Asturias blinda por decreto el control del lobo y retoma las extracciones tras el varapalo judicial

El Gobierno del Principado ha dado un nuevo paso para recuperar el control poblacional del lobo en Asturias. El Ejecutivo autonómico aprobó la primera modificación del II Plan de Gestión de la especie con un objetivo muy concreto: devolver cobertura jurídica a las extracciones después de que el Tribunal Supremo considerase derogada el pasado febrero la regulación que las amparaba.

El decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial del Principado, apenas modifica el Plan de Gestión aprobado en 2015, pero su alcance va mucho más allá de la extensión del texto. La reforma vuelve a incorporar el apartado que permite elaborar cada año un programa de actuaciones de control, precisamente lo que el Supremo entendió que había quedado sin efecto cuando el lobo pasó a formar parte del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

El propio preámbulo del decreto admite expresamente esa situación. Y recuerda que la Ley estatal 1/2025, aprobada en abril del pasado año, sacó de nuevo al lobo de ese régimen de protección territorios y permitió recuperar las competencias autonómicas de gestión. Sin embargo, ese cambio legal no bastó para evitar el choque judicial. El Gobierno asturiano aprobó en abril de 2025 un programa anual de controles, pero la sentencia 117/2026 del Tribunal Supremo concluyó que la norma que servía de cobertura había desaparecido con la entrada en vigor de la protección de 2021.

Aunque el alto tribunal anuló esa base jurídica, dejó abierta una puerta que ahora aprovecha el Principado: señaló expresamente que una regulación equivalente podía volver a aprobarse bajo el nuevo marco legal surgido tras la reforma de 2025. Y esa es precisamente la finalidad del nuevo decreto autonómico. En su argumentación se expone que la realidad social y económica ha cambiado por el crecimiento de la población de lobos, por el aumentos del número de manadas y por su expansión hacia nuevas zonas ganaderas, lo que requiere de intervención.

Pero el nuevo decreto reintroduce casi íntegramente la regulación sobre los programas anuales de control. Cada ejercicio deberán fijarse cupos de extracción para cada zona de gestión en función de cuatro variables: los datos poblacionales del lobo, la evolución de los daños al ganado, el grado de conflictividad social y la disponibilidad de presas silvestres.

El texto mantiene además el abanico de herramientas de control que tradicionalmente utilizaba Asturias. El sistema ordinario seguirá siendo la realización de aguardos y recechos por la guardería ambiental o personal especializado autorizado por la Administración. Como apoyo, podrán abatirse lobos durante cacerías legales de otras especies en las reservas regionales, sin contraprestación económica para los cazadores ni posibilidad de quedarse con los animales abatidos. En situaciones excepcionales podrán intervenir también las guarderías de los cotos regionales y, cuando los daños alcancen una gravedad extraordinaria y exista una justificación técnica, se permitirá igualmente la participación de cazadores en los controles. El decreto contempla asimismo batidas en determinadas circunstancias y la captura en vivo o retirada de camadas cuando resulte compatible con la conservación del resto de especies.

Ese programa deberá tener además un carácter "adaptativo", modificándose conforme evolucionen las poblaciones de lobo y los conflictos con la ganadería. El propio decreto insiste en que la prevención de esos conflictos constituye una herramienta para favorecer el estado de conservación de la especie, e incorpora una referencia específica al Parque Nacional de los Picos de Europa, con una gestión coordinada con Cantabria y Castilla y León.

La reforma del decreto abre un nuevo capítulo de confrontación en Asturias. Desde que el Ministerio para la Transición Ecológica incluyó el lobo en el LESPRE en septiembre de 2021, las organizaciones ganaderas denunciaron un incremento de los ataques al ganado y reclamaron recuperar los controles poblacionales. Frente a esa posición, los conservacionistas defendieron la protección estricta de la especie y recurrieron sucesivamente los programas de extracción.

Ahora el Ejecutivo de Adrián Barbón intenta cerrar ese frente jurídico. El decreto no fija cuántos lobos podrán extraerse, pero sí reconstruye el armazón legal para aprobar un nuevo programa con mayores garantías frente a futuras impugnaciones judiciales. Antes de que quedara sin cobertura lega se abatieron 42 lobos de los 53 previstos. Inicialmente el gobierno del Principado ha fijado para el 1 de septiembre el inicio del nuevo programa de extracción n

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