Asturias mantendrá su "no" a la financiación de Sánchez, pero acusa al PP de bloquear la negociación

El Gobierno del Principado (PSOE e IU) mantendrá su rechazo a la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica si el Ministerio de Hacienda no introduce cambios antes del próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), previsto para el 29 de julio. Así lo confirmó este miércoles el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, tras reunirse con los grupos parlamentarios de la Junta General —todos salvo Vox— para informarles del contenido de las conversaciones mantenidas con el Ejecutivo central.

El responsable autonómico aseguró que, si el planteamiento del Ministerio se mantiene en sus términos actuales —crear un fondo que mejore la financiación de Asturias, pero manteniendo un reparto que sigue beneficiando a las comunidades del Mediterráneo, pactado de inicio con Esquerra Republicana de Cataluña—, el Principado votará en contra.

"Hemos trasladado que, si se mantiene esta propuesta, votaremos 'no' en el Consejo de Política Fiscal y Financiera", afirmó Peláez, quien aseguró haber encontrado "el respaldo de las fuerzas políticas" a la posición defendida por el Principado.

En cualquier caso, el voto de Asturias no será determinante en el CPFF. El Gobierno central solo necesita el apoyo de una comunidad autónoma para sacar adelante su propuesta y cuenta con el respaldo de Cataluña. El verdadero obstáculo llegará después, en el Congreso de los Diputados, donde el nuevo modelo necesitará una mayoría parlamentaria de la que, por ahora, carece a día de hoy porque algunos de sus socios habituales han mostrado reticencias a apoyarla. Entre ellos, Junts.

Peláez insistió en que el Ejecutivo asturiano actúa en cumplimiento tanto del acuerdo aprobado por la Junta General como de la Declaración de Santiago, suscrita junto a otras siete comunidades (Galicia, Castilla y León, Cantabria, La Rioja, Castilla La Mancha, Aragón y Extremadura) para reclamar un modelo que tenga en cuenta el envejecimiento de la población, la dispersión territorial y el mayor coste de prestar los servicios públicos.

Críticas al PP por el bloqueo

Más allá del rechazo a la propuesta del Ministerio, el Consejero dirigió buena parte de sus críticas al Partido Popular, al que responsabilizó del escaso margen de negociación existente.

Según sostuvo, "el PP de Génova, la cúpula, ha dado una instrucción clara a las comunidades gobernadas por el PP para que no se sienten a negociar sin plantear una alternativa. Es el "no por el no"". En ese contexto, aseguró que el Gobierno central se ha sentido "huérfano" durante las conversaciones bilaterales al no encontrar una propuesta alternativa por parte de las autonomías gobernadas por el PP, especialmente de las firmantes de la Declaración de Santiago, de la que forma parte Asturias.

Peláez fue un paso más allá al afirmar que "ha habido una orden del PP desde Madrid" y que las comunidades gobernadas por ese partido "sufren presiones internas". Como ejemplo, citó el caso de la Región de Murcia. "Creo que el consejero era consciente de que estaban en juego muchos recursos y le quitaron las competencias", aseguró.

Reconoce avances, pero los considera insuficientes

Pese a mantener el voto en contra, el Consejero reconoció que el Ministerio ha incorporado algunas modificaciones atendiendo a las reivindicaciones planteadas por Asturias.

"Se ha reconocido lo que puso de manifiesto Asturias: que sería inaceptable que el sistema no nos llevase, al menos, a la media y por eso el Ministerio ha incorporado ese fondo. Es un esfuerzo importante, pero desde el Principado lo importante es definir correctamente esa media", señaló.

A su juicio, mientras el PP mantenga su negativa a negociar, "el margen es pequeño" para que el Ministerio siga introduciendo cambios, aunque reiteró que el Gobierno asturiano continuará defendiendo un reparto diferente.

"El Gobierno ha intentado cumplir con su responsabilidad, pero nosotros defendemos los intereses de Asturias y creemos que debe ser otro el reparto. Tendrá nuestro "no"", resumió.

Sin cifras definitivas

Peláez explicó que el Ministerio todavía no ha remitido a las comunidades el texto definitivo que se someterá al Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque aseguró que el compromiso del Ejecutivo central es enviarlo antes del próximo día 14.

Respecto al impacto económico de la propuesta, evitó ofrecer una cuantificación cerrada. "No tenemos las cifras concretas", señaló. Según los modelos elaborados por Fedea, el incremento de financiación para Asturias rondaría los 400 millones de euros anuales, aunque el consejero insistió en que "lo principal no es la cifra, sino la definición de esa media".

Críticas

"Es una pantomima porque no cuenta con el apoyo de la mayoría de las autonomías. Hablamos de un sistema hecho a la carta para Cataluña. A partir de ahí todo ha continuado, hasta tal punto de que el Ministerio está empeñado en presentar este modelo teniendo en contra a casi todas las autonomías", destacó Andrés Ruiz, que acusó al consejero Peláez de llevar al Gobierno a la "bipolaridad absoluta", al decir que rechaza ese modelo nuevo, pero que solo puede echarse atrás si el PP vota en contra en el Congreso. Según Ruiz, quienes van a votar lo defendido en la mesa de financiación son "los diputados del PP de Asturias".

 Xabel Vegas (IU) llamó a "mantener la presión para mejorar la financiación de Asturias" y reprochó al PP su "actitud inmovilista".

La diputada de izquierdas Covadonga Tomé sostuvo que la reforma "es necesaria y estamos ante una oportunidad desaprovechada, ya que el sistema no es bueno y la derecha no tiene ningún tipo de interés en hablar de esto". La diputada añadió que "esperamos que el Consejero cumpla con lo dicho en la mesa de financiación".

Adrián Pumares (Foro) señaló como único elemento positivo que el Gobierno de Barbón haya anunciado su voto en contra en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque advirtió de que ese rechazo no impedirá por sí solo que la reforma llegue al Congreso. Por ello, confía en que sea rechazada también en las Cortes.

Pumares denunció que el nuevo modelo beneficia especialmente a comunidades como Cataluña y Andalucía, mientras perjudica a las del Noroeste.

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