La ley para prohibir los toros en Asturias a los menores de 16 años deriva en una bronca política: "No reconozco esta Junta; parece la barra de un bar"

La reforma de la ley de Espectáculos Públicos para prohibir el acceso de menores de 16 años a los festejos taurinos y vetar la venta y el consumo de alcohol en las plazas de toros acabó este lunes eclipsada por el bronco debate que protagonizó la comisión parlamentaria encargada de analizarla.

La sesión, en la que comparecieron miembros del Gobierno del Principado y representantes del sector taurino, derivó en un intercambio de reproches que llevó al consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, a desmarcarse del tono de la jornada. "Nos han traído aquí como espectadores de este espectáculo lamentable. No reconozco esta Junta General; parece la barra de un bar", lamentó. Al término de la comisión, el diputado socialista Ricardo Fernández resumía el ambiente con otra expresión: "Esto es un circo".

La comparecencia se enmarca en la tramitación de la proposición de ley registrada por Convocatoria por Asturies-IU y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, que superó el pasado mes de mayo el debate de toma en consideración en la Junta General. La iniciativa pretende impedir la entrada de menores de 16 años a las corridas de toros y demás espectáculos taurinos y prohibir además la venta y el consumo de alcohol en estos recintos durante su celebración.

Uno de los principales focos del debate fue la decisión del Gobierno asturiano de no fijar todavía una posición política sobre la reforma. Calvo insistió en que existe una "ausencia de posición formal" del Ejecutivo porque en esta fase parlamentaria únicamente debía pronunciarse sobre la existencia de posibles objeciones presupuestarias, inexistentes en este caso.

Aun así, reconoció que la iniciativa persigue objetivos "que merecen consideración", como la protección de los menores, la mejora de la información al público y determinadas medidas de salud pública. Sobre la prohibición del alcohol, señaló que puede ser una medida "justificable" desde el punto de vista sanitario, aunque advirtió de que requerirá una adecuada fundamentación jurídica y su coordinación con la normativa general.

En la misma línea, el director general de Salud Pública, Miguel Ángel Prieto, mostró su respaldo a "cualquier medida que tienda hacia la creación de entornos saludables".

La falta de un posicionamiento político fue duramente criticada por la oposición. El diputado popular Andrés Ruiz acusó al Gobierno de practicar "la cobardía y la táctica del avestruz" y de no tener criterio sobre una cuestión de fondo, mientras que la portavoz de Vox, Carolina López, tachó al Ejecutivo de "cobarde" por no pronunciarse sobre una proposición de ley que calificó de "aberración jurídica".

Desde los grupos impulsores de la reforma, Covadonga Tomé defendió que asistir a una corrida de toros supone "disfrutar con la tortura animal" y reiteró que el objetivo de la iniciativa es proteger a los menores de la violencia que, a su juicio, transmite la tauromaquia.

La diputada de Convocatoria por Asturies Delia Campomanes reprochó al PP los intentos de bloquear la tramitación de la norma en anteriores legislaturas y reivindicó una reforma con la que su formación pretende avanzar hacia la desaparición de estos espectáculos. "Queremos acabar con la tauromaquia", despejó.

"Fascistas y dictadorzuelos"

La mayor parte de los comparecientes invitados por PP, Vox y Foro cargaron contra la iniciativa. La presidenta de la Federación Taurina del Principado, María Flor Medio, aseguró que la reforma "no protege a la infancia, sino que la empobrece culturalmente" y rechazó que existan estudios que acrediten que asistir a una corrida provoque traumas en los menores.

El patrono de la Fundación Toro de Lidia, Fernando Bernardino Navarro, sostuvo que el verdadero objetivo de la ley es "mermar al empresario para intentar acabar con la tauromaquia", mientras que el veterinario Gonzalo Díez Campa defendió la libertad de los padres para decidir si sus hijos acuden a estos espectáculos. En términos similares se expresó el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Asturias, David Iglesias, quien afirmó que prohibir el acceso de menores "no es una medida de protección, sino un acto de desconexión pedagógica", al recordar que la tauromaquia está sometida a una estricta regulación.

El tono subió varios escalones con la intervención del exmatador Vicente Barrera, que acusó a los promotores de la reforma de ser "los verdaderos fascistas", ejercer un "rodillo ideológico" y comportarse como "aprendices de dictadorzuelos" por pretender decidir qué pueden ver los hijos de otras familias. También el presidente de la Asociación Juvenil Taurina Asturiana, Adán Pérez, reivindicó la afición taurina como "una pasión" compatible con el respeto a quienes piensan de forma distinta, mientras que Abel Rodríguez, presidente de la Peña Taurina José Tomás, consideró "incongruente" sostener que la tauromaquia perjudica a los menores y Fernando Fernández-Guerra calificó la proposición de "una ley mal planteada".

Desde las filas socialistas, René Suárez lamentó que durante el debate se hubiera llegado a acusar al PSOE de cometer "un delito de odio", mientras que Ricardo Fernández reprochó a PP, Vox y Foro haber configurado una comisión sin expertos en infancia o salud pública y centrada casi exclusivamente en representantes del mundo taurino. "Esto es un circo", concluyó el diputado, poniendo el broche a una comisión en la que el enfrentamiento político terminó eclipsando el debate sobre el contenido de la futura ley.

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