La patronal de la construcción exige al Principado que deje de recurrir a Tragsa "en detrimento de la contratación pública abierta y competitiva"

La patronal asturiana de la construcción ha expresado su confianza en que la sentencia del Tribunal Supremo que anula la adjudicación a la empresa pública Tragsa de la Casa de la Música de Candás “marque un punto de inflexión”. Es decir, que genere cambios en un modo de proceder de las administraciones públicas muy criticado desde hace años y que “limita las oportunidades de las empresas privadas y genera mayores costes de ejecución con cargo a los recursos públicos”.

Esta es la postura defendida por el director general de CAC-ASPROCON, Joel García, quien ha subrayado que la resolución judicial adelantada por LA NUEVA ESPAÑA tiene “un enorme calado para el sector de las infraestructuras y la contratación pública” en el conjunto del país.

El impacto de la sentencia se basa, puntualiza García, en que “las empresas privadas llevan años denunciando que los encargos masivos a medios propios como TRAGSA, TRAGSATEC o INECO reducen el volumen de licitaciones públicas”, con el consiguiente perjuicio para las constructoras. Asimismo, la resolución del Supremo “sienta las bases para revisar un modelo que ha incrementado de forma creciente el recurso a empresas públicas y medios propios en detrimento de la contratación pública abierta y competitiva".

El recurso a Tragsa aumentó el gasto

La obra de Candás tuvo un coste de 1.446.030 euros, lo que implicó, según la sentencia, 100.000 euros más que si hubiera sido licitada y realizada por una empresa privada. Según Joel García, el posicionamiento del Supremo, que refrenda la decisión previamente dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, impone cambios “en la utilización de los medios propios por parte de las administraciones públicas". A su juicio, el criterio fijado por el Alto Tribunal “debe contribuir a que estos encargos se limiten a los supuestos estrictamente previstos en la ley y debidamente justificados, reforzando así la transparencia, la libre competencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos”.

Joel García plantea una advertencia a la Administración: “Que ahora no empiecen a mover la legislación para volver a favorecer la utilización de medios propios”, como es Tragsa.

La FADE critica la reducción de oportunidades para las empresas

En similares términos se ha pronunciado María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), quien indicó que la sentencia fechada el pasado 29 de junio “confirma lo que la empresa lleva años denunciando”. A juicio de Calvo, “el problema es que se recurra de forma sistemática al encargo directo sin justificación”. Y la consecuencia es que “cada contrato que se sustrae a la licitación pública es una oportunidad menos para las empresas asturianas y, como se ha visto en Candás, le sale más caro al contribuyente”.

A la vista de esta resolución judicial, la FADE insta al Gobierno regional a “tomar nota y a revisar esta forma de proceder”. La presidenta de la patronal asturiana enfatiza que “la licitación pública debe ser la norma y el encargo a medios propios, la excepción debidamente justificada”. Y apostilla: “Las empresas asturianas están preparadas para competir; lo único que necesitan es poder hacerlo en igualdad de condiciones”.

El Gobierno se defiende

Por su parte, el Gobierno de Asturias ha defendido la decisión que el 22 de noviembre de 2022 adoptó la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principado cuando encargó el trabajo a Tragsa y le otorgó un plazo de ejecución de seis meses. El Ejecutivo autonómico defiende que las tarifas de Tragsa “son comunes para todas las administraciones” y que “se sitúan por debajo de los costes de ejecución del mercado (en 2025, un 10,31% por debajo), por lo que no puede sostenerse que exista un sobrecoste para el contribuyente derivado de su utilización”.

El Ejecutivo autonómico señala que los encargos a Tragsa “están limitados por su objeto social y son una herramienta utilizada con normalidad por las distintas administraciones públicas”. En el caso del Principado de Asturias, indica el Gobierno regional, “el volumen de encargos se sitúa por debajo de la media de otras administraciones”. En 2025, alcanzaron un valor de 34,37 millones de euros “sobre un presupuesto de más de 6.000 millones”.

El Gobierno del Principado ha analizado el pronunciamiento del Tribunal Supremo y valora “especialmente” el hecho de que la sentencia “confirme que TRAGSA puede ejecutar actuaciones vinculadas al desarrollo rural, incluidas infraestructuras culturales y educativas ubicadas en suelo urbano, cuando contribuyen a mejorar los servicios públicos y la calidad de vida en el territorio”.

Otro aspecto recalcado por el Ejecutivo es que “la sentencia fija una doctrina sobre la necesidad de reforzar la motivación individualizada de cada encargo”. Y, en este caso, sí reconoce el tirón de orejas: “El Gobierno del Principado la asume plenamente y adaptará sus procedimientos para justificarlo de forma expresa en cada caso”.

El PP habla de "caos"

La oposición considera que la resolución del Supremo enmienda la plana al Gobierno. “El caos en Cultura afecta a toda la Consejería y a sus organismos adscritos, y ya le cuesta mucho dinero a todos los asturianos”, argumenta José Luis Costillas, diputado autonómico del PP. Según el representante popular, “este caos ha sido constatado en varios informes, tanto por la Sindicatura de Cuentas como por la Inspección de Servicios, y ha supuesto ya la destitución de los responsables de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) y de Laboral Centro de Arte”.

Costillas añade que, recientemente, la Sindicatura de Cuentas, en su informe sobre el sector público, “también corroboraba el caos en la contratación del Centro Cultural Óscar Niemeyer, de Avilés”.

Por parte de Vox, el diputado Javier Jové denuncia que lo que el Gobierno de Asturias hace con Tragsa es "sortear los mecanismos garantistas de la Ley de Contratos del Sector Público y además a un precio sensiblemente superior al de mercado, lo que supone un encarecimiento de los contratos y una deficiente gestión de los siempre escasos recursos públicos".

Foro pide "reflexión" al Gobierno

Desde Foro Asturias, su portavoz parlamentario, Adrián Pumares, asevera que la sentencia del Tribunal Supremo “debería hacer reflexionar al Gobierno de Asturias antes de seguir ampliando el recurso a los medios propios”. En opinión de Pumares, “si el problema es que determinadas licitaciones quedan desiertas, la solución no puede ser sustituir sistemáticamente el mercado por la Administración, sino analizar por qué ocurre y corregir las causas”.

El secretario de Foro hace hincapié en que esta resolución judicial “deja claro que no basta con acudir a un medio propio porque resulte más cómodo o rápido”, sino que la Administración “tiene la obligación de justificar que esa opción es la más eficiente y la que mejor protege el interés general”.

Covadonga Tomé, diputada del Grupo Mixto, se ha mostrado lacónica: “Respetamos la resolución del Tribunal Supremo y seguiremos trabajando, como hasta ahora, para exigir al Gobierno de Asturias una gestión de lo público rigurosa y transparente”.

Por parte del PSOE, su diputado regional Ricardo Fernández indica que, sin conocer aún en detalle la sentencia, “consideramos que se refiere a un caso concreto que no invalida las adjudicaciones a Tragsa, a la que la resolución del Tribunal Supremo sí reconoce como medio propio de la Administración y también que actuó respetando su objeto social”.

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