Derribar las viejas Baterías y 400.000 euros para "nosotros tres": la obra de Avilés que está entre los amaños de Leire Díez con 25 directivos imputados
El juez Pedraz imputa a la presidenta de la Sepi y a otros cargos públicos y directivos del sector privado por cinco operaciones sospechosas en la trama de la fontanera del PSOE
Demolición de los antiguos cargaderos de carbón de Baterías, en septiembre de 2023. | RICARDO SOLÍS
Añádenos en GoogleHirurok, Sepides y Erri Berri. Tres nombres para investigar una supuesta trama de corrupción por una obra en Asturias: el contrato para derribar las viejas baterías de coque de Avilés. El grupo que los investigadores de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) denominan Hirurok ("nosotros tres" en euskera, por el nombre del grupo de WhatsApp que compartían los principales implicados), habría usado sus contactos en el entorno de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides), adscrita a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), para favorecer a la empresa navarra Erri Berri en el desmantelamiento de las instalaciones siderúrgicas. El derribo de las viejas baterías de coque de Avilés está en el corazón de la causa por la que el juez Pedraz ha imputado a Belén Gualda, la presidenta de la SEPI, y a otros cargos públicos y directivos del sector privado.
El grupo Hirurok está integrado, según los agentes que siguieron el caso, por Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI; Leire Díez Castro, la "fontanera" del PSOE que ocupó distintos cargos públicos y de comunicación en empresas del sector público; y Joseba Antxon Alonso Egurrola, empresario vinculado a Servinabar y Mediaciones Martínez y a quien se sitúa como socio de Santos Cerdán, antigua mano derecha de Pedro Sánchez en Ferraz.
El procedimiento de contratación pública de la obra avilesina se hizo a través del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), sociedad dependiente de Sepides. El PEPA se encuentra ubicado sobre los terrenos en los que ocupaba la antigua cabecera siderúrgica de Ensidesa, en Avilés, junto al puerto de la ciudad. Es una de las áreas industriales más pujantes donde se asientan grandes empresas. La futura área industrial de las baterías de coque estaba llamada a ser una extensión de este polígono, aunque con otro enfoque más actual. Los trabajos fueron adjudicados en 2,8 millones de euros a una unión temporal de empresas (UTE) de la que formaba parte la firma navarra Construcciones y Excavaciones Erri Berri S.L.
El supuesto amaño por la que ahora están siendo investigados directivos de la compañía Erri Berri, el presidente de la mesa de contratación que adjudicó la obra, Fernando Albert Aragón, y la entonces presidenta del Tribunal Central de Recursos Contractuales, María de la Concepción Ortiz Fuerte, que falló una reclamación, habría consistido en beneficiar a la compañía navarra validando y eligiendo su oferta pese a su precio sorprendente bajo e inadmitiendo luego el recurso de una competidora. El proceso estuvo plagado de visicitudes.
Los investigadores de la Guardia Civil destacan que, por el cargo público que había desempeñado uno de los integrantes del grupo cuya actuación está bajo sospecha —Vicente Fernández, como expresidente de la SEPI—, Hirurok habría tenido capacidad para beneficiar a la empresa adjudicataria en varios momentos decisivos del procedimiento. En concreto, el informe habla de la "habilitación" de su oferta "pese a la misma ser contraria al curso normal de la licitación", de la aceptación de una propuesta que habría incurrido en baja temeraria y, posteriormente, de la inadmisión del recurso especial de contratación presentado por la otra UTE que concurría a la adjudicación, que había pujado por 6,14 millones, más del doble. La mesa de contratación del expediente estaba presidida por Fernando Albert Aragón, secretario general y director de la Asesoría Jurídica de Sepides.
