La gestión de la dependencia empeora en Asturias mientras mejora en España: la espera para recibir la ayuda se multiplica por seis

La reforma de la dependencia entró este jueves en su recta final. La Comisión de Derechos Sociales del Congreso aprobó el dictamen de la nueva ley, que se votará en el Pleno el próximo 14 de julio y que llega acompañada de un real decreto-ley con 6.200 millones de euros adicionales para el sistema hasta 2027. El Ministerio de Derechos Sociales confía en que el nuevo marco reduzca de forma drástica las listas de espera, agilice la gestión y garantice recursos estables al tiempo que recuerda que la lista de espera nacional ha bajado ya un 21 % en un año. En Asturias, sin embargo, la fotografía es la contraria: el sistema sigue encallado y, en el último mes, ha ido a peor.

Al menos eso es lo que se desprende de la estadística del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SISAAD), que el Imserso actualizó con datos a 30 de junio. El 11,63 % de los asturianos que han solicitado ser valorados —5.913 personas— llevan seis meses o más esperando la resolución de grado sin causa que lo justifique. Es la proporción más alta de España y casi multiplica por seis la media nacional, del 2,02 %. Las siguientes comunidades, Andalucía y Valencia, se quedan muy lejos, en el entorno del 3,5 %.

Ese atasco afecta a toda la cadena de la gestión de la dependencia. Así, un asturiano que solicita hoy el reconocimiento espera de media 305 días hasta que se resuelve su grado, frente a los 236 del conjunto del país, y 425 días desde la solicitud hasta que recibe efectivamente una prestación, lo que se traduce como el tercer peor dato de España, solo por detrás de Murcia y Andalucía.

Son cifras similares a las que la región, una de las más envejecidas de todo el territorio nacional, viene registrando todos los meses, pero entre las oleadas de mayo y junio ese tiempo total de tramitación ha crecido en Asturias en catorce días, de 411 a 425 días. No es mucho, pero en ese mismo tiempo la media nacional lo recortaba en seis, de 320 a 314 días. Justo cuando España empieza a agilizar la gestión de la dependencia, parece que el Principado se ralentiza y la brecha se ensancha.

La mirada global sobre las últimas cifras pinta un cuadro complicado para la región. Confirmando el dato del envejecimiento poblacional, Asturias concentra el 2,84 % de la población potencialmente dependiente de España pese a constituir apenas el 2,07% de sus habitantes. Es el mayor desajuste entre peso demográfico y peso de dependencia de todo el país. Pero sobre esa población potencial, la cobertura queda, además, por debajo de la media, el 18,2 % tiene ya un plan de atención aprobado, frente al 25,7 % nacional.

El modelo asturiano tiene, con todo, rasgos propios. El Principado destaca por el peso de la prevención y la promoción de la autonomía personal, que suponen el 13,06 % de sus prestaciones frente al 3,32 % de media nacional, y recurre algo menos al "cheque a la familia", la prestación económica por cuidados familiares. Esas ayudas, además, son de las más bajas de España: la cuantía media en gran dependencia ronda los 288 euros mensuales, lejos de los 383 nacionales. Y en la distribución por grados, el sistema se inclina hacia la dependencia moderada. El grado I concentra el 47,4 % de las prestaciones, frente al 36,9 % del conjunto del país.

Desde el sector reclaman que el aumento de financiación se traduzca en mejoras reales. La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales viene advirtiendo de que la dependencia sigue siendo "un derecho pendiente de garantizar plenamente" y de que, al ritmo actual, la plena atención tardaría décadas en llegar. La votación del 14 de julio dirá si la reforma llega a tiempo de desatascar comunidades como la asturiana.

Por otra parte, a pesar de los datos del último mes y teniendo en vista de las cuentas que se hace el Ministerio de Derechos Sociales, la previsión es que Asturias podría reducir un 30% sus listas de espera en Dependencia gracias a la nueva financiación estatal. Según aseguró el Ministerio la semana pasada, a finales de 2027 la cifra de usuarios pendientes de ayudas en el Principado "caerá en 2.167 personas", al tiempo que se incrementará "en 9.370" el número de usuarios que entrarán en el sistema. Según un comunicado público del Departamento que dirige Pablo Bustinduy, la "histórica ampliación" del volumen de recursos que aprobó la semana pasada el Gobierno de España permitirá al Gobierno asturiano reducir la cifra de usuarios que aguardan una prestación efectiva.

Aprobada en comisión la reforma de la ley sin el apoyo de PP y Vox

La Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de los Diputados aprobó ayer, sin el apoyo de PP y Vox, la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, que ahora se elevará a Pleno, donde está prevista su votación el 14 de julio. El informe definitivo sobre el Proyecto de Ley ha sido aprobado con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios restantes. Según ha explicado el diputado del PP Enrique Belda, en el debate previo a la votación, su voto en contra se debe a la ausencia de una memoria económica y de presupuestos, aunque no ha descartado su apoyo en el Pleno si esto se corrige. En las enmiendas transaccionales se ha incluido la figura de persona experta facilitadora procesal, y la garantía de que la financiación estatal de la dependencia sea del 50%, algo que, criticó el gobierno, el PP llevaba años reclamando.

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