Los conservacionistas llevan el plan del lobo al TSJA: "Que una especie se encuentre en un buen estado de conservación no es motivo para rebajar su protección"

La decisión del Principado de incorporar en la modificación del II Plan de Gestión del Lobo un apartado que permite elaborar cada año un programa de actuaciones de control para poder retomar las extracciones no ha gustado a los ecologistas. La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) ha presentado este lunes un escrito para que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias intervenga en la legalidad de dicha modificación. "No puede olvidarse que el hecho de que una especie se encuentre en un buen estado de conservación no es motivo suficiente para rebajar su protección y permitir medidas de gestión para reducir su población", advierten desde la asociación.

En su recurso, ASCEL sostiene que "el fundamento de la anulación del acto administrativo recurrido reside en el incumplimiento de las condiciones legales establecidas para la extracción, esto es, la muerte, de ejemplares de esa especie". La organización cuestiona, especialmente, la falta de justificación por parte de la Administración autonómica a la hora de acreditar que las medidas preventivas resultan ineficaces antes de recurrir al sacrificio de animales.

Así, señalan que para comprobar si la Administración autonómica ha cumplido la obligación de motivar este "importante aspecto debemos partir de que se limita a mencionar dos medidas alternativas", lo que, a su juicio, "no cumple los mínimos requerimientos legales". Uno de los argumentos centrales del escrito es que la mayoría de las explotaciones afectadas por ataques de lobo no han adoptado medidas de prevención. "Si nos atenemos al acto recurrido, 40 de las 46 explotaciones ganaderas afectadas por los ataques del lobo no han adoptado ninguna medida para evitarlo", subraya la asociación, que critica además que "ha sido omitida la imprescindible valoración de otras soluciones diferentes al sacrificio del lobo para evitar los ataques en la mayoría de las ganaderías".

En este sentido, ASCEL considera insuficiente el análisis de alternativas realizado por el Principado. "Dentro de la multitud de precauciones para evitar el ataque de un animal silvestre, referirse tan solo a la imposibilidad de cercar los montes y a la posesión de perros por un pequeño número de ganaderos es un muy pobre estudio de soluciones alternativas", defienden. Recuerdan, además, que existe "una tradición cultural de defensa frente al lobo" y un catálogo oficial de medidas preventivas que, a su entender, no ha sido debidamente tenido en cuenta.

El recurso también rebate la idea de que no sea obligatorio valorar otras opciones antes de autorizar extracciones. "El letrado de la Comunidad de Cantabria alega que la valoración de otras soluciones alternativas a la extracción del lobo no es preceptiva. Sin embargo, esta interpretación de la norma no es aceptable", sostienen, al tiempo que insisten en que dicha exigencia viene respaldada por normativa europea y estatal.

Otro de los puntos es el alcance territorial del análisis sobre el estado de conservación de la especie. "Es razonable considerar que el estudio sobre el impacto no puede reducirse al grupo familiar o la manada", advierte ASCEL, que recuerda que la propia resolución reconoce movimientos de ejemplares entre comunidades autónomas. "Las medidas de gestión en una localidad pueden afectar negativamente a otras poblaciones", añaden.

En línea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la asociación defiende que "para valorar el estado de conservación de una especie, el enfoque exclusivamente local es insuficiente", y que las decisiones deben tener en cuenta una perspectiva "más amplia y coordinada". Por ello, rechazan que el aumento de ejemplares en determinadas zonas sea suficiente para justificar controles letales.

Asimismo, cuestionan la falta de concreción en las autorizaciones de extracción. "La medida no puede aplicarse de forma masiva o indiscriminada, sino de modo selectivo", recuerdan, criticando que la resolución "se limita a autorizar la muerte de cuatro ejemplares sin más detalle que los municipios donde se realizará la extracción", lo que, a su juicio, puede poner en riesgo la estabilidad de las manadas.

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