El "banco malo" habla sobre la polémica por sus casas vacías en Asturias: garantiza que destinará 380 viviendas al mercado asequible

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el denominado "banco malo", "lamenta" la situación que atraviesan las familias afectadas por alquileres irregulares en viviendas que acabaron formando parte de su patrimonio tras procedimientos judiciales y asegura que trata de ofrecer soluciones "en el marco jurídico" que rige su actividad. La entidad responde así a la polémica abierta en Asturias por los procedimientos de desahucio iniciados contra varios inquilinos y por el enfrentamiento entre el Principado y el Gobierno central sobre el destino de centenares de viviendas vacías que el Estado niega al Ejecutivo autonómico, como publicó LA NUEVA ESPAÑA. El "banco malo" garantiza además que, antes de su disolución, prevé poner a disposición del alquiler asequible o social 380 viviendas en Asturias, pero lo haría, en principio, a través de la sociedad estatal CASA 47 y no del Ejecutivo regional.

"La compañía lamenta las situaciones que viven las personas afectadas por esos alquileres que no se consideran título válido por los juzgados, pero solo puede ofrecer soluciones a esas familias en el marco jurídico en el que se enmarca su mandato", señala la Sareb en una respuesta remitida a LA NUEVA ESPAÑA. La sociedad, creada en medio de la crisis para asumir propiedades de la banca y de propiedad estatal en la actualidad, explica que muchas de esas viviendas llegaron a su patrimonio tras procesos judiciales iniciados contra antiguos promotores y que, en algunos casos, continuaban siendo alquiladas de forma irregular por los anteriores propietarios sin que los ocupantes conocieran el cambio de titularidad.

Según la entidad, son los jueces quienes determinan si esos contratos generan o no derecho a permanecer en la vivienda. En los casos en los que existe una situación de vulnerabilidad, Sareb asegura que ofrece alquileres sociales, mientras que en el resto estudia soluciones individualizadas en función de cada circunstancia.

El asunto cobró especial relevancia en Asturias después de que el Principado mediara ante la compañía para intentar paralizar varios procedimientos de desahucio en viviendas situadas en Muros de Nalón. El Gobierno asturiano sostiene que algunos vecinos continuaron abonando durante años el alquiler al antiguo propietario sin haber sido informados de que las promociones habían pasado a manos de la Sareb. La resolución de estos casos sigue pendiente de una reunión entre responsables de la sociedad pública y de la Consejería de Ordenación del Territorio (IU).

El baile de las cifras

La compañía asegura que en este momento mantiene 290 viviendas en Asturias. De ellas, cerca de un centenar forman parte ya de su parque de alquiler social y cuentan con contratos aprobados; alrededor de una veintena mantienen alquileres asequibles heredados de los anteriores propietarios y más de cincuenta permanecen pendientes de recuperación de la posesión por la vía amistosa o judicial, siempre según sus cifras.

El resto corresponde a viviendas que serán transferidas a la empresa pública Casa 47 o que, al no cumplir los requisitos fijados por el Estado para ese traspaso, terminarán vendiéndose una vez finalicen los trabajos de adecuación o los trámites necesarios para hacerlas habitables.

La Sareb explica que muchas de esas viviendas todavía no forman parte efectiva de su patrimonio porque proceden de préstamos problemáticos concedidos durante el boom inmobiliario y siguen inmersas en procedimientos judiciales. En esos casos, la sociedad mantiene la deuda garantizada con el inmueble, pero todavía no dispone de las llaves ni ha adquirido plenamente la propiedad.

Por ese motivo, sostiene que el volumen de viviendas va cambiando constantemente conforme concluyen los procedimientos judiciales. A nivel nacional, la Sareb asegura que incorpora alrededor de 10.000 viviendas cada año y que la mayoría permanece menos de doce meses en balance antes de ser vendida o puesta a disposición de las administraciones públicas.

Traspaso a Casa 47

La entidad confirma además que, antes de su liquidación, prevé transferir "cerca de 380 viviendas" en Asturias a la empresa pública Casa 47, entre ellas algunas ya entregadas, a las que se suman otras que el "banco malo" tiene pendiente recepcionar. Los inmuebles destinados al alquiler asequible se localizarán en Aller, Avilés, Carreño, Castrillón, Gijón, Langreo, Mieres, Oviedo, Piloña, Ribera de Arriba y Siero.

Además de las viviendas, la Sareb señala que parte de los suelos de los que es titular también serán incorporados a Casa 47 para promover nuevas promociones residenciales. La compañía recuerda igualmente que ha impulsado distintos desarrollos urbanísticos en Asturias y que, a través de su promotora Árqura Homes, ha construido y comercializado viviendas en Avilés, Oviedo y Gijón.

El conflicto con el Principado

La respuesta de la Sareb llega días después de que LA NUEVA ESPAÑA revelara el enfrentamiento abierto entre el Principado y el Ministerio de Vivienda por la negativa del Gobierno central a ceder la gestión de viviendas y suelos públicos a la comunidad autónoma para destinarlos al alquiler asequible.

La Consejería de Ordenación del Territorio sostiene que el Estado dispone de al menos 378 viviendas y 110 hectáreas de suelo vinculadas a la Sareb que podrían incorporarse al parque público, pero rechaza el convenio planteado por el Ministerio al considerar que convertiría al Principado en un mero gestor de inmuebles estatales, sin capacidad para decidir la política de vivienda y obligado, además, a abonar un canon por su utilización. Finalmente, el Gobierno central les comunicó que la gestión se haría a través de Casa 47, aunque desde la Consejería desconfían de la capacidad y agilidad de esta vía para dar respuesta al problema de vivienda en Asturias.

Ambas administraciones mantienen abierto el diálogo y tienen prevista una reunión con responsables de la Sareb para intentar desbloquear tanto el destino de las viviendas vacías como la situación de las familias afectadas por los alquileres heredados de antiguos propietarios.

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