María Emilia Casas, expresidenta del Tribunal Constitucional: "Es necesario reformar la Constitución, pero lo veo imposible"

María Emilia Casas Baamonde (León, 1950) fue la magistrada más joven del Tribunal Constitucional y, posteriormente, su presidenta durante seis años. Actualmente forma parte del Consejo de Estado y participó esta pasada semana en la Escuela de Verano Laboralista Anita Sirgo, organizada por CC OO en Oviedo. Asegura que lo largo de su trayectoria siempre ha ejercido con "absoluta independencia" y defiende la necesidad de una reforma de la Constitución.

-Usted fue la magistrada más joven del Constitucional y también la primera presidenta. ¿Cómo recuerda aquella etapa?

-Fue muy satisfactoria. El ejercicio de la jurisdicción constitucional es apasionante, un privilegio: interpretar la Constitución, que es la norma que a todos nos rige y ordena nuestra convivencia. Los recuerdo como años decisivos en mi vida.

-¿Sigue existiendo techo de cristal en la Justicia?

-Mi propia elección como magistrada y, después, como presidenta del Tribunal Constitucional es un ejemplo de techo de cristal, porque llegué a ambas posiciones por mi procedencia de la Universidad, porque soy catedrática. Si yo hubiera sido juez, no habría podido llegar. No es que haya sido la primera: es que he sido la única, y yo salí en 2011. Seguimos con un problema de techo de cristal, de liderazgo femenino y de asunción de funciones por las mujeres.

-¿Dónde se percibe hoy ese freno al liderazgo femenino?

-Hay desincentivos institucionales y en el mercado de trabajo que no favorecen el acceso de las mujeres a puestos elevados. En la judicatura hay una base porcentualmente femenina, pero en las presidencias de tribunales superiores de justicia la presencia femenina es muy escasa. El cuidado sigue teniendo una asignación femenina y los estereotipos sociales se adelantan al derecho. También está la penalización por maternidad. Pero el derecho debe ser combativo frente a la discriminación, porque la discriminación no la causa el derecho, sino que es estructural

-Durante su etapa en el Constitucional se abordaron normas clave en igualdad y violencia de género. ¿Qué balance hace?

-Se dieron pasos muy importantes. Hubo un avance muy notable en igualdad de género. Se impugnó la llamada ley de paridad, la Ley Orgánica 3/2007, que estableció una composición equilibrada de hombres y mujeres en las candidaturas electorales, entonces del 60-40. También se declaró la conformidad con la Constitución de la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género. Se dictó la primera sentencia que dio a los derechos de conciliación una dimensión cuasi constitucional; se trató la conciliación como discriminación indirecta de las mujeres y avanzó la protección frente al despido de la mujer embarazada.

-¿La igualdad exige también romper la segregación ocupacional?

-Es importante romper el techo de cristal y también la segregación ocupacional: que por contratar a una mujer no baje automáticamente el salario, que no quede encajada en una posición feminizada sin poder de decisión, o que no pese el estereotipo de que una mujer con cargas familiares no puede atender empleos que exigen mucha presencia y disponibilidad.

-¿Ve necesario reformar la Constitución?

-Lo veo necesario, pero vivo en la realidad de este país y lo veo imposible. Tenemos cuatro reformas de la Constitución, muy específicas, en las que ha existido el consenso necesario. Un texto constitucional es un texto vivo que debe ser reformado. La propia Constitución regula su reforma y nosotros no tenemos cláusulas de eternidad. Pero sabemos que no hay ambiente político para una reforma en aquellas partes en las que sea más necesaria.

-¿Cómo es para un jurista interpretar en la actualidad un texto de 1978?

-La jurisprudencia constitucional es un patrimonio evolutivo de todos, como la Constitución es de todos. Interpretar evolutivamente la Constitución no es ejercer un poder de reforma: tiene límites. Pero no se puede estar en una interpretación exclusivamente originalista, fiel solo al origen, porque todas las normas se interpretan evolutivamente.

-¿Hasta dónde puede llegar esa lectura?

-La interpretación evolutiva es muy limitada, porque se mueve dentro de la Constitución. Pero leer los derechos fundamentales, por ejemplo, desde el punto de vista de su aplicación en el mundo virtual me parece elemental. Tenemos una Constitución analógica que se aplica en un mundo virtual. No se trata de crear necesariamente un derecho distinto, pero sí de comprender contenidos distintos dentro de derechos fundamentales ya existentes.

-¿Cómo valora la regularización migratoria?

-La valoro positivamente cuando parte de una regularización y del cumplimiento de las normas de nuestro ordenamiento, porque normalmente significará el afloramiento de trabajo oculto: trabajo fraudulento, sin derechos, y también insolidario por parte de quien da trabajo. El trabajo es un elemento esencial para producir, pero también de socialización, de ciudadanía social y política, y de bienestar económico.

-¿Qué derechos tienen las personas en situación irregular?

-El Tribunal Constitucional ha dicho que los irregulares también tienen derechos fundamentales: por ejemplo, el derecho a la igualdad o a la tutela judicial efectiva. Si a una persona en situación irregular se la acusa de cometer un delito, tiene derecho a la tutela judicial efectiva. El derecho no puede tener espacios donde no rija. Somos una comunidad política organizada, una comunidad de derecho, y no puede haber bolsas al margen de la Constitución.

-¿La instrumentalización de la justicia por parte de la política ha deteriorado la imagen del Poder Judicial?

-Es posible. El Poder Judicial es, como dice la Constitución, un poder independiente, imparcial e inamovible. Para mí la independencia es la sumisión a la ley; no hay más independencia que esa. Después viene la imparcialidad, que es más complicada.

-¿Cómo ve las críticas a las sentencias cuando llegan desde altas esferas políticas?

-La crítica fundada siempre tiene que ser bienvenida. Las demás críticas están dentro de la libertad de expresión, siempre con respeto a los poderes. Cada poder tiene que estar en su sitio.

-La renovación del Constitucional está paralizada. ¿Qué le parece?

-Desastroso. Lo denuncié en mi discurso de salida, porque yo tardé tres años en ser renovada. Si hay que cambiar los plazos, que se comunique al órgano que hace la propuesta de magistrados y magistradas con más meses de antelación. Los partidos políticos tendrían que tener un especial cuidado en el cumplimiento de estos plazos porque lo exige el respeto institucional.

-¿Se transmite una imagen excesivamente politizada de la elección de los magistrados?

-A veces, los medios de comunicación transmiten esa idea porque politizan excesivamente. Pero, desde mi experiencia, he ejercido la jurisdicción constitucional con absoluta independencia e imparcialidad, y lo mismo puedo decir de las personas con las que he compartido tres tribunales distintos. Ser propuesto por una parte no significa que vaya a influir en tus decisiones. No tiene nada que ver. La jurisdicción constitucional es colectiva: todas las decisiones se toman tras deliberación y se contrastan. Para mí, la elección por las Cámaras es esencial para esa legitimidad democrática.

-¿Deberían sacarse los procesos judiciales del foco mediático, especialmente cuando afectan al Gobierno?

-Creo que sí. Me parece mala la judicialización de la política y la politización de la justicia. Los dos fenómenos no son nada saludables.

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