El otro drama de las viviendas del "banco malo" en Asturias: desahucios a inquilinos mientras mantiene cientos de casas vacías y los alcaldes reclaman una solución

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), conocida como el "banco malo", entidad pública que gestiona buena parte de los inmuebles procedentes de la crisis financiera e inmobiliaria, se enfrenta en Asturias a un complejo embrollo que ha desembocado en un intenso choque entre el Principado y el Gobierno central por las centenares de viviendas vacías que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se niega a ceder a la comunidad autónoma, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Los alcaldes de concejos afectados, mientras tanto, piden liberar esos pisos para facilitar el acceso a la vivienda en sus municipios.

Pero ese no es el único frente abierto. La Sareb también ha impulsado en los últimos meses procedimientos de desahucio contra varios inquilinos de viviendas en Asturias que pasaron de manos privadas a ser propiedad del Estado tras la ejecución de promociones inmobiliarias.

El Principado, según fuentes autonómicas, intercedió ante la Sareb para frenar esos desahucios. Tanto esta problemática como la de las viviendas vacías siguen pendientes de solución. En las próximas semanas está prevista una reunión entre altos cargos del banco malo y de la Consejería de Ordenación del Territorio.

"Vamos a llegar a un acuerdo y sacar esas viviendas vacías al mercado cuanto antes", aseguró este lunes Guillermo Peláez, consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno asturiano. El pulso que se libra en los despachos enfrenta a la Consejería de Ordenación del Territorio, dirigida por IU, y al Ministerio de Vivienda, encabezado por la socialista Isabel Rodríguez.

El origen del conflicto radica en que el Estado no cede al Principado las propiedades de la Sareb —al menos 378 viviendas y 110 hectáreas de suelo— para que sea la comunidad autónoma quien las gestione y las destine al alquiler asequible.

El Ministerio de Vivienda responsabiliza de la situación al propio Gobierno asturiano, al asegurar que fue el Principado quien rechazó firmar un convenio que el Ejecutivo regional considera una "aberración", ya que lo convertiría en un "mero casero", sin capacidad para decidir la política de vivienda y obligándole a pagar un canon al Estado por cada vivienda vacía.

En el centro de este conflicto está la propia Sareb. Por un lado, esta entidad acumula cientos de inmuebles vacíos que siguen sin incorporarse al mercado del alquiler. Por otro, mantiene viviendas pendientes de regularizar tras haberlas adquirido mediante ejecuciones judiciales. "Ni la propia Sareb sabe lo que tiene en Asturias", aseguran fuentes de la Administración autonómica.

Muros de Nalón, el ejemplo del conflicto

En Muros de Nalón esta realidad se vive de forma especialmente gráfica. La Sareb es propietaria de un conjunto residencial en La Pumariega, barrio que está entre San Esteban y Muros. Se trata de una promoción de alrededor de una veintenta de viviendas, de las que una amplia mayoría permanecen vacías al no haberse desbloqueado todavía el acuerdo entre el banco malo y el Principado.

"Necesitamos vivienda para asentar población y no podemos permitirnos tener inmuebles vacíos que podrían estar ocupando familias. Es urgente que el Estado ceda esas viviendas al Principado para destinarlas al alquiler asequible", sostiene Celestino Novo, alcalde de Muros de Nalón (PSOE). Algunas de esas viviendas, además, se encuentran ocupadas de forma irregular.

Pero la Sareb mantiene otro frente abierto en el concejo. La entidad es propietaria de 23 viviendas que pertenecen a una segunda urbanización, con piscina y pista de tenis, que pasaron a su patrimonio tras permanecer durante años en manos privadas.

Varios de sus inquilinos —el Principado no concreta la cifra exacta porque la desconoce— están inmersos en procedimientos de desahucio después de recibir las correspondientes notificaciones judiciales.

La explicación, según fuentes autonómicas, es que los vecinos continuaron pagando durante años el alquiler al antiguo propietario, que nunca les comunicó que la urbanización había pasado a ser propiedad de la Sareb, siempre según estas fuentes. Ahora el "banco malo" reclama esas viviendas y los inquilinos, con el apoyo del Principado, tratan de acreditar ante los tribunales que abonaron puntualmente las rentas para poder seguir residiendo en ellas.

El Alcalde asegura que permanece en contacto con varios de esos vecinos. La intervención conjunta del Ayuntamiento y del Principado permitió paralizar varios desalojos, cuya resolución también queda pendiente de la reunión prevista entre la Sareb y el Gobierno asturiano.

"La gente que vive en esas casas no tiene ninguna culpa de lo que ha ocurrido. Nunca generó ningún problema y pagó la renta en tiempo y forma. Es urgente aclarar esta situación con la Sareb", afirma Celestino Novo.

Por el momento, el ala socialista del Ejecutivo autonómico insiste en que la voluntad es alcanzar un acuerdo con el Gobierno central para poner a disposición del parque público de vivienda los activos que permanecen sin uso.

"La política de vivienda es una prioridad para el Gobierno de Asturias. Los datos están ahí. Apelamos a que ambas administraciones lleguen a un acuerdo. El Gobierno de España también considera prioritaria esta materia y debemos poner estas viviendas a disposición de los ciudadanos. No se entendería que acabáramos enfrentados por este asunto", subrayó Guillermo Peláez.

Otros alcaldes asturianos con viviendas de la Sareb en sus municipios también reclaman una solución. "No tiene sentido que el Estado mantenga esas viviendas cerradas con la necesidad de casas que existe en el país, en Asturias y en nuestros concejos. Es un error tener pisos vacíos sin uso cuando el Gobierno del Principado podría gestionarlos perfectamente", aseguró Manuel Ángel Álvarez, alcalde de Mieres.

Suscríbete para seguir leyendo