La productividad de los funcionarios, bajo escrutinio: otros municipios ven difícil medirla con los plazos de proyectos, como plantea Villaviciosa, cuya fórmula pide extender FADE

La propuesta de Villaviciosa de vincular el complemento de productividad que cobran los funcionarios al cumplimiento de los plazos de tramitación para agilizar los procedimientos diarios a los que debe hacer frente una administración pública ha generado debate, tanto entre otros municipios como entre los sindicatos, por la “complejidad” para implantar la medida de manera objetiva. No obstante, todos coinciden en la necesidad de que las Administraciones ganen agilidad, especialmente los empresarios, para los que tener una licencia a tiempo puede suponer la ejecución o no de una inversión.

La presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Cecilia Pérez (PSOE), recuerda que se trata de una cuestión que “entra dentro de la autonomía municipal” y que cada ayuntamiento puede establecer los criterios para medir la productividad, siempre que sean objetivos, exista disponibilidad económica y se aborden dentro de la negociación colectiva. “Cada municipio dentro de su autonomía puede plantear los criterios que considere para graduar y hacer el pago de la productividad, dentro de criterios siempre objetivos y de la negociación colectiva”, explica.

El alcalde de Siero, Ángel García, Cepi (PSOE), afirma que “si la productividad funcionase como debería, se pagaría en función de los objetivos concretos”, aunque actualmente se ha acabado convirtiendo en un complemento “fijo y constante”. En ese sentido, coincide con el objetivo de Villaviciosa de lograr una Administración más ágil y capaz de responder antes a empresas y ciudadanos.

“Los alcaldes como Alejandro (Vega, de Villaviciosa), o yo mismo, lo que queremos es que la Administración sea ágil y dar una respuesta a las empresas y a los ciudadanos en tiempo”, agrega el regidor sierense. En su caso, García está “muy contento con sus funcionarios”, pues han conseguido reducir en gran medida los plazos de los trámites, pero “seguimos trabajando en ello”. “Barajamos distintas opciones, aunque ahora mismo no estamos planteando algo concreto como lo de Villaviciosa”, apunta.

El regidor sierense reclama, no obstante, que sea la propia legislación estatal de Función Pública la que concrete con mayor precisión estos mecanismos para evitar que todo el peso de diseñarlos recaiga sobre los ayuntamientos.

Más dudas plantea el alcalde de Corvera, Iván Fernández (PSOE), que pone el acento en la dificultad de comparar expedientes muy diferentes entre sí. Y pone un ejemplo: “Pones a dos arquitectos y evalúas el rendimiento de cada uno de ellos según el plazo que les lleve hacer los expedientes. Uno hace cinco y otro uno. Eso es cuantitativamente, pero a lo mejor cualitativamente los cinco expedientes que ha hecho son de obras menores, mientras que el que ha hecho solo uno es de una aprobación de un plan general de ordenación”.

Apunta, no obstante, que valorar la productividad en torno a los plazos puede ser más sencillo en la oficina técnica o, incluso, con los propios expedientes administrativos, pero no así con profesionales como los jardineros, el servicio de obras o el de limpieza. En Corvera acaban de aprobar su primera Relación de Puestos de Trabajo en la historia de la democracia en el concejo.

Desde Tapia de Casariego, su alcalde, Pedro Fernández (PP), lleva el debate un paso más allá y reclama una reforma que permita exigir responsabilidades a funcionarios y técnicos cuando los expedientes no avancen. “No es todo poner reparos y que sea todo culpa del político. Si el político da orden de que se regularice esa situación debe haber un plazo de tiempo para sacarlo adelante o la responsabilidad será del funcionario o técnico”, defiende. Los gobierno locales de los tres grandes ayuntamientos rehusaron, por ahora, manifestarse respecto a este debate.

La patronal asturiana es la que ofrece un respaldo total a la propuesta de Villaviciosa. La presidenta de FADE, María Calvo, considera que “una buena noticia” la medida planteada y subraya la importancia que tienen los tiempos administrativos para las inversiones empresariales. “Para una empresa, el plazo de una licencia no es un trámite: es el calendario de una inversión. Cada mes de retraso tiene un coste, y a veces decide en qué concejo se acaba invirtiendo”, sostiene.

FADE reclama además que los ayuntamientos publiquen sus tiempos medios de tramitación antes y después de aplicar este tipo de medidas para comprobar si realmente permiten agilizar los procedimientos. “Lo que no se mide no se puede mejorar”, señala la organización empresarial, que confía en que la iniciativa pueda extenderse a otros municipios.

Por su parte, UGT comparte que la productividad debe estar vinculada a criterios "objetivos y no discriminatorios”, pero ve enormes dificultades para asociarla directamente al cumplimiento de plazos. Alberto Rozas, responsable del sector local en el sindicato, advierte de que no todos los expedientes tienen la misma duración. “Algunos pueden abrirse y cerrarse en el mismo día, mientras otros se prolongan durante meses y, además, suelen pasar por las manos de varios empleados”, explica. Por ello, considera que el sistema “políticamente queda muy bien, pero es prácticamente imposible aplicarlo con criterios objetivos”.

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