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La Eurocámara refuerza el arancel ambiental clave para la siderurgia

El Parlamento amplía el ámbito de aplicación y el control del mecanismo de ajuste en frontera

Un trabajador camina junto a varias bobinas de acero en una planta de Alemania. | E. P.

Un trabajador camina junto a varias bobinas de acero en una planta de Alemania. | E. P.

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Pablo Castaño

Pablo Castaño

Oviedo

La comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo ha respaldado cambios en el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés) para ampliar su ámbito de aplicación, reforzar los controles contra la elusión y adelantar a 2027 la puesta en marcha de un fondo temporal de descarbonización para la industria europea. El CBAM es clave para proteger a la siderurgia, que en Asturias mantiene 5.000 empleos directos, frente a las importaciones de acero de países con menores requisitos ambientales que la UE.

La posición, aprobada por 56 votos a favor, 11 en contra y 12 abstenciones, apoya ampliar el mecanismo a una larga lista de productos transformados derivados del acero y el aluminio, como tornillos, alambres, muelles o artículos de uso doméstico, siempre que su inclusión se base en metodologías "transparentes y cuantificables". Asimismo, introduce una excepción para los flujos de electricidad procedentes de terceros países utilizados por los operadores para garantizar la estabilidad de las redes eléctricas.

En materia de control, la comisión parlamentaria propone reforzar las normas para evitar prácticas destinadas a eludir el mecanismo. Así, aclara que las modificaciones menores de los productos también podrán considerarse una forma de evasión cuando tengan como único objetivo esquivar la aplicación del CBAM, aunque evita que esta definición afecte a decisiones empresariales legítimas orientadas a reducir costes.

En una votación separada, la comisión de Medio Ambiente ha respaldado su posición sobre el Fondo Temporal de Descarbonización por 59 votos a favor, 16 en contra y seis abstenciones, con la que reclama adelantar su entrada en funcionamiento a 2027, un año antes de lo planteado por Bruselas, además de ampliar las ayudas a los productores de fertilizantes y a las empresas que utilizan estos productos como materia prima.

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