El avilesino acusado de violar a su sobrina nieta, con un grado de discapacidad del 40%, aprovechaba permisos carcelarios para agredir a la menor

La Audiencia Provincial de Asturias dejó este miércoles visto para sentencia el juicio contra un hombre para el que la Fiscalía solicita 15 años de prisión al considerarlo autor de un delito continuado de agresión sexual a una menor de 16 años. El acusado, según mantiene el Ministerio Fiscal, se aprovechó de los permisos de fin de semana que disfrutaba tras acceder al tercer grado penitenciario para cometer los hechos en la vivienda de su sobrina, donde residía temporalmente cuando salía de la cárcel.

De acuerdo con el escrito de acusación, el procesado se alojaba en esa casa desde principios de 2024. Allí convivía durante los fines de semana con la familia de su sobrina, entre cuyos hijos se encontraba una adolescente de 15 años. La Fiscalía sostiene que el hombre fue estrechando la relación con la menor mediante muestras de afecto y regalos hasta ganarse su confianza.

Fue entonces cuando, según la versión del Ministerio Fiscal, comenzaron las agresiones. La acusación relata que el hombre esperaba a que el resto de la familia estuviera durmiendo para entrar en la habitación de la menor y que esos episodios no fueron aislados, sino que se repitieron en varias ocasiones coincidiendo con sucesivos permisos penitenciarios. La chica, añade la Fiscalía, intentó frenar las agresiones, pero el acusado presuntamente la amenazó con matarla a ella o a sus familiares si contaba lo sucedido. La investigación recoge además que la adolescente, que tiene reconocido un grado de discapacidad del 40%, quedó embarazada y, posteriormente, se sometió a una interrupción voluntaria del embarazo.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía reclama que el acusado no pueda acercarse ni comunicarse con la víctima durante 16 años, que permanezca ocho años bajo libertad vigilada tras cumplir la condena, que quede inhabilitado durante dos décadas para cualquier actividad profesional que conlleve contacto con menores y que indemnice a la menor con 15.000 euros además de los gastos derivados de la interrupción del embarazo.

La versión de la defensa

La acusación particular se sumó a la petición de la Fiscalía y reclamó igualmente una condena de 15 años de prisión. Enfrente, la defensa mantuvo una postura diametralmente opuesta. "La solución es o todo o nada", resumió el abogado Germán Inclán, que pidió la absolución de su cliente o, de manera subsidiaria, una reducción drástica de la pena.

El letrado sostuvo que el relato de la acusación presenta "importantes contradicciones". Una de las incidencias de la vista, según explicó, se produjo durante la declaración del padre de la menor, que compareció por videoconferencia. "Salió fuego por su boca. Empezó con amenazas de muerte antes incluso de que le hicieran una sola pregunta, solo con escuchar el nombre del acusado", aseguró Inclán, quien llegó a pedir al tribunal que se dedujera testimonio para poder querellarse por esas presuntas amenazas.

La defensa insistió en que existen numerosos vídeos, fotografías, mensajes y publicaciones en redes sociales que, a su juicio, son incompatibles con la versión de la denunciante. "Desde que se produce la denuncia continúan esos contactos amorosos entre ambos", afirmó. Según relató, tres semanas después de denunciar los hechos, la menor le envió un vídeo diciéndole "te quiero".

También cuestionó el abogado de la defensa la cronología de los hechos. Recordó que la interrupción voluntaria del embarazo se produjo varios días antes de que se presentara la denuncia y reprochó que durante el juicio "no dieron una respuesta concluyente" sobre ese retraso. Asimismo, destacó las contradicciones que, según afirmó, existieron entre las declaraciones de la madre y de la hija en relación con los regalos que el acusado hacía a la familia.

Eso sí, Inclán sostuvo que la condena solo sería posible si el tribunal "da plena credibilidad al relato de la menor". "Para condenarle el único dato objetivo es la edad que tenía ella en el momento de los hechos", aseveró el letrado. Y añadió: "Los argumentos en contra de mi cliente tienen el hándicap de que hay que dar por buena una versión completamente inverosímil".

Otro de los pilares de la defensa fue el contexto cultural de ambas familias, pertenecientes a la comunidad gitana. El abogado aseguró que existen resoluciones judiciales que han tenido en cuenta esas circunstancias para modular la respuesta penal en casos similares y defendió que ambos estaban "siguiendo la senda de su cultura". Además, sostuvo que el acusado creyó que la menor ya había cumplido los 16 años y alegó la existencia de un "error de derecho invencible" sobre la validez del consentimiento.

En ese sentido, recordó que su cliente tiene reconocida una discapacidad psíquica del 68% por un trastorno mental psicótico y que un informe pericial lo califica de analfabeto. A su juicio, "esas circunstancias deben ser valoradas" junto al contexto del caso.

Por último, Inclán aseguró que su cliente ha sido repudiado por la comunidad gitana de Avilés desde que trascendieron los hechos y que incluso renunció a solicitar la libertad provisional porque, según dijo, no podía regresar a la ciudad sin poner en riesgo su integridad. "Le tienen prohibida la entrada en Avilés o le matan", afirmó. Pese a defender con contundencia la absolución, reconoció que el desenlace es incierto: "Me planteo todos los escenarios; puede pasar cualquiera de los tres".

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