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El convenio del Principado contra el absentismo cumple un año sin arrancar

Salud aduce problemas de unificación de datos médicos y laborales como causa de que las mutuas aún no hagan pruebas diagnósticas para aligerar las bajas

De izquierda a derecha, María Calvo (presidenta de FADE), Alberto González (director general de FADE), Pablo García (viceconsejero de Política Sanitaria) y Conchita Saavedra (consejera de Salud), en la reunión del pasado 30 de julio para abordar el tema del absentismo.  |

De izquierda a derecha, María Calvo (presidenta de FADE), Alberto González (director general de FADE), Pablo García (viceconsejero de Política Sanitaria) y Conchita Saavedra (consejera de Salud), en la reunión del pasado 30 de julio para abordar el tema del absentismo. |

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Yago González

Yago González

Oviedo

Hace un año, el 11 de agosto de 2025, el Gobierno de Asturias anunció la firma de un convenio entre la Consejería de Salud, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), las mutuas colaboradoras y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (AMAT) para aligerar la tramitación de bajas laborales por lesiones traumatológicas y, de ese modo, combatir el absentismo, una de las principales reivindicaciones de los empresarios. No obstante, un año después, el convenio no ha empezado a funcionar, mientras la polémica en torno al absentismo no ha dejado de recrudecerse tanto a nivel nacional como asturiano.

El convenio tiene su origen en el último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), firmado en 2024 por el Gobierno español, la patronal y los sindicatos. En el momento de su anuncio hace un año, tanto el Ejecutivo regional como la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) remarcaron que Asturias era la tercera comunidad autónoma en aplicar lo dictaminado en el AENC, sólo por detrás de Baleares y Cataluña. No obstante, esa premura no parece haber servido de mucho.

La última reunión oficial al respecto entre FADE y el Principado tuvo lugar el pasado 30 de julio, pero no se produjeron grandes novedades. Según desveló la presidenta de FADE, María Calvo, a este periódico en una entrevista el pasado domingo, la consejera de Salud, Conchita Saavedra, le trasladó en ese encuentro que había "problemas con la plataforma" encargada de unificar los datos del Principado, la Seguridad Social y las mutuas. Con todo, Saavedra le aseguró que su departamento está trabajando en "obtener datos concretos, en concreto qué patologías están causando más bajas, en qué edades y en qué sectores".

Asimismo, Calvo urgía al Gobierno asturiano a "poner el convenio en marcha cuando antes" y que la Inspección de Trabajo "haga un buen seguimiento y tenga acceso a todo el historial médico de los pacientes que están de baja". "Sabemos por otras comunidades autónomas que simplemente un mayor seguimiento y una mayor vigilancia también están dando resultados en rebajar el absentismo", señaló la presidenta de FADE, que añadió una particularidad asturiana: "Aquí las bajas, de media, son especialmente largas".

Según un informe de Umivale, mutua colaboradora de la Seguridad Social, el absentismo laboral tiene un coste estimado en 1.712 millones de euros al año para la economía asturiana. El estudio también indica que Asturias es la tercera comunidad autónoma española donde más aumentaron estas incapacidades entre 2018 y 2023. En concreto, se incrementaron un 43%, sólo por detrás de Galicia (53%) y Canarias (48%).

En 2025, las bajas en Asturias duraron una media de 69,3 días, por encima del promedio nacional (41,9). Asimismo, el Principado despunta entre los territorios donde más se han disparado las bajas de larga duración, aquellas que duran al menos un año. Estas se han casi duplicado entre 2018 y 2023, con un alza del 98%.

Cataluña es la única comunidad española que ha puesto en marcha un convenio de estas características. El pasado abril, la Consejería de Salud de la Generalitat inició un programa piloto en catorce centros de salud para derivar pruebas diagnósticas (radiografías, resonancias, etc.) a las mutuas privadas, siempre con autorización del médico público y consentimiento del trabajador.

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