Ni consenso, ni necesidad real y con el rechazo del sector empresarial: las advertencias del PP contra la tasa turística que se quiere aplicar en Asturias

No hay "consenso ni necesidad real" de implantar en Asturias una tasa turística, advierte la diputada del PP Sandra Camino, que recuerda que “el pasado año la recaudación por la actividad del sector alcanzó los 474 millones de euros. "Por tanto, el problema no es que el turismo no aporte recursos, sino cómo gestiona esos recursos el Gobierno de Adrián Barbón", sostiene.

Los populares han vuelto a arremeter en público contra el proyecto de ley de estancias turísticas bajo el que el Gobierno regional (PSOE e IU) quiere desarrollar la implantación del recargo. Este mismo lunes el Consejo de Gobierno quiere dar luz verde al texto para enviarlo a debate al parlamento y lo hará en una reunión convocada en Cudillero, concejo que es referencia turística en Asturias y cuyo alcalde, el socialista Carlos Valle, se ha revelado como uno de los máximos defensores de la tasa.

Los partidos de la derecha y el sector empresarial están en contra de la medida, que consideran innecesaria y perjudicial para el sector. "Se trata de un impuesto encubierto que castiga a un sector estratégico para Asturias y que tiene el rechazo de quienes mejor conocen la actividad turística", advierte Camino. El PP recuerda que el turismo "genera riqueza, empleo y oportunidades en muchos concejos, ayuda a fijar población, sostiene negocios, mantiene vivos los pueblos y proyecta la mejor imagen de la comunidad fuera de las fronteras".

En opinión de los populares, la iniciativa del Gobierno regional tiene un único "afán de recaudar más, trasladando el coste a empresas y visitantes, mientras lo envuelve en un discurso de sostenibilidad que no se sostiene". Asegura que los visitantes "ya contribuyen a las arcas públicas cada vez que visitan Asturias. Cada alojamiento, cada comida, cada compra o cada actividad que realizan genera ingresos fiscales a través del IVA. El pasado año esa recaudación alcanzó los 474 millones de euros. Por tanto, el problema no es que el turismo no aporte recursos, sino cómo gestiona esos recursos el Gobierno del Principado".

Sin diálogo

Sandra Camino echa en falta más diálogo por parte del Ejecutivo autonómico, cuyo proyecto de ley ha recibido 26 alegaciones y, en principio, se aprobará este lunes sin grandes modificaciones al que presentó en mayo la vicepresidenta, Gimena Llamedo. En principio, el único cambio que se añade tiene relación con las estancias en campings, al aceptar una de las alegaciones del sector: los campistas pasarán a ser equiparados con los alojamientos de turismo rural, con lo que su tasa será de 0,5 (inicialmente era un euro).

La idea es implantar una tasa turística voluntaria, es decir, cada ayuntamiento decidirá si la aplica o no; se cobrará en Semana Santa y de junio a septiembre; durante cinco días máximo y con un coste de 50 céntimos o 3 euros, en función del tipo de alojamiento. El modelo elegido por Asturias para inspirarse ha sido el de la vecina Galicia, que ya lo aplica en Santiago y La Coruña, mientras que está en vías de ello Vigo. En España las veteranas son Baleares y Cataluña, que llevan unos cuantos años con el recargo al turista, mientras que País Vasco lo tiene en avanzado trámite.

"Resulta muy significativo que esta medida cuente con el rechazo de la práctica totalidad del sector turístico, de la patronal, de las cámaras de comercio, de FADE y OTEA de forma unánime, y de numerosos ayuntamientos. Cuando una propuesta nace sin consenso, sin una evidencia que justifique su necesidad y sin el respaldo de quienes crean empleo y riqueza, no puede presentarse como un avance. Es una imposición política e ideológica", recalca Sandra Camino.

En este sentido, ha recordado que los alcaldes y concejales del PP han presentado alegaciones al anteproyecto porque "conocen de primera mano la realidad de sus municipios y saben que esta tasa supondrá un sobrecoste encubierto que restará competitividad a Asturias como destino turístico, generará desigualdades entre concejos y añadirá más burocracia tanto a los ayuntamientos como a los establecimientos turísticos". Y añade: "La implantación de este impuesto no resolverá los problemas que tienen los municipios durante la temporada alta, ni mejorará los servicios públicos. Lo único que hará será complicar la actividad de un sector que funciona y que necesita justamente lo contrario: estabilidad, apoyo e inversiones".

El PP sostiene que "Asturias no necesita más impuestos. Necesita un Gobierno que gestione mejor y que deje de poner obstáculos a quienes crean empleo y riqueza".

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