IU redobla la presión sobre Roqueñí por el contrato de vigilancia de El Musel con una filial israelí: "Hace tiempo que debería haber abandonado el cargo"

Izquierda Unida de Asturias elevó este miércoles la presión sobre la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí, y reclamó la paralización inmediata del procedimiento para adjudicar el mantenimiento del sistema de vigilancia de El Musel a Magal Solutions SL, filial de una empresa vinculada al sector armamentístico israelí. La dirección autonómica de IU respaldó así la denuncia formulada por su agrupación y por el grupo municipal en Gijón, que consideran “ética y políticamente inaceptable” que una compañía de esas características pueda hacerse cargo de un servicio estratégico del puerto.

La ofensiva de IU se produce en un contexto de creciente tensión política en torno a Roqueñí, exconsejera socialista del Gobierno asturiano y actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón. IU, socio minoritario de ese Gobierno, mantiene así a Roqueñí en su punto de mira político, especialmente a raíz del dictamen de la comisión parlamentaria de investigación sobre la tragedia minera de Cerredo, en la que fallecieron cinco mineros.

Ese dictamen apunta a la responsabilidad política de los exconsejeros de los que dependía el servicio de Minas por la falta de control sobre la explotación ilegal de Degaña, entre ellos la propia Roqueñí. IU ha defendido desde entonces que se depuren responsabilidades políticas, incluida la destitución o dimisión de la exconsejera como presidenta de la Autoridad Portuaria.

IU reclama la rectificación inmediata

El secretario de Estrategia y Relaciones Políticas de IU Asturias, Alejandro Suárez, expresó el respaldo de la dirección autonómica a IU Gijón y pidió a Roqueñí que rectifique “inmediatamente” todo lo relacionado con el contrato de seguridad con una empresa israelí.

“No es razonable que con todo lo que está pasando con el pueblo de Gaza y con todo lo que nos tenemos que implicar política, ética y moralmente la respuesta sea una respuesta técnica, una respuesta de desentendimiento del problema humano y una respuesta muy en la línea de Nieves Roqueñí, que hace tiempo debería haber abandonado la vida pública, por decencia y por autoestima”, afirmó Suárez.

El dirigente autonómico sostuvo que la contratación de una empresa vinculada a la industria armamentística israelí no puede ampararse únicamente en criterios administrativos o técnicos, al entender que las administraciones públicas deben actuar con coherencia ante la situación humanitaria que atraviesa la población palestina.

El Puerto defiende la legalidad del procedimiento

La Autoridad Portuaria de Gijón, por su parte, sostiene que el expediente se tramita con “legalidad, transparencia y rigor técnico” y subraya que todavía no existe una adjudicación definitiva. El organismo portuario recuerda que las contrataciones deben ajustarse a la Ley de Contratos del Sector Público y que no puede excluirse de forma arbitraria a una empresa si cumple los requisitos establecidos en el pliego.

El Puerto ha indicado que el expediente se encuentra en fase de revisión y que se analizará la estructura societaria de la empresa, la posible existencia de prohibiciones para contratar, el origen de los equipos y servicios y su adecuación al marco normativo vigente. También ha advertido de que cualquier incumplimiento o incompatibilidad legal podría derivar en la exclusión de la oferta o en la no adjudicación del contrato.

La Autoridad Portuaria afirma compartir la sensibilidad social y humanitaria existente en torno al conflicto de Gaza, pero rechaza que la seguridad de El Musel se convierta en un elemento de confrontación política. IU, en cambio, insiste en que la decisión tiene una dimensión política y reclama que el organismo presidido por Roqueñí descarte la operación.

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