El supuesto amaño se habría extendido también a la fase de impugnación. En ese punto aparece el nombre de María de la Concepción Ortiz Fuerte, entonces presidenta del Tribunal Central de Recursos Contractuales. La UCO subraya que Ortiz Fuerte había desempeñado antes funciones en la SEPI como directora de Asuntos Jurídicos y como secretaria general y del Consejo bajo la presidencia de Vicente Fernández. Los investigadores apuntan que Hirurok habría contado con su "connivencia y participación" para la inadmisión del recurso.
La presunta contraprestación económica también queda descrita por la UCO. Como pago por las actuaciones desarrolladas en favor de Erri Berri, los miembros de Hirurok habrían pactado con Félix Azcona Lacarra, responsable de la adjudicataria, el abono de 400.000 euros. Aunque en otros informes se han constatado pagos por una cantidad menor, de casi 100.000 euros. Para canalizar ese dinero, siempre según la Guardia Civil, se habrían simulado relaciones comerciales y se habrían utilizado sociedades vinculadas al grupo, principalmente Servinabar y Mediaciones Martínez.
Cinco operaciones sospechosas
La decisión de imputar a la presidenta de la SEPI y a otros 24 cargos públicos y de empresas privadas como presuntos autores de delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación administrativa se relaciona con cinco operaciones sospechosas llevadas a cabo por la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda. Una de ellas es la adjudicación de la demolición de las antiguas baterías de coque de Avilés a una UTE liderada por la constructora navarra Erri Berri.
La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), María Belén Gualda González, comparece ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, en el Congreso de los Diputados, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
Los otros casos atañen a operaciones de Mercasa y Enusa, empresas públicas; al rescate de concedido por la SEPI a Tubos Reunidos, y a actuaciones relacionadas con el Grupo Forestalia.
A juicio de la Fiscalía, del examen conjunto de las cinco operativas se desprende "la existencia de un patrón de actuación reiterado, coordinado y estructurado por parte de los investigados, que habría operado de manera continuada en distintos ámbitos del sector público y en relación con diversas entidades y grupos empresariales. "De todas estas operaciones habría obtenido rédito el grupo de Leire Díez/Cerdán", según se señala en el documento del ministerio público.
En todas ellas, además, Anticorrupción identifica un esquema común. Así, los investigados principales, Vicente Antxon, Leire Díaz y Santos Cerdán, a los que se sumaría el expresidente de la SEPI Fernández Guerrero, "habrían actuado como nexo de influencia entre intereses privados y decisores públicos, incidiendo en la adopción de resoluciones administrativas, el resultado de procedimientos de contratación pública o la canalización de ayudas financieras".
Los principales pormenores de la investigación sobre cada caso se sintetizan a continuación.
La sociedad pública Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), dependiente de Sepides (a su vez filial de la SEPI), adjudicó en 2021 a una UTE formada por Erri Berri y Afesa Medio Ambiente los trabajos de demolición de las antiguas baterías de coque de Avilés. Lo hizo a pesar de que el precio, 2. 854.466 euros, incurría en baja temeraria, según las pesquisas. Conforme a las indagaciones de la Guardia Civil y de la Fiscalía, la trama de Leire habría maniobrado ante la SEPI para que la mesa de contratación pasara por alto esa circunstancia y habría influido también para que se rechazara un recurso posterior de una empresa competidora.
Así, se investigan pagos realizados por Erri Berri a una sociedad pantalla de la trama (Mediaciones Martínez) y también a Servinabar (mercantil en último término controlada por Santos Cerdán, según la investigación). El dueño de la constructora, Félix Azcona, ha sido imputado, al igual que el directivo Juan Ignacio Fernández-Micheltorena. Los investigadores también involucran en el caso avilesino a Fernando Albert Aragón, secretario general Sepides, así como a otros funcionarios que participaron en la valoración de las ofertas y a la presidenta del Tribunal de Contratos María de la Concepción Ordiz.
En la operativa presuntamente irregular relacionada con Mercados Centrales de Abastecimiento (Mercasa) estarían implicdos el exdirectivo José Ramón Sempere y la directora de Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales María Teresa Castillo Pasalodos o el arquitecto Mikel Arrarás. Se alude a diversas contrataciones irregulares y a la simulación de servicios de intermediación. Se cita, por ejemplo, un trabajo adjudicado a Servinabar.
