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La Unión de Consumidores moviliza a más de 8.000 afectados del Huerna para iniciar una "oleada de demandas" judiciales por los peajes

La entidad articulará reclamaciones civiles a "coste cero" para exigir la devolución parcial de las tarifas cobradas durante las obras de la AP-66, protegiéndose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo

Las obras del argayo del Huerna.

Las obras del argayo del Huerna. / Mario Canteli

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Lucía Rodríguez Alonso

Oviedo

La indignación de los usuarios de la Autopista del Huerna (AP-66) va cada vez a más. Más de 8.000 conductores se sumaron ya a la plataforma impulsada por la Unión de Consumidores (UCE) de Asturias para reclamar la devolución parcial de los peajes abonados desde que se iniciaron los trabajos de conservación e infraestructuras en la vía, hace casi dos años. Ante la respuesta ciudadana, la organización iniciará de forma inmediata una reclamación legal mediante una "oleada de demandas masivas en la vía civil".

Para prestar cobertura jurídica a todos los dados de alta, la entidad articulará las reclamaciones mediante un sistema de "microgrupos con coste cero" para los usuarios. La organización sostiene que existe una sólida base legal para que los juzgados fallen a favor de los automovilistas, respaldándose en el precedente fijado a finales del pasado año por el Tribunal Supremo. En aquella sentencia, el alto tribunal condenó a la concesionaria de la AP-9 a devolver parte de los peajes cobrados a los usuarios, por las incidencias y retrasos causados durante las obras de ampliación del puente de Rande (Vigo).

Para UCE-Asturias, el caso del Huerna es "idéntico" al gallego. A este argumento suman además el informe de la Comisión Europea de octubre de 2021, que declaró ilegal la prórroga de la concesión a la empresa Aucalsa hasta el año 2050 al haberse ejecutado sin concurso público.

La organización califica también de "insuficiente" la propuesta de sanción de 1,1 millones de euros, planteada por el Gobierno del Principado a Aucalsa, por "infracciones graves y muy graves en materia de consumo". A juicio de la UCE, la cuantía carece de cualquier efecto desmoralizador, para una compañía que registra una facturación anual cercana a los 50 millones de euros, y supera los ocho millones de beneficio neto.

En su balance, la entidad de consumidores denuncia la "tolerancia cómplice" del Ministerio de Transportes ante lo que considera un "expolio por doble financiación". Mientras los ciudadanos costean con impuestos las obras de los túneles, la concesionaria continúa cobrando íntegramente la tarifa por circular por una vía donde "el 40 % del trazado" presenta restricciones o tramos en obras.

Las condiciones de circulación en la principal vía de conexión entre Asturias y la Meseta, sufrieron un duro empeoramiento tras el argayo registrado en noviembre de 2024, que obligó a habilitar un bypass provisional mientras se ejecutan las labores de estabilización del talud. Esta incidencia, sumada a los trabajos de modernización en los túneles, fuerza a los vehículos a transitar a velocidades sensiblemente reducidas en gran parte del recorrido.

Con un coste de 16,20 euros para los turismos que completan el trayecto entre León y Campomanes, la AP-66 se sitúa como el tercer peaje más caro de España, según los datos de la Asociación Española de la Carretera (AEC). Un importe que choca con las estimaciones de la propia Dirección General de Consumo del Principado, que fijó el pasado marzo entre 28 y 29,6 millones de euros el volumen de peajes abonados por los 1,8 millones de vehículos que utilizaron la vía sin disfrutar de los estándares exigibles de velocidad, fluidez y seguridad.

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