La defensa del avilesino juzgado por violación de su sobrina nieta afirma que “hay pruebas incompatibles con el relato de la denunciante”

Hay serias incongruencias entre las pruebas y la denuncia. El abogado Germán Inclán ha planteado esta estrategia en el juicio celebrado esta semana en la Audiencia Provincial de Asturias contra un hombre para el que la Fiscalía solicita 15 años de prisión por un presunto delito continuado de agresión sexual a una menor de 15 años. Mientras el procedimiento queda pendiente de sentencia, el letrado sostiene que la acusación descansa exclusivamente sobre la credibilidad del relato de la denunciante y defiende que existen numerosos elementos que, a su juicio, lo hacen "completamente inverosímil".

La tesis de la defensa choca frontalmente con la mantenida por la Fiscalía y la acusación particular. Si el Ministerio Fiscal sostiene que el acusado aprovechó los permisos penitenciarios de fin de semana para agredir sexualmente a una adolescente de 15 años y amenazarla para que guardara silencio, Inclán defiende que las pruebas documentales incorporadas a la causa apuntan en otra dirección.

"Hay vídeos, fotografías, mensajes de WhatsApp, y publicaciones en redes sociales con contenido claramente afectivo que continúan incluso después de que se presentara la denuncia", argumentó durante el juicio. Según explicó, la menor llegó a enviarle semanas después un vídeo diciéndole "te quiero", algo que, según la acusación, habría hecho porque seguía actuando bajo las amenazas del procesado.

Es precisamente ahí donde la defensa sitúa el núcleo de su argumentación. "La explicación que se ofrece es que él la obligaba a grabar esos vídeos, a enviar esos mensajes y a hacerse fotografías juntos bajo amenazas de muerte. Nosotros entendemos que esa versión es incompatible con la lógica y con una valoración racional de la prueba", sostiene el letrado, que insiste en que el tribunal solo podrá dictar una condena si concede "plena credibilidad" al relato de la denunciante.

Otra de las cuestiones sobre las que incidió la defensa fue la cronología de los hechos. Inclán recordó que la interrupción voluntaria del embarazo se produjo días antes de que se formalizara la denuncia y aseguró que durante la vista no obtuvo una explicación que considerase convincente sobre ese desfase temporal. También subrayó las contradicciones que, según su versión, existieron entre las declaraciones de la madre y de la hija respecto a los regalos que el acusado hacía a la familia.

El abogado sostiene además que su cliente creyó en todo momento que la joven ya había cumplido los 16 años, circunstancia que, a su juicio, debe valorarse junto con el contexto cultural de ambas familias, pertenecientes a la comunidad gitana. En ese sentido alegó un supuesto "error invencible" sobre la edad de la menor y recordó que el procesado tiene reconocido un 68% de discapacidad por un trastorno mental psicótico y que un informe pericial lo describe como analfabeto.

Sin embargo, la defensa fue más allá del propio fondo de la causa. Inclán quiso desmontar la idea de que su cliente hubiera renunciado a abandonar la prisión provisional y aseguró que, en realidad, llevaba más de dos años solicitando esa medida. Según explicó, la Audiencia llegó a concederle la libertad provisional bajo una fianza de 5.000 euros, pero el auto nunca pudo ejecutarse. ¿La razón? Según el letrado, el problema no era únicamente reunir el dinero de la fianza, sino encontrar un lugar donde el acusado pudiera residir sin poner en riesgo su integridad.

Inclán aseguró que, tras hacerse públicos los hechos, su cliente fue repudiado por parte de la comunidad gitana de Avilés y que las personas que inicialmente estaban dispuestas a acogerlo desistieron por miedo a sufrir represalias. "¿Dónde iba a dormir? Ese era el verdadero problema", resumió. El abogado sostuvo además que esa situación obligó incluso a trasladar al procesado entre distintos centros penitenciarios por motivos de seguridad. En la misma línea, explicó que durante la vista solicitó al tribunal que dedujera testimonio por las presuntas amenazas que, según afirma, profirió el padre de la menor durante su declaración por videoconferencia. "Empezó con amenazas de muerte antes incluso de que le hicieran una sola pregunta", aseguró.

Inclán aprovechó además para reivindicar la presunción de inocencia y advertir del riesgo de convertir el proceso en un “juicio paralelo” antes de que exista una resolución judicial. A su juicio, el procedimiento enfrenta “dos versiones completamente opuestas” y cualquier afirmación categórica sobre los hechos supone, dice, anticipar una conclusión que corresponde exclusivamente al tribunal. “El fiscal mantiene una versión y nosotros exactamente la contraria. Hasta que haya sentencia, ninguna puede darse por acreditada”, defendió.

El letrado también reivindicó que la defensa llega al juicio “con jurisprudencia, no con opiniones”. Según explicó, hay resoluciones en las que los tribunales han apreciado circunstancias culturales o personales para modular la respuesta penal en relaciones mantenidas dentro de la comunidad gitana. A ello suma la discapacidad psíquica del acusado, reconocida en un 68%, su condición de analfabeto y la convicción, según sostiene, de que la menor ya había cumplido los 16 años. “No pedimos un trato de favor; pedimos que se aplique la misma jurisprudencia que se ha aplicado en otros casos”, defendió.

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