Este expediente sospechoso estaría relacionado con Acciona, que habría manifestado previamente su interés en adquirir las participaciones que la pública Enusa –cuyo presidente, José Vicente Berlanga ahora es investigado junto con la también directiva Rosario Arévalo– ostentaba en la incineradora de Melilla y en un centro de tratamiento de residuos de Castellón. Se da la circunstancia de que Leire Díez fue responsable de Comunicación de Enusa entre octubre de 2018 y diciembre de 2021.
En el informe de Fiscalía consta la cronología de la solicitud y los trámites seguidos para lograr el rescate de esta empresa por 112,8 millones euros –a cambio de pagos por valor de 114.950 euros a la trama–, así como el seguimiento posterior y una segunda actuación dirigida a aplazar el pago de uno de los plazos del crédito. Es en esta actuación en la que aparece citada expresamente la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, concretamente por su " compromiso" con el CEO de la compañía igualmente investigado, Francisco Irazusta, "para que su solicitud fuera aprobada por el consejo gestor del fondo", a pesar de las dudas expresadas desde el Ministerio de Economía.
Han resultado también imputado, entre otros, el director ejecutivo de Tubos Reunidos, Carlos López de las Heras, y el directivo Jesús Pérez Rodríguez. La investigación en torno a las ayudas a esta empresa implican a Ángel Santiago, entonces director corporativo de la SEPI y a la directora de participadas de la sociedad estatal y responsable de la tramitación del expediente, Rosario Martínez Manzanedo.
Respecto a este grupo promotor de energías renovables, dirigido por Fernando Samper (ahora imputado), Anticorrupción señala que la trama "Hirurok" habría realizado determinadas actuaciones ante responsables de Sepides aún no identificados para aprobar una inversión de 17,32 millones en Aragón. Como consecuencia de estos contactos se habrían pagado 200.000 euros en a los integrantes de trama de Leire y Cerdán.
Bronca entre PP y PSOE por las obras avilesinas de Erri Berri
Esther Llamazares, portavoz del PP avilesino, se reafirmó ayer en su tesis de que con la empresa navarra Erri Berri "una trama de corrupción toca de lleno" Avilés. Erri Berri fue la sociedad a la que encargó el derribo de Baterías y, luego, por decisión del Ayuntamiento, la demolición de los edificios que cubrían la antigua muralla medieval de Avilés. Llamazares afirmó: "Hay razones fundamentadas para pensar que el Partido Socialista limpio, limpio no está".
El PP de Avilés sostiene que la adjudicación del contrato de la muralla siguió un patrón que recuerda a la contratación realizada por Sepides y que investiga el juez. "Como pasó con Baterías, Eri Berri presentó una oferta anormalmente baja que se justificó de una forma también bastante anormal, la misma situación que tenemos ahora mismo con la muralla", expuso Llamazares.
Tras un proceso de revisión, añadió, la oferta de la empresa navarra obtuvo en el concurso sobre la obra de la muralla una calificación de 13 puntos: "El límite para que fuera rechazada era de 12,5 puntos, y había otra empresa cuya oferta tenía prácticamente la máxima puntuación, que son 24 de 25 puntos", denunció también la concejala. Y prosiguió: "A mayores se acepta la oferta temeraria de Erri Berri y a continuación hay una modificación de contrato. Pero es que no es sólo esto, es que se modifica ese contrato y finalmente tampoco acaba de coincidirnos lo que se termina por pagar a Erri Berri, porque se le abonan todavía 20.000 euros más". Con ello, según el PP, se sobrepasaría el límite máximo de la modificación (20%).
El socialista Campa replicó: "La señora Llamazares miente: no hay ni un solo euro sin justificar. Y continúa poniendo en duda el trabajo de los técnicos municipales".
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