El Principado entra en un fin de legislatura frenético, con una veintena de leyes pendientes

El Gobierno de Adrián Barbón encara los ocho últimos meses de la legislatura con más de una veintena de leyes aún pendientes de aprobar. Hasta ahora, lograron sacar adelante otras ocho en este mandato. El reto no es menor. Con la actividad parlamentaria condicionada por los tiempos de tramitación y el calendario político, el Principado deberá acelerar el ritmo si quiere culminar buena parte de las leyes previstas antes de las elecciones autonómicas. Proyectos, en algunos casos, con gran carga política, como el de Universidades, cuyo planteamiento surgió tras el malestar de Izquierda Unido (socios de gobierno de PSOE) por la autorización de centros educativos vinculados a universidades privadas. O la ley de Ordenación Integral del Territorio (LOITA), fundamental para definir la planificación urbanística futura de la región y que ha sido muy criticada por incluir el derecho de tanteo y retracto a favor de la Administración en la venta de viviendas en zonas tensionadas.

Tramitación en julio. El pasado 24 de mayo, la Junta General rechazó la enmienda a la totalidad presentada por Vox a la ley LGTBI. El debate se realizó en un Pleno extraordinario a fin de reducir los plazos y permitir que la norma continúe su tramitación a lo largo de este mes. De este modo, la ponencia comenzará el próximo 14 de julio, tras la presentación de 67 enmiendas por parte de los grupos parlamentarios.

También continuarán a lo largo de este mes las ponencias de las leyes de Vivienda y de Infancia y Adolescencia. Además, los grupos de la izquierda han conseguido que se habilite julio para avanzar en su propuesta para modificar la ley de Prestaciones, que permitirá perdonar las deudas del salario social a cientos de asturianos, siempre y cuando esta se haya producido por culpa de la Administración.

Pendientes de septiembre. El verdadero reto para el Gobierno regional llegará tras el verano. La lista de leyes que abordarán entonces el grueso de la tramitación son Salud Pública, Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad, Bibliotecas, Participación Institucional, Protección Civil y Emergencias, Puertos, y Participación Ciudadana. Especialmente relevante será la posición de Covadonga Tomé, diputada del grupo mixto, que en su mano tiene el voto definitivo para balancear la mayoría hacia la izquierda.

De la tasa turística a los menores en los toros. Entre los textos que se debatirán en el último periodo de sesiones de la legislatura se encuentra la tasa turística. La iniciativa, que obligará a los visitantes a pagar por pernoctar en Asturias en Semana Santa y en verano, ha provocado numerosas críticas por parte del sector. y de la oposición. La Junta también votará la modificación de la ley de Espectáculos Públicos, planteada por Convocatoria por Asturias-IU y Covadonga Tomé, para impedir la entrada de menores a los toros. Esta proposición de ley estuvo estancada durante dos años y ambas formaciones se han propuesto ahora relanzarla. Aunque recientemente el diputado de Convocatoria, Xabel Vegas, acusaba a PP y Vox de "filibusterismo político" para impedir su tramitación parlamentaria.

A espera de su aprobación por el Ejecutivo. Aunque si arduo será el trabajo en la Junta, no menor será el que todavía tienen las Consejerías. Aún sin pasar por Consejo de Gobierno quedan proyectos fundamentales, para los cuales los plazos empiezan a ser ya demasiado juntos. Es el caso de las ley de Universidades o la LOITA, ambas iniciativas claves para IU. También quedarían pendientes los textos de Mecenazgo, Hacienda, Consejo Social de la Universidad de Oviedo, Diálogo Social y Cultura e Identidad, así como la reforma de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y de Erradicación de la Violencia de Género, y la modificación de la ley del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida).

Proyectos paralizados. Dos proyectos se encuentran, además, paralizados a la espera de la valoración de la Comisión Europea por su posible afectación al mercado interior: el de limitar la venta de bebidas energéticas y el de protección al consumidor. En estos casos, Europa puede tener hasta tres meses para contestar.

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