El Principado presiona a Corteva para que venda la fábrica de Tamón

El Gobierno regional no quiere que la actividad de la planta de fitosanitarios del valle de Tamón (Carreño) muera definitivamente y presiona a la multinacional Corteva para que traspase la fábrica a otro operador.

La compañía estadounidense considera "inviable" mantener en Tamón la producción de picoxystrobin, un principio activo que se utiliza para fabricar fungicidas, y acaba de acordar un ERE con la plantilla (con 28 prejubilaciones, 19 recolocaciones y 21 despidos) para cerrar las instalaciones de la antigua planta de fitosanitarios de DuPont.

El Gobierno regional no quiere que se pierda actividad industrial en el complejo de Tamón y, antes de que se produjera el acuerdo entre empresa y trabajadores, ya se produjeron reuniones entre miembros del Ejecutivo y la compañía de cara a buscar una alternativa al desmantelamiento. "Es una planta de síntesis química que queremos que retome su actividad, sería de interés para todos", señaló Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Industria y Empleo, que destacó que la fábrica cuenta con "permisos ambientales para utilizar cloro o fosgeno, que en la actualidad son prácticamente imposibles de conseguir en la Unión Europea". Es un factor que considera relevante de cara a captar posibles compradores. "Lo ideal es que la fábrica se venda y que haya otra empresa que la opere. En ese sentido vamos a trabajar durante las próximas semanas", aseguró ayer Borja Sánchez.

Fuentes de Corteva señalaron que no cierran la puerta a un traspaso de las instalaciones y que es una opción que se valorará. Hasta ahora, señalaron, estuvieron centrados en llegar a un acuerdo con la plantilla sobre el ERE.

Ese acuerdo se alcanzó en la noche del pasado miércoles y fue respaldado el jueves por la asamblea de trabajadores con un apoyo del 91% de la plantilla. En ese acuerdo se contempla la posibilidad de que la fábrica de Tamón pueda retomar la actividad. Así, a los trabajadores que serán despedidos (con indemnizaciones de 65 días por año trabajado con un máximos de 33 mensualidades) se les da la garantía de que tendrán "preferencia en oportunidades derivadas de la reindustrialización". Las extinciones de los contratos no se iniciarán hasta el próximo 1 de diciembre y el calendario de implementación se prolongará hasta el 3o de septiembre de 2027.

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