El PP exige al Gobierno asturiano el pago inmediato de las ayudas adeudadas al Tercer Sector: más de millón y medio solo en discapacidad

El Partido Popular registrará este lunes una proposición no de ley para exigir al Gobierno asturiano el pago en plazo de las ayudas que adeuda a las entidades del Tercer Sector y que establezca mecanismos de planificación que impidan que estos retrasos vuelvan a producirse. Retrasos que son “continuados” y que han provocado un profundo malestar entre las organizaciones afectadas, las cuales han llegado a plantearse realizar movilizaciones.

Solo con el sector de la discapacidad, Cermi Asturias cifra el importe pendiente de pago en un millón y medio de euros, mientras que algunas entidades acumulan deudas superiores a los 400.000 euros. Cifras que la diputada Beatriz Polledo afirma son “inasumibles” para asociaciones que trabajan “con recursos muy ajustados” y que necesitan ese dinero para hacer frente a nóminas, cotizaciones a la Seguridad Social y pagos como la extra de junio.

El Ejecutivo de Adrián Barbón se habría comprometido con las entidades a realizar estos pagos a más tardar el jueves, aunque para la popular esto no se soluciona “con un pago puntual, sino poniendo fin a una forma de gestionar que lleva años castigando a las entidades sociales”.

“El Gobierno de Barbón les exige a las entidades que sostengan servicios que le corresponde garantizar a la propia Administración y, encima, no les paga lo que les debe. Es una gestión irresponsable que pone en riesgo la atención a las personas más vulnerables de Asturias”, denuncia Polledo.

Para la diputada, esta situación supone “abusar de quienes cuidan”, pues saben que “jamás dejarán tirados a sus usuarios”. “Saben que una asociación nunca va a cerrar la puerta de una residencia ni va a dejar sin apoyos a una persona con discapacidad. Y juegan con eso. Pagan tarde porque el coste de su incompetencia lo asumen otros”, critica.

La situación es tal que algunas entidades han tenido que abrir líneas de crédito “para adelantar lo que el Gobierno no abona”, lo que provoca que tengan que pagar intereses “por una deuda que no es suya” y que ni siquiera puedan “justificar esos gastos financieros como subvencionables”.

El problema, insiste Polledo, es que esto no sería un episodio aislado. En 2020, el Tercer Sector ya se manifestó para reclamar los pagos pendientes y en 2022 Cermi Asturias cuantificó en más de dos millones las deudas con los centros concertados de discapacidad.

“El Principado no puede seguir utilizando la buena voluntad del Tercer Sector como colchón de su mala gestión. A las personas vulnerables no se las protege con eslóganes. Se las protege pagando a tiempo a quienes las atienden todos los días”, sentencia la diputada.

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