El CGPJ deniega a Asturias el refuerzo pendiente en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, colapsada

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha solicitado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que reconsidere la negativa a autorizar la financiación de medidas de refuerzo previstas para 62 órganos judiciales de todo el país. El órgano de gobierno de los jueces considera que la decisión compromete el funcionamiento de la Administración de Justicia y puede repercutir en la prestación del servicio a la ciudadanía.

La principal afectación en Asturias tiene que ver con uno de sus órganos más colapsados, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Gijón. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro, ha mostrado su desacuerdo con la decisión del Ministerio al considerar que tendrá una incidencia especialmente negativa en el Principado, una de las comunidades con mayor volumen de litigiosidad del país.

Chamorro recordó que Asturias únicamente había solicitado una medida de refuerzo, destinada a mejorar la situación de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Gijón, cuyo elevado volumen de asuntos había sido puesto en conocimiento del CGPJ mediante informes y documentación remitidos por las vocalías territoriales.

A juicio del presidente del TSJA, la negativa a financiar este apoyo repercutirá de forma directa en la calidad del servicio que reciben los ciudadanos. En el caso de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Asturias es paradigmático de esa realidad, pues sufre una importante demora acumulada, con una duración media de los procedimientos cercana a los 17 meses. Esa congestión se suma a la situación generalizada de colapso en la Justicia asturiana, atribuida estructuralmente a la falta de medios personales y materiales

Por ello, desde el CGPJ han querido hacer pública su preocupación por la resolución ministerial del 29 de junio, que rechaza la dotación económica necesaria para poner en marcha diversas actuaciones de apoyo en los juzgados. Según el Consejo, la falta de financiación impide mantener medidas consideradas imprescindibles para aliviar la carga de trabajo y dificulta la posibilidad de plantear alternativas dentro de sus competencias. El organismo advierte de que esta situación puede traducirse en la paralización o suspensión de actuaciones judiciales, con el consiguiente riesgo de afectar al derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas.

En el caso concreto del Principado, el máximo responsable de la Justicia asturiana destacó que el resto de necesidades de refuerzo en la comunidad están siendo atendidas con recursos propios, mediante jueces de adscripción territorial y sustituciones profesionales, pese a que Asturias registra la tercera mayor tasa de litigiosidad de España.

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