El Gobierno incluye a Asturias como zona afectada por una emergencia por los incendios recientes
La medida permitirá a particulares, empresas y ayuntamientos acceder a ayudas económicas y beneficios fiscales para paliar los daños
Los bomberos del SEPA y de la Brif de Tineo en el incendio de Antoñana en Belmonte de Miranda. / ATBrif
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El Gobierno declara zona afectada por una emergencia de protección civil los incendios de varios concejos asturianos y activa ayudas para los damnificados
El Consejo de Ministros aprobó este martes la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para los incendios forestales registrados en varios concejos de Asturias durante lo que va de año, una medida que permitirá a los afectados acceder a ayudas económicas y facilitará la reparación de los daños ocasionados.
En concreto, el acuerdo incluye los incendios forestales comunicados al Centro Nacional de Emergencias (CENEM) el 6 de abril, que afectaron a doce concejos. Asimismo, también incorpora el incendio forestal de Grado, comunicado el 13 de junio, y el accidente con transporte de mercancías peligrosas registrado en la A-8, a la altura de Colunga, el 15 de junio. Todos ellos figuran expresamente en el listado de las 211 emergencias aprobadas por el Ejecutivo.
La declaración forma parte de un acuerdo que reconoce como zonas afectadas por una emergencia de protección civil 211 episodios catastróficos ocurridos entre el 31 de marzo y el 27 de julio en catorce comunidades autónomas, la mayoría de ellos incendios forestales. Entre los incluidos figuran también los grandes incendios de Madrid, Ávila y Toledo, además del declarado recientemente en Vall d'Uixó (Castellón).
¿Qué implica la declaración?
La declaración permite que particulares, empresas y administraciones locales puedan acceder a distintas líneas de ayuda previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.
Entre ellas se incluyen indemnizaciones por daños personales, ayudas para reparar viviendas, enseres y establecimientos industriales, comerciales y de servicios, así como compensaciones por los gastos asumidos por los ayuntamientos durante la emergencia y subvenciones a quienes realizaron prestaciones personales o aportaron bienes para hacer frente a la situación.
Además, el acuerdo contempla la posibilidad de aprobar exenciones de tasas para la expedición del DNI, duplicados de permisos de conducir y de circulación o la baja de vehículos siniestrados.
La declaración abre también la puerta a que otros ministerios adopten medidas adicionales, como beneficios fiscales —entre ellos exenciones en el IBI y reducciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas—, bonificaciones laborales y de Seguridad Social, ayudas de hasta el 50% para que los ayuntamientos reparen infraestructuras municipales, así como la tramitación de emergencia de las obras necesarias para restaurar carreteras, instalaciones y otros bienes públicos dañados
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