Caso Hulla: la Fiscalía pide 24 años de cárcel para José Antonio Postigo, expresidente del Montepío de la Minería, y decomisar la residencia de Felechosa

Tras nueve años de pesquisas, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado finalmente su escrito de acusación contra los investigados por el caso Hulla. Señala directamente a José Antonio Postigo, expresidente del Montepío de la Minería, y a José Ángel Fernández Villa, quien fuera líder del sindicato minero SOMA-UGT, por preconcebir un plan para desviar fondos de Montepío, principalmente aprovechando la construcción de la residencia de mayores de Felechosa (Aller). Para el primero solicita 24 años y medio de cárcel, así como una multa de más de 80 millones de euros. Para el segundo no solicita penas por padecer una enfermedad neurológica degenerativa que le hace inimputable, aunque solicita el decomiso de más de un millón de euros.

El escrito de acusación, al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, solicita la apertura de juicio contra quince de los dieciocho investigados y reclama el decomiso de la residencia de mayores de Felechosa (Aller) al Montepío.

Las penas más duras son para Postigo, al que acusa de diseñar y dirigir, junto a Villa, la operación para obtener fondos públicos mediante certificaciones que la Fiscalía considera "falsas o infladas". Lo acusa de falsificación continuada de documentos, tráfico de influencias, prevaricación urbanística y blanqueo de capitales, entre otros delitos. Considera, además, que intentó regularizar 436.100 euros a su nombre y al de su hija, además de haber entregado otros 1,2 millones para su posterior regularización por Fernández Villa y su familia.

Juan Antonio Fernández, administrador de la empresa Alcedo de los Caballeros, encargada de la ejecución de las obras de la residencia, se enfrenta a 18 años y medio de cárcel, así como más de 80 millones en multas. Mientras que el arquitecto del proyecto, Manuel Sastre, y el asesor financiero externo del Montepío, José Manuel Fernández, podrían tener que cumplir 13 años y medio de presión. En su caso, la multa económica también supera los 80 millones.

El escrito solicita también para el asesor jurídico del Montepío Rafael Virgós, diez años de prisión y 60 millones; al aparejador Vicente Fernández, ocho años y medio y 60 millones; al proveedor Jorge González, otros cinco años de cárcel y 40 millones. El exalcalde de Aller, Gabriel Pérez Villalta, se enfrenta a siete años de cárcel, además de a tener que pagar 60 millones de euros. El escrito lo acusa de tráfico de influencias, prevaricación urbanística continuada y falsificación documental.

Aunque Villa no está señalado en la acusación por sus problemas de salud, sí lo están su mujer, María Jesús Iglesias, y sus hijos, Rolando Fernández y Ángela Fernández. Para ellos , la Fiscalía reclama tres años y medio de prisión por blanqueo de capitales, así como decomisar parte del dinero del que se beneficiaron.

También se enfrentan a prisión Rocío San José González, esposa de Juan Antonio Fernández (15 años); Juan Carlos Riera, socio de Alcedo (16 años); Dorina Bicher, pareja de Postigo (13 años); y Rodica Daniela Timis, quien prestaba servicios de limpieza en una residencia de Murcia donde también blanquearon dinero (8 años).

Señala como partícipes a título lucrativo, sin acusación penal, a la hija de Postigo, Patricia Postigo, y a la que fue su mujer, María Elena Pérez. Además, pide el sobreseimiento provisional de la causa para el exalcalde de Aller David Moreno Bobela, por "falta de pruebas respecto de su participación en los hechos".

Suscríbete para seguir leyendo