para Semana Santa de 2026, tal y como calcula Llamedo. Eso sí, en los ayuntamientos que la quieran, a los que el Principado deberá retornar el dinero recaudado a los visitantes que pernocten en sus establecimientos. Un dinero que podrán destinar a financiar servicios como basura, agua, limpieza, o al mantenimiento de infraestructuras turísticas, entre otros.

A priori la tasa no se cobrará en aquellos gobernados por el PP, que han presentado alegaciones en su mayoría -lo han hecho Coaña, Castrillón, Ibias, Caravia..., aunque no uno muy turístico como Ribadesella- y todas tendentes a que se retire la tasa. En Cangas de Onís sugieren ampliar el recargo al transporte a los Lagos de Covadonga.

En las 26 alegaciones presentadas son 10 cuestiones concretas las que se abordan. En general se advierte de que Asturias no es una comunidad masificada como para aplicar una tasa a los viajeros. En cuanto a partidos, Foro Asturias presentó sus alegaciones propias. Y también CC OO, que reclama que el cargo tenga carácter autonómico y se aplique todo el año.

En bloque han presentado alegaciones los empresarios del ramo: Otea, Cámara de Comercio de Oviedo y FADE, así como la Asociación de Cámpings y el Clúster de Empresarios de Turismo Rural. En líneas generales niegan la masificación, advierten de que el cobro puede dañar a un sector estratégico como es el turismo y temen un efecto disuasorio.

Suscríbete para seguir leyendo