Revés de la Sindicatura al sistema de vivienda protegida de Asturias: hay un "deficiente" registro que "impide" saber la oferta y demanda

La Sindicatura de Cuentas del Principado ha concluido que las deficiencias de los registros autonómicos impidieron cuantificar el desajuste entre la necesidad de vivienda protegida y la oferta disponible en Asturias durante 2023 y 2024. El órgano fiscalizador tampoco obtuvo pruebas de que las promociones respondieran a una planificación autonómica adecuada y no pudo pronunciarse sobre la legalidad de las adjudicaciones debido a las inconsistencias de la información facilitada.

El informe analiza la promoción y gestión de la vivienda protegida, la eficacia de los registros de solicitantes y viviendas, así como la transparencia, objetividad y adecuación a la normativa de los procedimientos de adjudicación. La fiscalización, coordinada con el Tribunal de Cuentas y los órganos autonómicos de control externo, tomó como referencia la situación existente a 31 de diciembre de 2024.

Sin planificación propia ni datos fiables

La Sindicatura señala que la Administración autonómica careció durante el periodo examinado de una planificación propia basada en objetivos operativos, indicadores de necesidad y mecanismos de seguimiento. En ese contexto, la política de vivienda protegida se apoyó fundamentalmente en la adhesión a programas estatales y a actuaciones financiadas mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El órgano fiscalizador advierte, además, de que la aplicación de estos mecanismos no alcanzó la efectividad deseable debido, especialmente, a los retrasos en la ejecución. Por ello, recomendó elaborar con carácter prioritario un Plan Autonómico de Vivienda que integre los instrumentos estatales dentro de una estrategia propia, con objetivos claros, una programación plurianual de recursos y actuaciones y una mayor coordinación con los ayuntamientos. Es decir, ve falta de coordinación interadministrativa, un problema puesto sobre la mesa tras desvelar este diario que el Estado se niega a ceder viviendas sin uso al Principado, que le acusa de falta de no querer coordinarse.

También propone dotar de mayor transparencia a la selección de los proyectos cofinanciados con fondos europeos, reforzar el seguimiento de sus hitos y plazos y agilizar la tramitación administrativa de los programas vinculados al Plan Estatal de Vivienda.

Las deficiencias detectadas en los registros afectan tanto al conocimiento de la demanda como al de la oferta disponible. Según el informe, los datos no estaban suficientemente actualizados ni ofrecían garantías de fiabilidad, mientras que la falta de conexión entre los distintos registros impedía disponer de una visión consolidada del parque de vivienda protegida.

La Sindicatura recomienda que la inscripción en el registro autonómico de demandantes sea obligatoria para acceder a cualquier vivienda protegida, con independencia de quién la promueva. También plantea incorporar variables socioeconómicas para identificar a los colectivos con mayor necesidad, coordinar los registros autonómico y municipales y crear un inventario único, actualizado y sistematizado de las viviendas protegidas y del parque público.

El informe reserva una de sus conclusiones más críticas para las adjudicaciones. La información recibida contenía «numerosas inconsistencias e inexactitudes» que impidieron seguir la trazabilidad de los datos y conocer con precisión el número real de viviendas adjudicadas. Esta limitación llevó a la Sindicatura a afirmar que no puede determinar si los procedimientos se ajustaron al Decreto 25/2013, que regula la adjudicación de vivienda protegida en Asturias.

Para reducir el recurso a mecanismos excepcionales, el órgano fiscalizador aconseja agilizar y reforzar el procedimiento ordinario, además de publicar convocatorias con regularidad.

La Consejería dice que solventará todo

La Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos valoró el informe de la Sindicatura de Cuentas asegurando que buena parte de sus recomendaciones ya están recogidas en el proyecto de Ley de Vivienda del Principado, actualmente en tramitación en la Junta General.

La Dirección General de Vivienda recordó que varias de las cuestiones planteadas en el documento ya fueron objeto de alegaciones durante la elaboración del informe provisional. En ellas, el Principado defendió la necesidad de distinguir entre posibles incumplimientos normativos y deficiencias organizativas o tecnológicas susceptibles de mejora.

El departamento autonómico consideró que una de las principales conclusiones de la fiscalización es la necesidad de culminar la aprobación de la nueva ley. La norma permitirá implantar por primera vez el Sistema Asturiano de Vivienda Protegida y sustituir el modelo actual, basado en programas dispersos, por una estructura estable y planificada.

El proyecto incorpora el Observatorio Asturiano de la Vivienda, nuevos registros públicos, un servicio de inspección con estructura propia y mecanismos permanentes de seguimiento, evaluación y control.

La consejería incidió también en que el informe analiza los ejercicios de 2023 y 2024, mientras que la futura norma pretende corregir algunas de las limitaciones estructurales detectadas durante ese periodo.

“La Sindicatura no está diciendo que sobren instrumentos; está recomendando precisamente crear los instrumentos que incorpora la Ley de Vivienda. Es decir, muchas de sus recomendaciones coinciden con el contenido del proyecto de ley cuya aprobación estamos impulsando”, señalaron fuentes de la consejería.

Vivienda aclaró, además, que la normativa vigente no obliga a inscribirse en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida, conocido como Red Viva, para acceder a todas las viviendas protegidas.

Según explicó el departamento, este requisito solo es obligatorio para las viviendas de protección oficial de promoción privada. Las promovidas directamente por el Principado se adjudican conforme al Decreto 25/2013, mientras que los casos de emergencia habitacional se tramitan mediante la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales.

Las adjudicaciones por emergencia habitacional, urgencia social o violencia de género siguen procedimientos específicos y, en muchos casos, se realizan a propuesta de los servicios sociales municipales sin necesidad de inscripción previa en Red Viva.

El Principado reafirmó finalmente su compromiso con la mejora de la planificación y de la información disponible y defendió que la futura ley permitirá avanzar hacia un sistema de vivienda protegida más integrado, transparente y evaluable.

El PP habla de un «varapalo demoledor»

El diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons calificó las conclusiones de «demoledoras» y sostuvo que durante 2023 y 2024 no existió una política autonómica de vivienda «propia, planificada y adaptada a las necesidades de los asturianos».

El parlamentario consideró especialmente grave que el Principado no pudiera conocer con fiabilidad cuántas personas necesitaban una vivienda protegida ni cuántas estaban realmente disponibles. A su juicio, las deficiencias de los registros impidieron diseñar una política basada en la demanda y en la oferta reales.

Cuervas-Mons puso también el foco en la ejecución de los fondos europeos destinados a construir viviendas de alquiler social en edificios energéticamente eficientes. Según los datos destacados por el PP, a 31 de diciembre de 2025 solo se había terminado el 5,92% de las viviendas comprometidas y el gasto ejecutado alcanzaba el 8,98%.

El diputado señaló asimismo que todas las adjudicaciones de promoción pública examinadas se realizaron mediante procedimientos excepcionales de emergencia o urgencia y criticó que la Administración autonómica no desarrollara una actividad inspectora sistemática para comprobar el uso correcto de las viviendas protegidas.

El Grupo Parlamentario Popular anunció que analizará detalladamente el documento y que solicitará la comparecencia del síndico de Cuentas y del consejero responsable de vivienda cuando el informe llegue a la Junta General. Cuervas-Mons reclamó al Ejecutivo autonómico que sustituya los anuncios por una política con «datos fiables, objetivos claros, transparencia y resultados».

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