El alquiler de vivienda cae en las zonas tensionadas, avisan las inmobiliarias: "Los propietarios se están retirando del mercado"

Las primeras doce zonas tensionadas de Asturias están ya plenamente implantadas, una vez que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el miércoles la incorporación del Principado al listado nacional, dando pie a desarrollar la normativa en toda su plenitud y finalizando, por tanto, la tramitación. La medida busca contener la subida de los precios de los alquileres en lugares donde el incremento haya sido desproporcionado durante los últimos años. Sin embargo, y pese a la defensa que hace el Gobierno regional de sus beneficios, las inmobiliarias advierten de que los resultados son contrarios: “Los propietarios están retirando sus propiedades del mercado de alquiler”.

“Estamos viendo que muchos propietarios, al comprobar que sus viviendas están sujetas a un límite de precio y a condiciones más restrictivas por encontrarse en una zona tensionada, están retirándolas del mercado del alquiler”, asegura Katia Domingo, presidenta de la Unión de Inmobiliarias de Asturias. En consecuencia, “no baja el precio, sino que no hay oferta”. “Las zonas tensionadas no van a ser la solución”, opina.

La decisión de los propietarios de sacar sus viviendas del mercado se debe, según su experiencia, a que “tienen miedo”. “Hay una normativa que les influye y no saben bien cuál es y, ante la ignorancia, el desconocimiento y, sobre todo, el miedo”, prefieren optar por dejar su vivienda sin inquilino.

Asegura que los propietarios que quieren poner en alquiler sus viviendas dentro de estas zonas tensionadas suelen tener un “desconocimiento total” sobre la normativa, lo que ha obligado a las inmobiliarias a convertirse en “puntos de información”. “La ley estatal es bastante ardua y muchos propietarios no son juristas ni técnicos. No es fácil para ellos interpretar esta normativa”, indica.

La Unión de Inmobiliarias ha impartido formación jurídica a sus socios para que sean las propias agencias las que puedan informar a los propietarios que quieren alquilar viviendas dentro de estas zonas tensionadas.

“Hay que establecer los distintos supuestos: si la tenían alquilada anteriormente, si no la tenían, si son grandes tenedores… Nosotros les explicaremos cuáles van a ser las consecuencias, veremos en el índice del Sistema Estatal de Referencia el valor que se otorga a esa vivienda en alquiler y les informaremos de ello”, detalla Domingo.

Recurso de Gijón ante el TSJA

Actualmente existen en Asturias doce zonas tensionadas: La Arena y Cimadevilla, en Gijón; La Magdalena, en Avilés; el núcleo urbano de Llanes, Posada de Llanes, Nueva, Poo, Barro y Celorio, en Llanes; Luanco, en Gozón; y Arenas y Poo, en Cabrales.

Frente a la visión de las inmobiliarias, el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, defiende la medida. “La publicación en el BOE culmina la tramitación de las zonas tensionadas que tenemos en Asturias”, señala. Estas ya estaban en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), pero ahora “adquieren su máxima extensión” y se abre la puerta a que Asturias pueda captar recursos adicionales de financiación por parte del Estado.

Sobre el recurso presentado por el Ayuntamiento de Gijón contra las zonas tensionadas en su concejo, admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Zapico muestra su “confianza total y absoluta” tanto en el trabajo realizado por los funcionarios de la Consejería como en la actuación del tribunal.

En este sentido, asegura que el Principado se opondrá a la suspensión cautelar solicitada por el Ayuntamiento para evitar que las medidas queden paralizadas mientras se resuelve el procedimiento judicial. “Nos oponemos a que las medidas sufran cualquier parálisis y queremos que puedan surtir efecto, como ya lo están haciendo”, sentencia.

El consejero afirma que los funcionarios de la Consejería hacen “un trabajo exhaustivo y riguroso” para sacar adelante expedientes complejos y jurídicamente sólidos. Y lo hacen, añadió, “amparados en la legislación que establecen los parlamentos democráticos de Asturias y de nuestro país”.

“Cada vez que la derecha y la extrema derecha recurren ante los tribunales de justicia alguna decisión que tomamos en la Consejería significa, en primer lugar, y yo no tengo ningún género de dudas, que vamos en la dirección correcta”, afirma Zapico. El consejero considera que estas medidas responden a una orientación de “transformación real de la sociedad asturiana”.

Posiciones contrarias en los Ayuntamientos

Las zonas tensionadas tampoco están exentas de dudas en Llanes. El alcalde, Enrique Riestra, evita pronunciarse sobre su conveniencia y los efectos que provocarán. Destaca que la competencia en materia de vivienda recae en el Principado y que el Ayuntamiento, aunque comparte el diagnóstico de que hace falta vivienda en alquiler a un precio asequible, no ha participado ni ha pactado las medidas que se van a aplicar.

Riestra, del partido independiente VecinosxLlanes, subraya que existen zonas de España en las que estas medidas no han funcionado y sostiene que, al afectar directamente a la ciudadanía, habría que ser “serios” a la hora de aplicarlas. Sí apunta que existen “soluciones reales” al problema de la vivienda que el Principado tiene en su mano: la aprobación del Plan General de Ordenación, en la fase final de su tramitación, y la recuperación de la reserva regional de suelo de Poo.

Según el alcalde, con esta reserva “engañaron a los llaniscos, haciéndonos pagar tres millones de euros por suelo rústico, que hoy solo sirve para plantar hortalizas, y dejándonos sin suelo dotacional para ceder al Principado para construir viviendas”.

En una posición totalmente contraria se encuentra el Ayuntamiento de Avilés, donde consideran que la declaración de La Magdalena como zona tensionada es una “buena noticia”, tanto para el concejo como para la “clase trabajadora” del barrio.

“La declaración de una zona tensionada no es un fin en sí mismo, sino que supone empezar a utilizar todas las herramientas que nos ofrece la Ley de Vivienda para contener el incremento de los alquileres y facilitar el acceso a una vivienda asequible”, especifica Ana Solís, concejala de Vivienda de Avilés, de IU.

En su opinión, esta declaración es “un primer paso para hacer una política estructural en toda la zona que incluya diferentes medidas”. Es decir, “ya entran en vigor inmediatamente las medidas que recoge la ley, pero se nos abre la posibilidad de tomar otras medidas adicionales, siempre a favor de la clase trabajadora avilesina”.

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