Los economistas respaldan el portazo de Asturias a Sánchez con la financiación: "Sin grandes consensos, el sistema no se podrá renovar"

Asturias tiene respaldo entre algunos de los principales especialistas en financiación autonómica a una de las principales tesis que defendió en Madrid para rechazar el nuevo modelo del Gobierno de Pedro Sánchez: que las compensaciones a comunidades perjudicadas deben integrarse en el propio modelo, sin recurrir a fondos adicionales.

Así lo sostienen Ángel de la Fuente, economista asturiano y director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea); Santiago Álvarez, profesor titular de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo; y Carlos Monasterio, catedrático de Hacienda Pública, consultados por LA NUEVA ESPAÑA.

El Principado fue una de las catorce comunidades autónomas de régimen común que rechazaron en la reunión técnica celebrada en Madrid la propuesta del Ministerio de Hacienda, pactada previamente con Esquerra Republicana (ERC) y que solo obtuvo el respaldo de Cataluña, y dejó claro que no apoyará el nuevo modelo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), previsto para el próximo 29 de julio.

Para los tres expertos, más allá del contenido concreto de la propuesta, el principal problema es que una reforma de un sistema que lleva más de una década pendiente de renovación no puede salir adelante sin un amplio acuerdo entre el Gobierno, las comunidades autónomas y los dos grandes partidos nacionales, el PP y el PSOE, que atesoran la práctica totalidad el poder territorial en España.

"Intentar sacar adelante una reforma de este calado con catorce comunidades autónomas en contra es un disparate. Hace falta un mínimo consenso territorial y entre los principales partidos", sostiene Ángel de la Fuente. El economista gijonés considera que, incluso si el Gobierno lograra sacar adelante la propuesta, el nuevo sistema nacería sin estabilidad. "Se montaría una tremenda", advierte.

Santiago Álvarez coincide en que el modelo solo será duradero si se construye sobre un acuerdo amplio. "Las comunidades, incluso cuando están gobernadas por el mismo partido, tienen intereses diferentes. Es lógico que Asturias defienda el envejecimiento de la población, Andalucía el tamaño o Castilla y León la dispersión. Hay que buscar un equilibrio razonable", explica. A su juicio, la negociación debería implicar a los principales partidos, responsables del Gobierno en la práctica totalidad de las comunidades de régimen común.

Carlos Monasterio recuerda, además, que las grandes reformas del sistema de financiación se aprobaron cuando existía entendimiento entre PSOE y PP. "Durante muchos años se ampliaban las competencias y ambos partidos pactaban un nuevo sistema. Hoy el principal problema ya no es técnico, sino el clima de enfrentamiento político", afirma.

Los fondos, otro punto de coincidencia

Una objeción planteada por Asturias en la reunión de Madrid también encuentra respaldo entre los expertos. El Principado criticó que el fondo complementario planteado por Hacienda para corregir desequilibrios entre comunidades quede al margen del propio sistema de financiación, una fórmula que consideran inadecuada.

Ángel de la Fuente comparte ese planteamiento. A su juicio, si existen comunidades que necesitan una compensación para no quedar por debajo de la media, esa corrección "debería estar dentro del sistema" y no articularse mediante fondos específicos. Hacienda prometió una compensación a Asturias, pero ni siquiera la cuantificó.

En la misma línea, Santiago Álvarez defiende simplificar el modelo y evitar la proliferación de mecanismos adicionales. "Ofrecer un 'fondín' es la forma de mercadear y hacer mal la negociación", resume. En su opinión, si son necesarias compensaciones, deben establecerse mediante mecanismos claros, transparentes e integrados en el sistema.

Monasterio también apuesta por reducir al mínimo este tipo de instrumentos. Considera que el reparto debería descansar, fundamentalmente, sobre el criterio del habitante ajustado, que trata de reflejar las necesidades reales de gasto de cada comunidad autónoma. "Si aplicáramos correctamente esa fórmula, tendríamos un sistema bastante sensato", sostiene.

Un debate que trasciende la propuesta del Gobierno

Aunque los tres especialistas introducen matices diferentes, todos coinciden en que el actual sistema necesita una actualización tras más de una década sin reformarse. Sin embargo, creen que el verdadero obstáculo no es técnico, sino político.

De la Fuente considera que la propuesta del Ministerio incorpora algunos "elementos aprovechables", como la simplificación de determinados fondos, aunque lamenta la falta de voluntad negociadora. Monasterio cree que el sistema actual puede funcionar correctamente si se aplican criterios objetivos y se reduce el peso de las concesiones políticas.

Y Álvarez defiende que cualquier reforma debe preservar los mecanismos de solidaridad entre comunidades y rechaza planteamientos "maximalistas", como extender el modelo foral del que disfrutan País Vasco y Navarra a otras autonomías.

Con el CPFF del próximo 29 de julio cada vez más cerca, los tres expertos coinciden en un diagnóstico: sin un acuerdo amplio entre comunidades autónomas y entre los dos grandes partidos, cualquier intento de reformar la financiación autonómica tendrá difícil recorrido, independientemente de la mayoría que pueda reunir el Gobierno para aprobarla.

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