Hallan un plan de Estatuto de Autonomía de Asturias hecho durante la Guerra Civil que aglutinaba también a León, Zamora y Salamanca

"Estatuto del Consejo Regional de Asturias y León" es el título del valioso documento que ha sacado a la luz un grupo de investigadores denominado "La Trókola" en el Archivo General Militar de Ávila. Se trata, ni más ni menos, del primer proyecto de estatuto de autonomía de Asturias, elaborado en Gijón por republicanos poco después del inicio de la Guerra Civil. Según explica Pablo Martínez Corral, profesor de Secundaria, historiador y principal artífice del descubrimiento, se trata de "un proyecto articulado", compuesto por 18 artículos y varias disposiciones transitorias, con el siguiente contenido básico: "Define un territorio, establece una ciudadanía regional, crea instituciones legislativas y ejecutivas, organiza una Hacienda propia y distribuye competencias entre la región y el Estado". El texto, elaborado de acuerdo a la legalidad de la Constitución de 1931, no aparece firmado ni fechado. Por el momento, los investigadores no han logrado localizar un acta que demuestre que llegara a ser aprobado oficialmente o remitido al Gobierno de la República. En consecuencia, "debemos hablar con rigor de un proyecto de Estatuto, no de un Estatuto vigente".

Sin embargo, enfatiza Martínez Corral, no cabe considerar que estas páginas mecanografiadas son el fruto de una improvisación. "Su grado de elaboración demuestra que algunos sectores vinculados al Consejo pensaron seriamente en convertir la experiencia de gobierno desarrollada durante la guerra en una estructura autonómica estable", dice el experto. A continuación, se ofrece un extracto del análisis que los estudiosos del documento han efectuado, a falta de nuevas indagaciones sobre un periodo histórico tan convulso como apasionante para los investigadores.

Punto de partida. El primer artículo propone constituir una región autónoma sobre la base histórica del antiguo Reino de Asturias y León, formada por las provincias de Oviedo, León, Zamora y Salamanca. "Esta delimitación es especialmente significativa, porque Zamora, Salamanca y buena parte de León se encontraban bajo control de las fuerzas sublevadas", señalan los estudiosos. El proyecto, prosiguen, "no parece pensado únicamente para administrar provisionalmente el territorio republicano del Norte, sino que miraba hacia el futuro y presuponía una victoria de la República que permitiera establecer una organización autonómica permanente".

Estructura institucional. El documento la define con precisión: "El Consejo Regional de Asturias y León está integrado por las Cortes, el Presidente del Consejo y el Consejo de Comisarios". Las Cortes ejercerían la función legislativa; el presidente representaría a Asturias y León ante la República, y el Consejo de Comisarios asumiría las funciones ejecutivas. "No se trataba, por tanto, de ampliar las atribuciones de una Diputación Provincial, sino de establecer un verdadero poder regional con capacidad legislativa, gobierno y recursos propios", aseveran los historiadores.

Sistema electoral y papel de los sindicatos. El proyecto de Estatuto señala que las Cortes serían elegidas mediante "sufragio universal, igual, directo y secreto entre trabajadores de ambos sexos". En concreto, podrían votar los mayores de dieciocho años y ser elegidos quienes hubieran cumplido veintiuno. El censo electoral quedaba vinculado a las centrales sindicales organizadas, que participarían en su elaboración y control. El trabajo aparecía así como uno de los fundamentos de la ciudadanía política, mientras que los sindicatos dejaban de ser únicamente organizaciones laborales para intervenir directamente en la representación institucional.

Espíritu de la norma. El Estatuto tenía un carácter "profundamente social e intervencionista", indican los estudiosos. Sus competencias comprendían la organización municipal, las obras públicas, los ferrocarriles, las carreteras, los puertos, la agricultura, la ganadería, los montes, la pesca, la minería, la sanidad, la enseñanza, los seguros sociales y otros servicios públicos. Entre las facultades atribuidas al Consejo figuraban expresamente la "expropiación" y la "socialización de riquezas naturales y empresas económicas".

Filosofía del autogobierno. La autonomía no se concebía como una simple descentralización administrativa. "El poder regional tendría capacidad para intervenir sobre la propiedad, las empresas y los recursos naturales, además de desarrollar una política social propia", destaca el colectivo de investigadores. Asimismo, se arroga las facultades de crear centros de enseñanza y servicios de radiodifusión y asumir responsabilidades sobre museos, bibliotecas, archivos, monumentos y Bellas Artes. El proyecto regulaba igualmente la justicia, el orden interior y la Hacienda. Preveía un Tribunal de Casación de Asturias y León y atribuía al Consejo los servicios ordinarios de "Policía y Orden Interior". Mientras, el Estado conservaría las fronteras, la extranjería y otras competencias generales. Una Junta de Seguridad coordinaría ambas administraciones.

