El Principado usa el asturiano, por vez primera y sin aviso previo, en un examen de oposición

El Principado ha empleado, por vez primera en la historia, la lengua asturiana en un examen de una oposición para cubrir una plaza de filólogo. Y lo ha hecho sin avisar previamente de ello a los opositores y sin que el asturiano tenga estatus de lengua cooficial. Esta circunstancia, absolutamente novedosa, ha generado una considerable sorpresa no sólo entre los candidatos, sino también en algunos ámbitos de la Administración regional.

El examen tuvo lugar este pasado martes. Ese mismo día se publicó la plantilla provisional de respuestas correctas. Se trata del primer ejercicio de un proceso selectivo para cubrir, según indica textualmente la convocatoria, “una plaza de la categoría de Titulado/a Superior (Filólogo/a), Grupo A, en turno de acceso libre, en régimen de personal laboral fijo” y mediante el sistema de concurso-oposición. No se especifica más.

La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) el 19 de agosto de 2025. En la lista provisional de admitidos figuraban 24 personas, con amplia mayoría femenina. En la definitiva, las mismas 24. En la práctica, no se presentaron todas.

El tribunal es "soberano", ¿pero tanto?

En círculos del Principado se repetía ayer la pregunta de quién ha adoptado una decisión tan novedosa y potencialmente controvertida como usar el asturiano para un examen que da acceso a una plaza de empleado público. El proceso selectivo lo realiza el Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, que a su vez depende de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, al frente de la cual está la vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo. No obstante, en un proceso selectivo “los miembros del tribunal son soberanos a la hora de poner el examen, pero quizá no tanto”, explicó a este periódico un buen conocedor de los entresijos de la Administración.

Esta misma fuente precisa que, a su entender, una determinación de este calibre (el idioma de un examen) “invita a pensar que tienen algún apoyo de arriba”. A la vista del panorama general, señala el mismo funcionario veterano, lo previsible es que “haya recursos” y se barrunta como muy probable que la prueba “pueda ser anulada” en el caso de llegar a los tribunales.

Los opositores disponen de tres días para presentar alegaciones o reclamaciones al tribunal sobre el contenido de la primera prueba. El tribunal no responderá de manera individual, sino de facto con la plantilla definitiva de respuestas y las calificaciones. Será entonces cuando los candidatos puedan interponer recursos.

La carátula, en castellano

El primer ejercicio constó de 90 preguntas de tipo test (de ellas, 10 de reserva). El documento entregado a los opositores tenía una primera página, una carátula, con las explicaciones, esta vez sí, en castellano. Y a continuación 17 páginas que contenían las 90 preguntas en asturiano. Un cuadernillo bilingüe.

En el cuestionario hay una primera parte de cuestiones de temática legal. Y, a continuación, un gran número de preguntas sobre política lingüística y acerca de la lengua asturiana, sus autores, su estatus jurídico, las instituciones que forman parte de su ecosistema…

El temario anunciado en las bases de la convocatoria no engañaba: ya hacía presagiar este tipo de preguntas. Así y todo, algunas de ellas apuntan a cuestiones solo al alcance de profundos seguidores de la actualidad cotidiana del asturiano. Por ejemplo: “¿Qué dos categoríes teníen los ‘Premios Andrés Solar’ de la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana pa reconocer o sancionar, en so casu, el llabor pol asturianu?”. Las posibles respuestas son: “a) El Pegollu y El Madreñazu; b) La Ponte y El Pilancu; c) El Fuelle y La Torga; d) El Biltu y L’Hachazu”.

Se da la circunstancia de que, en la pregunta 53 (“¿Quién ye l’autor de les principales encuestes sociollingüístiques de toa Asturias?”), el cuarto supuesto es “Ramón d’Andrés”, precisamente uno de los integrantes del tribunal, quien entre 2003 y 2007 ejerció el cargo de Jefe de la Oficina de Política Lingüística del Principado y que en la actualidad es miembro de la Junta Asesora de Toponimia del Principado de Asturias.

Tribunal y requisitos

El tribunal calificador tiene como presidenta a Juncal Mónica García Velasco, perteneciente al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secunda­ria, especialidad Lengua Castellana y Literatura. Y como vocales al ya mencionado Ramón de Andrés Díaz, profesor titular de la Universidad de Oviedo adscrito al Departamento de Filología Española; y a Marta López Fernández y a Liliana Díaz Gómez, ambas pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad Lengua Castellana y Literatura. El secretario es José Ángel Díaz Fernández, funcionario de carrera perteneciente al Cuerpo Superior de Administración del Principado de Asturias.

Entre los requisitos para concurrir a la plaza se especificaba “estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Licenciado o Grado en Filología”. Y se planteaba una convocatoria con el perfil de aperturismo propio de estos procesos selectivos, a los que pueden presentarse, incluso, “cualquiera que sea su nacionalidad, los cónyuges de los españoles y de los na­cionales de otros estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho”. Y “en las mismas condiciones”, también “sus descendientes y los de sus cónyuges, siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes”.

El segundo examen se realizará, previsiblemente, el próximo 13 de octubre. Consistirá en la resolución por escrito de uno o varios supuestos prácticos, relacionados con las materias de la parte espe­cífica del programa y que versarán, según las bases de la convocatoria, “sobre las funciones propias de un Titulado/a Superior (Filólogo/a)”.

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