El debate de la "ley de nietos" llega a Asturias: la derecha reclama "transparencia" y no instrumentalizarla, mientras la izquierda la defiende como "reparación democrática"

La denominada “ley de nietos” ha abierto un nuevo frente político a menos de un año de las próximas elecciones. La disposición, incluida en la Ley de Memoria Democrática y dirigida a facilitar la nacionalidad española a descendientes de exiliados de la Guerra Civil, provocó esta semana las críticas del PP y de Vox, que advierten del “mayor proceso de nacionalización de toda nuestra historia”, con 2,6 millones de solicitudes.

Un debate que ha saltado también a la política asturiana. Desde la derecha se reclama transparencia, seguridad jurídica y rigor para evitar que la normativa se convierta en un “instrumento” del PSOE, mientras la izquierda considera la ley una “reparación democrática” que permitirá a descendientes de emigrantes asturianos recuperar su nacionalidad. Solo la diputada del grupo mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, se distancia de esta postura, al considerar el movimiento “innecesario”.

El secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana, Luis Ramón Fernández Huerga, afirmó este miércoles que las críticas del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la ley no son más que un reflejo del “contagio claro e irreversible” que su partido sufre de las “ideas antidemocráticas de la extrema derecha”.

Huerga recordó que “muchos de nosotros tenemos abuelos o padres que se vieron obligados a emigrar y que conservaron su compromiso con Asturias en sus países de acogida”, y calificó de “ruin” que el PP convierta “en meras cifras lo que en realidad son historias personales y familiares”. “Desde la FSA-PSOE defendemos como un derecho y un acto de reparación democrática que los descendientes de esos emigrantes puedan recuperar su nacionalidad española”, afirmó.

En este sentido, la diputada del PP Susana Fernández aseguró que su partido “defiende el vínculo de España con los descendientes de españoles”, pero rechazó que la “ley de nietos” pueda convertirse en “un instrumento”. Por eso, presentarán a nivel nacional varias iniciativas, entre ellas la comparecencia urgente del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en el Congreso. También reclaman un informe de la Abogacía del Estado sobre la externalización.

Además, añadió Fernández, “reclamamos transparencia operativa y de recursos para que el proceso se haga con todas las garantías y desde el Parlamento, no por la puerta de atrás”.

Muy crítica con la “ley de nietos” fue Carolina López. La diputada de Vox acusó al PSOE de utilizar “todos los mecanismos para alterar el censo electoral y perpetuarse en el poder”. “Las listas de espera en sanidad o servicios sociales son incapaces de reducirlas, pero cuando se trata de rédito electoralista son los más rápidos y veloces porque gobiernan para defender sus propios intereses”, afirmó.

A su juicio, “se está regalando la nacionalidad de forma masiva y descontrolada a personas que carecen de arraigo real o integración cultural en España”. Y rechazó que se trate de “ningún acto de justicia histórica”, sino de “una maniobra política para fabricar una red clientelar de votantes en el exterior y seguir en el poder, que es lo único que les preocupa”.

En el extremo opuesto se sitúa Convocatoria por Asturias-IU. Xabel Vegas defendió que se trata de “una deuda histórica” que va a dar la posibilidad a descendientes de víctimas del régimen franquista de recuperar la nacionalidad española.

El diputado afirmó, además, que se trata de una ley similar a la de otros países y situó las críticas en un “intento deliberado por parte de las derechas de restar legitimidad a cualquier acción del Gobierno de la nación”. “La hipocresía es de tal calibre que el propio Partido Popular, que ahora pone el grito en el cielo, lo llevaba en su programa en 2023”, sentenció.

Adrián Pumares, de Foro, reconoció que la norma plantea “un debate de enorme importancia porque afecta directamente a quién puede adquirir la nacionalidad española”. En este sentido, defendió que cualquier reforma en esta materia debe estar presidida por la seguridad jurídica, el rigor y la máxima transparencia.

“Los españoles tienen derecho a conocer el alcance real de la norma, el número de expedientes tramitados, los criterios aplicados y las consecuencias que tendrá su aplicación”, afirmó Pumares, quien advirtió que “la nacionalidad española no puede convertirse en un instrumento al servicio de intereses políticos coyunturales”.

Concisa, pero directa fue Covadonga Tomé. Para la diputada del grupo mixto, la “ley de nietos” es “innecesaria”. “Es mucho más importante regularizar y que pueda votar quien vive, trabaja y cotiza aquí”, aseguró.

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