Quién es quién en el caso Hulla, más allá de Villa y Postigo: los quince acusados, su papel en la trama y las penas que pide Anticorrupción

El caso Hulla lleva inevitablemente los nombres de José Ángel Fernández Villa y José Antonio Postigo. El primero, histórico líder sindical minero del SOMA, aparece en el escrito de la Fiscalía Anticorrupción como impulsor, junto al expresidente del Montepío, del supuesto plan para desviar fondos públicos y privados. Sin embargo, Villa no está entre los quince acusados: la causa fue sobreseída provisionalmente respecto a él por demencia y la Fiscalía ha presentado una demanda autónoma para decomisar el dinero que considera procedente de las actividades investigadas.

Postigo sí encabeza la lista de personas para las que el Ministerio Público solicita la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial. Junto a él figuran empresarios, asesores del Montepío, los responsables técnicos de la residencia de Felechosa, el antiguo alcalde de Aller y familiares y personas de su círculo.

Postigo, el acusado situado en el centro de todas las operaciones

José Antonio Postigo presidió el Montepío de la Minería entre 2006 y 2014 y fue administrador de sus sociedades participadas. La Fiscalía lo presenta como uno de los principales colaboradores de Villa y como el ejecutor central de los supuestos planes para disponer en beneficio propio del dinero de la mutualidad.

Le atribuye tres grandes bloques de actuaciones: la presunta sobrefacturación de la limpieza de los residenciales de Roquetas de Mar y Los Alcázares; el pago con fondos del complejo murciano de obras y compras destinadas a su vivienda particular, y la operación de la residencia de Felechosa, desde la solicitud de los fondos Miner hasta la adjudicación, las certificaciones presuntamente infladas y el reparto del dinero.

Anticorrupción sostiene, además, que Postigo llevó dos bolsas de deporte con 1,2 millones de euros destinados a Villa y a su familia y que utilizó la regularización fiscal para aflorar dinero a su nombre y al de su hija.

La Fiscalía pide para Postigo penas que suman 24 años y seis meses de prisión, 80,7 millones de euros en multas fijas y otros 57 meses de multa con una cuota diaria de 25 euros. También reclama ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público, dos para ejercer una profesión relacionada con el delito urbanístico y cinco años sin poder obtener subvenciones, ayudas o beneficios fiscales y de la Seguridad Social.

Juan Antonio Fernández, Riera y Rocío San José: el núcleo empresarial

Juan Antonio Fernández Fernández era administrador de Alcedo de los Caballeros, la empresa elegida para construir la residencia de Felechosa, y estaba vinculado a otras sociedades utilizadas en las operaciones investigadas, como Pravi.

La Fiscalía le atribuye su participación en la sobrefacturación de la limpieza de Roquetas de Mar, en la adjudicación de la obra de Felechosa y en la posterior recogida de devoluciones en efectivo de los proveedores. Según la acusación, ese dinero alimentaba una caja oculta de la que salían fondos para los participantes.

Anticorrupción solicita para él 18 años y seis meses de prisión, 80 millones en multas fijas y 54 meses de multa a razón de 25 euros diarios. Añade ocho años de inhabilitación pública, dos de inhabilitación profesional y cinco sin subvenciones o beneficios fiscales.

Juan Carlos Riera Blanco era socio al 50% de Alcedo y también estaba relacionado con Pravi. El Ministerio Público lo sitúa en el diseño empresarial de la operación, en la adjudicación y en el reparto del dinero. Le atribuye, además, el afloramiento de 360.000 euros mediante la regularización fiscal.

Para Riera pide 16 años y seis meses de prisión, 70 millones de euros en multas fijas y 47 meses de multa con una cuota diaria de 25 euros, además de las mismas inhabilitaciones de ocho, dos y cinco años.

Rocío San José González, esposa de Juan Antonio Fernández y administradora de Pravi, habría consentido las operaciones realizadas a través de las sociedades, intervenido en la gestión de cuentas y participado en el reparto de las ganancias.

La petición contra ella suma 15 años y seis meses de prisión, 60 millones de euros en multas fijas y 17 meses de multa a 25 euros diarios. También se reclama que no pueda obtener ayudas, subvenciones o beneficios fiscales durante cinco años.

Los asesores que habrían dado apariencia de legalidad

José Manuel Fernández Fernández era administrador de Aucontor y asesor económico y fiscal del Montepío. Según la Fiscalía, su intervención sirvió para presentar como legales ante los mutualistas la contratación del proyecto y la adjudicación de la obra.

Formó parte de la comisión técnica encargada de valorar las ofertas y que propuso adjudicar la construcción del geriátrico a Alcedo pese a ser la propuesta más cara. También habría preparado la regularización fiscal, negociado con las entidades financieras y trasladado en una maleta hasta el banco el dinero ingresado por Villa y su familia.

Anticorrupción pide para él 13 años y seis meses de prisión, 80 millones en multas fijas y 44 meses de multa a 25 euros diarios. Reclama asimismo ocho años de inhabilitación pública, dos profesional y cinco sin subvenciones o beneficios fiscales.