Estructura fiscal. La Hacienda regional de Asturias y León se nutriría de impuestos cedidos por el Estado, de una participación en determinados tributos y de los recursos que hasta entonces correspondían a las diputaciones. El Consejo podría establecer nuevos impuestos y recibir bienes y aprovechamientos relacionados con las minas, los montes, las aguas, la caza y la pesca. También podría emitir deuda interior, aunque el proyecto de Estatuto indica que "no podrá apelar al crédito extranjero sin autorización del Poder Central".

Pretensión de autogobierno. Los estudiosos hacen hincapié en que esta última limitación –supeditar la petición de crédito extranjero a la autorización del Estado– "confirma que no estamos ante un proyecto independentista, sino ante una autonomía amplia integrada dentro de la República". Las disposiciones transitorias preveían, además, una comisión mixta encargada de organizar las transferencias de servicios, bienes y funcionarios, así como la celebración de las primeras elecciones regionales.

Una autonomía de hecho nacida de la guerra. Tras el golpe militar de julio de 1936, aparecieron comités locales, organismos de guerra, controles sindicales y estructuras de abastecimiento. Posteriormente, estas funciones fueron concentrándose en el Comité Provincial del Frente Popular y, desde diciembre de 1936, en el Consejo Interprovincial de Asturias y León. Las actas de este consejo interprovincial "muestran que el Consejo no se limitaba a ejecutar las órdenes del Gobierno central", señalan los autores del hallazgo. Por el contrario, operaba con un notable grado de soberanía: "Debatía la propiedad de las empresas, el control obrero, los salarios, los transportes, la sanidad, las prisiones, la organización municipal y la dirección de la guerra". También discutía "los límites de sus competencias y cuándo debía obedecer al Gobierno de Valencia o actuar por iniciativa propia". En resumen: "La autonomía había dejado de ser una aspiración teórica para convertirse en una práctica cotidiana de gobierno".

Una vuelta de tuerca. El 24 de agosto de 1937, el Consejo Interprovincial se declaró Consejo Soberano de Asturias y León, concentrando las jurisdicciones civiles y militares del territorio. Pero aquella proclamación "no fue el comienzo del autogobierno, sino su expresión más extrema", indican los estudiosos. Y añaden: "La soberanía respondía a la emergencia militar; el Estatuto, en cambio, intentaba proporcionar territorio, instituciones, recursos y continuidad jurídica a aquella experiencia". Aspiraba a ser, en definitiva, un marco estable y no un fruto de las circunstancias del momento.

Una evolución condicionada por la coyuntura política. Las aspiraciones autonomistas que se habían ido formando en Asturias encontraron así en la Guerra de España una inesperada ventana de oportunidad. "El conflicto no creó desde cero la aspiración al autogobierno, pero transformó radicalmente sus posibilidades", diagnostican los investigadores. El aislamiento de la zona republicana del Norte permitió que los partidos del Frente Popular y las organizaciones anarquistas "asumieran directamente funciones políticas, económicas, sociales y militares".

Contexto histórico. Antes de 1936, la cuestión autonómica ya había estado presente en el debate público. Los estudiosos citan la contribución de Carlos Gordon Rodríguez, en "¡Esperemos! Así nos lo mandan. El debate sobre l’estatutu asturianu na II República", quien "ha reconstruido la diversidad de aquellas iniciativas". Por su parte, David Guardado, en "Nunca vencida. Una historia de la idea d’Asturies", sitúa estos proyectos "dentro de un proceso más amplio de construcción de Asturias como realidad histórica, social y política". Ambos trabajos, aseveran los investigadores, "permiten comprender que el Estatuto no surgió sobre un vacío, sino sobre un imaginario territorial y un lenguaje autonómico que llevaban décadas formándose".

Alcance de un proyecto legal pionero. Según el colectivo de historiadores, el documento hallado en el Archivo Militar de Ávila "no demuestra la existencia de un Estado asturiano ni de un proyecto separatista, ni puede afirmarse que llegara a ser aprobado". En cambio, "demuestra algo históricamente más relevante: que algunos sectores vinculados al Consejo intentaron transformar la autonomía de hecho nacida de la guerra en una autonomía política, social e intervencionista con vocación de continuidad dentro de la República".

Profundizar en la autonomía. Como colofón, los estudiosos señalan que "Asturias no solo se gobernó a sí misma durante la guerra", sino que el proyecto de Estatuto localizado en Ávila "demuestra que algunos sectores vinculados al Consejo imaginaron cómo convertir aquella experiencia excepcional en una estructura autonómica permanente".

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