María Emilia Casas, expresidenta del Tribunal Constitucional, defiende en Oviedo la independencia judicial: "La Constitución se cumple"
La jurista respalda, en la Escuela de Verano de Comisiones Obreras, el proceso de regularización de migrantes para hacer "aflorar" el trabajo sumergido y situarlo en la legalidad
"Existe una especie de retirada o de cuestionamiento de conquistas sociales", advierte el rector de la Universidad, Ignacio Villaverde

Por la izquierda, Ignacio Villaverde y María Emilia Casas con Alba García Torres (directora académica de la Escuela de Verano) y José Manuel Zapico (secretairo general de CCOO Asturias).. / A. G.-O.
María Emilia Casas, jurista y expresidenta del Tribunal Constitucional, defendió este jueves el valor de la Constitución como marco de convivencia e integración social durante un diálogo con el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, centrado en la evolución de los derechos laborales, los conflictos colectivos y los retos actuales del Estado social. El encuentro se enmarco en la Escuela de Verano Laborista Anita Sirgo de Comisiones Obreras.
Villaverde explicó que el encuentro buscaba poner el acento en la negociación colectiva, los conflictos colectivos y el derecho de huelga, en un momento en el que, según señaló, existe “una especie de retirada o de cuestionamiento de conquistas sociales” que han contribuido a construir el país.
En este sentido, Casas recordó que los primeros años de jurisprudencia constitucional fueron decisivos para construir la doctrina sobre huelga, conflicto colectivo, negociación colectiva y libertad sindical. Señaló, no obstante, que el escenario ha cambiado. “Hay menos conflicto obrero, digámoslo así, o sindical propiamente dicho”, afirmó, aunque precisó que siguen apareciendo nuevos debates en el ámbito laboral. Como ejemplo citó el llamado esquirolaje tecnológico, una práctica empresarial que sustituye a trabajadores en huelga con maquinaria y recursos técnicos para minimizar el impacto.
La expresidenta del Constitucional explicó que, junto a la complejidad del conflicto laboral, han surgido otros vinculados al cambio climático, la igualdad de género, la privacidad, la libertad de expresión o la protección de datos. “Seguimos con el conflicto, pero el conflicto obrero tiene menos presencia en la jurisprudencia constitucional que en los primeros años”, señaló.
La jurista también apuntó a las dificultades que plantea el teletrabajo para la acción sindical: “En plataformas digitales, por ejemplo, es un trabajo donde el sindicato a duras penas está presente, aunque tiene que estarlo. No es fácil con una plantilla desperdigada, no es la industrialización, por lo que hay que hacer labor de sindicato”.
Independencia judicial y migración
Preguntada por la politización de la justicia, Casas afirmó que la Constitución establece un Estado de derecho, democrático y social, con separación de poderes y un poder judicial independiente. “La independencia judicial es el respeto a la ley, la aplicación de la ley. No la aplicación de un pensamiento propio. Esa aplicación además tiene que ser imparcial porque la Constitución lo dice. Entonces yo parto de que la Constitución se cumple", sostuvo.
La expresidenta del Constitucional añadió que esa aplicación debe ser imparcial y advirtió de que no considera positivos ni “la politización de la justicia” ni “la judicialización de la política”.
Sobre los procesos de regularización de migrantes, Casas los consideró necesarios porque permiten "aflorar" trabajo sumergido y situarlo dentro de la legalidad. A su juicio, estos procesos son importantes para el país y para la economía española, en un contexto de baja natalidad y población longeva. "Otra cuestión son las cifras", apuntó.
No obstante, Casas defendió que los trabajadores migrantes deben incorporarse a la sociedad y cumplir el ordenamiento español. También recordó que el Tribunal Constitucional ha reconocido derechos fundamentales a los extranjeros, incluidos los migrantes en situación irregular, y definió la Constitución como “un texto poderoso” y “de convivencia, de integración social”.
Siguiendo esta línea, Villaverde señaló, ante las críticas de que las personas regularizadas puedan votar, que este proceso no otorga automáticamente el derecho de voto, pero el sistema electoral ya prevé determinados supuestos de participación de extranjeros en elecciones locales o europeas bajo ciertas condiciones. En este sentido, el rector apuntó que el sistema electoral debe garantizar que “en el proceso colectivo de construcción de decisiones colectivas participe todo aquel que al final va a sufrir o va a estar sujeto a esa decisión colectiva”.
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