María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE): "El acuerdo sobre vivienda es útil para los promotores, pero más para los ciudadanos"

María Calvo Carvajal (Gijón, 1975) está a punto de cogerse unos días de vacaciones. Pero, en su condición de presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) –cargo en el que lleva más de cinco años, tras revalidarlo para un segundo mandato en abril de 2025–, aún debe apurar días intensos de trabajo en agosto. La patronal de la construcción (CAC-Asprocon), a la que Calvo también pertenece, acaba de firmar un acuerdo con el Principado para promover vivienda protegida, una medida que convive con otras políticas inmobiliarias de las que la empresaria gijonesa discrepa abiertamente, como la limitación de los precios de los alquileres en varias zonas de Asturias.

¿Cómo valora el acuerdo para desarrollar viviendas protegidas y elevar el precio del módulo de este tipo de inmuebles?

Es un acuerdo positivo porque desbloquea la posibilidad de construir miles de viviendas asequibles en Asturias que hoy resulta imposible desarrollar. Hay previstas unas 3.000 viviendas protegidas en Gijón, unas 8.000 en Oviedo y cientos en municipios más pequeños que no se podían hacer. Esto era intolerable en una situación de crisis de vivienda como la que enfrentamos. Por eso fue siempre una prioridad para nosotros la actualización desde el inicio de la legislatura. Lo incluimos en la concertación social y, aunque ha tardado demasiado, finalmente hemos logrado que se haga. Y lo digo una vez más: desde FADE defendemos intereses generales, discrepamos cuando no estamos de acuerdo y llegamos a acuerdos cuando consideramos que es útil. Y creemos que este acuerdo lo es. Para los promotores, pero sobre todo para los ciudadanos, especialmente los jóvenes. Así lo vemos nosotros, lo ven los ayuntamientos de todo color político y todo el que no desea el enfrentamiento, sino la búsqueda de una solución.

En efecto, desde el sector constructor llevaban varios años reclamando una subida del módulo, que es el precio máximo oficial por metro cuadrado que fija la Administración para las viviendas protegidas.

Siempre hemos dicho que la solución no podía venir únicamente de la vivienda pública. Era imprescindible que los promotores pudiéramos hacer vivienda protegida, porque tenemos más capacidad y, además, no consume recursos públicos. En los últimos años no se podía hacer. De hecho, el pasado año no se hizo ninguna vivienda protegida porque el precio del módulo lo hacía inviable. En el acuerdo se plantea una pequeña subida, del 3,7 %. Es verdad que iguala todos los municipios de Asturias, lo cual también es positivo: sube más en los municipios que tenían precios más bajos. Tiene lógica, porque el coste de construcción es prácticamente el mismo en toda Asturias. Y se complementa con unas ayudas, una convocatoria directa al promotor, para que toda la subida no la soporte el comprador. En términos generales la idea es positiva y por eso hemos pactado. En una negociación a nosotros nos hubiera gustado algo más, pero entendemos que es razonable. Ahora bien, esto no quiere decir en absoluto que compartamos otras medidas que se anuncian o se están llevando a cabo desde la Consejería de Vivienda. Nos preocupa que lo que arreglemos de un lado lo estropeemos por otro.

Se refiere a la ampliación de las zonas tensionadas para limitar los precios de los alquileres.

Limitar los precios de los alquileres es una medida que no pone ni una vivienda más en el mercado. Al contrario: la retira. Creemos que no solo no va a solucionar el problema, sino que incluso puede empeorarlo en determinados municipios. Lo que se necesita es más oferta. Para que un propietario ponga una vivienda en alquiler necesita, lo primero, seguridad y una expectativa razonable de rentabilidad. Con estas medidas impredecibles, el propietario tiene miedo, retira las viviendas del mercado y los promotores no producimos más viviendas en alquiler. Va en la dirección equivocada.

No podemos incentivar con una mano la construcción de vivienda y desincentivar con la otra que esa vivienda llegue al mercado.

¿Está de acuerdo con la decisión del Ayuntamiento de Gijón de recurrir judicialmente la medida?

Creo que tiene lógica que estas medidas, en todo caso, se tomen de acuerdo con los ayuntamientos. Pero insisto: no son el camino adecuado ni la solución al problema.

¿Lo que hay de fondo es un tema ideológico?