Rafael Virgós Sainz era asesor jurídico del Montepío. La Fiscalía le atribuye la redacción de unos pliegos sin precio base de licitación y que otorgaban más peso a criterios subjetivos que a la oferta económica. También integró la comisión técnica y aparece relacionado con las actuaciones urbanísticas y otras operaciones patrimoniales.

Las penas solicitadas para él suman diez años de prisión, 60 millones de euros en multas fijas y 44 meses de multa a 25 euros diarios, además de ocho años de inhabilitación pública, dos profesional y cinco sin ayudas o beneficios fiscales.

El arquitecto, el aparejador y el técnico de las instalaciones

Manuel Sastre Fernández fue el arquitecto autor del proyecto de Felechosa. El escrito sostiene que elaboró inicialmente un presupuesto de 10,1 millones y que después elevó el precio por encima de los 25 millones mediante una valoración que considera falsa y sobredimensionada. También participó en la comisión que examinó las ofertas y en las certificaciones de la obra.

La Fiscalía pide para Sastre 13 años y seis meses de prisión, 80 millones en multas fijas y 44 meses de multa a 25 euros diarios, además de las inhabilitaciones de ocho años para empleo público, dos para la profesión relacionada con el delito urbanístico y cinco sin subvenciones.

Vicente Fernández García fue el arquitecto técnico y director de la ejecución. Anticorrupción sostiene que intervino en certificaciones que ocultaban mediciones excesivas, partidas sobrevaloradas o trabajos ajenos a la residencia. Junto a Sastre firmó en diciembre de 2011 el certificado final, aunque la Fiscalía afirma que la obra no terminó hasta 2012.

Para él reclama ocho años y seis meses de prisión, 60 millones de euros de multa y cinco años sin poder recibir subvenciones, ayudas o beneficios fiscales.

Jorge González Muñiz era ingeniero técnico industrial. Se le atribuye haber certificado dos veces determinadas instalaciones eléctricas, incrementando así las mediciones imputadas a la residencia. La petición es de cinco años de prisión, 40 millones de euros de multa y cinco años sin ayudas o beneficios fiscales.

Pérez Villalta y la actuación del Ayuntamiento de Aller

Gabriel Pérez Villalta era alcalde de Aller y miembro de la Mesa Regional de la Minería. Anticorrupción afirma que apoyó el proyecto y utilizó su cargo para remover los obstáculos urbanísticos.

Le atribuye haber impulsado la adquisición municipal de Las Pedrosas, su recalificación y su posterior cesión gratuita al Montepío. También sostiene que promovió una licencia de obra menor que sirvió de cobertura para comenzar los trabajos y que permitió verbalmente su inicio cuando el terreno continuaba siendo rústico y no existía licencia de obra mayor.

La Fiscalía solicita siete años de prisión, 60 millones de euros en multas fijas y 20 meses de multa a 25 euros diarios. Añade una inhabilitación de cinco años y otra de diez para empleo o cargo público, así como cinco años sin subvenciones o beneficios fiscales.

Dorina Bicher y Rodica Timis, la rama de la limpieza

Dorina Bicher trabajó en el residencial de Los Alcázares, donde fue ascendida a jefa de equipo y posteriormente a directora. También mantuvo una relación sentimental con Postigo. La Fiscalía sostiene que ambos controlaban la contratación y la aprobación de las facturas y que diseñaron un sistema para inflar el coste de la limpieza.

También le atribuye el pago con fondos del residencial de obras y adquisiciones destinadas a la vivienda particular que compartía con Postigo.

Anticorrupción pide para Bicher 13 años y seis meses de prisión, 200.000 euros de multa fija y 20 meses de multa a 25 euros diarios.

Rodica Daniela Timis realizaba materialmente los trabajos de limpieza y figuró como socia o administradora de Todo Limpio y Brillante y Caritime Tesoro. Según la acusación, emitió facturas por encima de su remuneración real y colaboró en la retirada y ocultación del sobreprecio.

Para ella solicita ocho años y seis meses de prisión, 200.000 euros de multa fija y diez meses de multa a 25 euros diarios.

La esposa y los dos hijos de Fernández Villa

María Jesús Iglesias García, esposa de Villa, y sus hijos Rolando y Ángela Fernández Iglesias están acusados únicamente de blanqueo de capitales.

La Fiscalía sostiene que el 5 de noviembre de 2012 ingresaron en efectivo 400.000, 150.000 y 150.000 euros, respectivamente, acogiéndose a la regularización fiscal y alegando que el dinero procedía de una herencia. Según Anticorrupción, conocían su origen ilícito y posteriormente colocaron los fondos en depósitos, productos financieros y otros bienes.

Para María Jesús Iglesias pide tres años y seis meses de prisión y 800.000 euros de multa. Para Rolando Fernández reclama tres años y seis meses de cárcel y 300.000 euros de multa. La misma petición —tres años y seis meses y 300.000 euros— formula contra Ángela Fernández.

Villa ingresó otros 500.000 euros, pero su situación es distinta: no afronta acusación penal mientras se mantenga el sobreseimiento por demencia. La Fiscalía trata de recuperar el dinero que le atribuye mediante la demanda autónoma de decomiso.

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