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La larga espera de la mina asturiana de Vega de Rengos, pendiente de si puede reabrir: Tyc Narcea presenta sus alegaciones y exige "coordinación" entre Principado y Ministerio para no caer en "contradicción"

La empresa sostiene que no existe sucesión de actividad ni continuidad económica respecto a la anterior compañía que recibió ayudas, y recuerda que adquirió los derechos mineros en 2020, antes de la entrada en vigor de la ley que obliga a devolver dinero concedido para el cierre

La mina de Vega de Rengos.

La mina de Vega de Rengos. / Demelsa Álvarez / LNE

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Pablo Tuñón

Pablo Tuñón

Tyc Narcea ha presentado ante el Instituto para la Transición Justa (ITJ), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, sus alegaciones para defender que no procede aplicar a la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, el artículo 29 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que impide la actividad en una explotación sin la devolución de ayudas concedidas al cierre de la minería. La resolución del organismo estatal resulta determinante para una explotación que continúa paralizada y cuya reapertura permanece condicionada al pronunciamiento sobre las ayudas al cierre recibidas por la anterior empresa que operaba en la zona. Fuentes de la empresa critican la "aparente contradicción" en las actuaciones de la autoridad minera autonómica y reclaman a las administraciones regional y estatal que trabajen de forma "coordinada" para resolver la situación.

Según ha podido saber este periódico, la compañía argumentó ante el ITJ que su proyecto se desarrolla sobre una unidad de producción “distinta e independiente” de la antigua explotación Coto-Sur de Carbonar, "clausurada, inundada e inaccesible". La empresa considera que estas circunstancias impiden apreciar una continuidad operativa entre ambas actividades.

Fuentes de TYC Narcea señalaron que "la coincidencia parcial dentro del mismo perímetro concesional no supone que se trate de una única unidad productiva". La empresa sostiene que "la normativa minera permite la coexistencia de diferentes unidades de producción dentro de una misma concesión" y asegura que "existen precedentes de esta situación en otras explotaciones asturianas".

La compañía también expuso que las resoluciones vinculadas a las ayudas para el cierre de Coto-Sur que operaba Carbonar "excluyeron determinados edificios e instalaciones exteriores y contemplaron que pudieran ser reutilizados para otros usos o por unidades productivas diferentes".

Sin continuidad económica

Otro de los argumentos trasladados al ITJ es que "no existió continuidad económica, transmisión de activos productivos esenciales que estuvieran en funcionamiento ni una ventaja competitiva que permita apreciar una sucesión de actividad".

Desde Tyc Narcea han recordado asimismo que "los derechos y activos mineros fueron adquiridos en 2020 dentro del procedimiento concursal de Carbonar, con autorización judicial y antes de la entrada en vigor del artículo 29 de la Ley 7/2021". La operación, según fuentes de la empresa consultadas por LA NUEVA ESPAÑA, se formalizó "en los términos establecidos por el órgano judicial y sin que se produjera una sucesión empresarial, una circunstancia que la compañía afirma haber acreditado en el expediente".

La empresa considera también relevante que tanto la autorización inicial del Proyecto de Investigación Complementaria (PIC), en base al que explotaban la mina, como sus sucesivas prórrogas, incluida la actualmente vigente, "partieran de la inaplicabilidad de ese artículo al proyecto". Por ello, cuestiona que la autoridad minera de Asturias haya solicitado ahora un pronunciamiento al ITJ después de varios años de tramitación bajo ese criterio administrativo.

“Resulta jurídicamente relevante que, tras años de tramitación bajo ese criterio consolidado, la autoridad minera haya solicitado ahora un pronunciamiento al ITJ”, indicaron fuentes de TYC Narcea, que consideran que esta decisión entra en “aparente contradicción” con las resoluciones administrativas anteriores.

El proyecto de explotación

Paralelamente, Tyc Narcea ya ha comunicado al Principado la entrega de la última documentación solicitada para completar la tramitación de su Proyecto de Explotación para reabrir la mina, presentado el 29 de abril de 2025. El requerimiento consistía en incorporar un desglose más detallado del presupuesto económico.

Con esta entrega, la compañía entiende que cumplió "íntegramente" las exigencias técnicas y administrativas relacionadas con el proyecto. No obstante, fuentes de la empresa lamentan que "esta última petición se formulara después de más de un año de tramitación", pese a referirse, según su interpretación, a una cuestión estrictamente documental que podría haberse requerido con anterioridad.

Desde Tyc Narcea recalcan que han atendido de forma “diligente y rigurosa” todos los requerimientos planteados por la autoridad minera desde la autorización inicial del proyecto de investigación. También solicitan a las administraciones implicadas que "impulsen de forma coordinada la tramitación pendiente y valoren conjuntamente toda la documentación presentada".

El Servicio de Minas del Principado anunció a comienzos de julio que el Proyecto de Explotación saldría a información pública durante este mes, una vez incorporadas las últimas aclaraciones solicitadas a la compañía y a expensas de lo que resuelva el ITJ sobre la devolución de ayudas.

El director general de Energía y Minería, Javier Cueli, explicó entonces que la posible reapertura continúa supeditada a que el ITJ determine si Tyc Narcea debe asumir la devolución de las ayudas concedidas para el cierre de la explotación gestionada anteriormente por Carbonar. Los trabajadores manejan el 18 de septiembre como fecha límite para que el organismo estatal se pronuncie.

La mina permanece sin actividad desde el 21 de noviembre de 2025, cuando un accidente laboral causó la muerte de dos trabajadores. La paralización obligó posteriormente a la empresa a despedir a 56 empleados mediante un expediente de regulación de empleo que entró en vigor el 30 de junio. Otros doce trabajadores continúan vinculados para realizar labores de mantenimiento autorizadas por el Principado.

Los ayuntamientos de comarcas mineras, así como los mineros afectados y la propia empresa han reclamado celeridad a las administraciones para dar luz verde a la reapertura de una explotación de la que dependen unos 70 empleados más los trabajos indirectos que genera en la comarca suroccidental.

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