En este debate debemos alejarnos de posiciones preconcebidas y analizar las consecuencias reales de cada decisión. Asturias necesita menos apriorismos ideológicos y más pragmatismo. Necesita construir más, movilizar más vivienda y generar confianza. Porque el verdadero éxito de una política de vivienda no es cuánto regula, sino cuántas viviendas consigue poner realmente a disposición de las personas que las necesitan. Antes de extender las zonas tensionadas a nuevos municipios o áreas de Asturias, deberíamos preguntarnos qué queremos conseguir y evaluar rigurosamente sus efectos. El objetivo no puede ser simplemente intervenir sobre el precio de las viviendas que ya existen; tiene que ser conseguir que haya muchas más viviendas disponibles. Durante demasiado tiempo hemos planteado este debate casi como una confrontación entre Administración, promotores y propietarios. Creo que es un error. Asturias necesita a todos ellos si quiere resolver el problema de la vivienda. La iniciativa pública es imprescindible, pero no será suficiente para cubrir toda la demanda. Necesitamos movilizar inversión privada y también generar confianza para que los propietarios incorporen sus viviendas al alquiler.

Cambiemos de tema. ¿Qué opina de la inversión para un centro de datos informáticos en Salas?

Toda inversión en Asturias siempre es una buena noticia. Esta es especialmente positiva para determinadas zonas que no reciben tantas inversiones. El proyecto, tal como se plantea, es ambicioso. Confío y quiero esperar que se cumplan los objetivos y los plazos de inversión y que efectivamente sea un revulsivo para la zona.

Una inversión que parece más atascada es la de Indra en Barros. ¿Se han puesto excesivas esperanzas en la industria de defensa?

No lo creo. Las inversiones que van a venir al sector de la defensa en general, en Europa y en España, siguen siendo unas cuantías astronómicas. Esa es una realidad. Que Asturias se posicione para recibir una parte importante de ese dinero es una estrategia acertada. Eso con independencia de que, por supuesto, no se abandonen otros sectores industriales. Otra cosa es que aquí ya hay unas capacidades y unas empresas que llevan muchas décadas trabajando en el sector, y eso es lo que posicionaba a Asturias en un lugar destacado para captar estas inversiones. Más allá de las inversiones en nuevos talleres —que ojalá salgan adelante—, creo que hay que movilizar toda la capacidad que ya está instalada en Asturias.

Entonces, ¿le parece positivo que haya un acercamiento entre Indra y Santa Bárbara para colaborar en los programas de defensa?

Desde luego, sería bueno que se entendieran. Es difícil entender que, con una empresa con una capacidad de producción tan importante ya aquí, no se aproveche al máximo. Eso es compatible, desde luego, con crecer y con que vengan nuevas inversiones y nuevos talleres. Ojalá sea así.

Tras haber recibido cuantiosas ayudas públicas, ¿debería ser generosa Duro Felguera en la negociación sobre el taller de Barros?

Ambas partes deberían hacer un esfuerzo por llegar a un acuerdo. Y creo que debe basarse en una valoración objetiva y técnica de las instalaciones. Ni unos deben pedir de más ni otros pagar de menos. Se debería hacer una valoración objetiva de mercado. No sé exactamente la cifra que está encima de la mesa, pero al menos deberían poner la voluntad de llegar a un acuerdo basado en esa valoración.

La cuestión del absentismo ha dado mucho que hablar en las últimas semanas. ¿Qué se está haciendo en Asturias al respecto?

Más allá de que alguna declaración reciente haya sido más o menos afortunada, agradezco —y así lo dijo también el presidente de CEOE— que se ponga este tema encima de la mesa y que se propongan soluciones. Por nuestra parte, seguimos trabajando en lo que está de nuestra mano y en lo que hay competencia autonómica. La pasada semana estuve con la consejera de Sanidad y le pedimos varias medidas que creemos que pueden aliviar un poco el tema. La principal: que se ponga en marcha el convenio con las mutuas, firmado hace ya un año. Dicen que lo están instrumentando, pero por motivos de la plataforma digital todavía no son capaces. Deben ponerlo en marcha cuanto antes.

Asturias ha superado los 400.000 afiliados a la Seguridad Social. Buena parte del motivo son los contratos temporales de la temporada turística. ¿Balance?

La evolución del empleo es una buena noticia y hay que valorarla como tal. Que Asturias tenga más personas trabajando significa más actividad, más oportunidades y una economía con mayor capacidad de generar bienestar.

Pero creo que ahora tenemos que dar un paso más. El debate económico no puede quedarse únicamente en cuántos empleos creamos, sino en qué capacidad tenemos para que esos empleos sean cada vez más productivos. Porque la productividad es la que permite a las empresas ser más competitivas, crecer, invertir y, sobre todo, sostener mejores salarios. El siguiente gran reto de Asturias, después del empleo, se llama productividad. Si queremos empresas más productivas, no podemos consumir una parte creciente de sus recursos y de su tiempo en burocracia, trámites o incertidumbre regulatoria.

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