La derecha acusa al Principado de cargar "su ineptitud" a los funcionarios con el nuevo sistema para evaluar su trabajo

El sistema ideado por el Gobierno asturiano para evaluar el desempeño de sus funcionarios, que tendrá tanto consecuencias positivas como negativas en función del rendimiento, despierta ciertas dudas entre los partidos de la oposición. A las críticas de la derecha, que censura que el nuevo decreto es servirá para "premiar más si cabe el enchufismo y el amiguismo" de los socialistas, y que carga a los trabajadores públicos los "errores" de la propia Administración, se suman otras voces más moderadas como las de IU, socios en el Ejecutivo, advirtiendo que la cercanía electoral puede imprimir a la propuesta un carácter "oportunista, que lo dote de una velocidad inadecuada".

El secretario de Organización de la FSA, Luis Ramón Fernández Huerga, explica que el decreto, previsto para octubre, busca "fortalecer una administración más moderna, eficaz y eficiente que permita reducir los plazos administrativos y favorecer el impulso y el desarrollo económico de nuestra comunidad".

Sin embargo, para el PP no es más que "el típico conejo que el socialismo saca de la chistera en periodo prelectoral". El portavoz adjunto, Luis Venta, afirma que el Gobierno busca "ganarse la confianza de los empleados públicos, que tienen perdida, y premiar más si cabe el enchufismo y el amiguismo". "A nadie se le escapa que los pluses serán para los afines y los castigos para el resto. Es una manera más de invasión política del empleo público", asegura.

Venta apunta que el Principado lleva "dos años" sin resolver un concurso de méritos de jefaturas de sección y de servicio, "estando cientos de puestos de trabajo ocupados en situación de comisión de servicio". A su juicio, "sin dirección ni rumbo de los políticos, los empleados no pueden ofrecer buenos rendimientos; esta iniciativa también es para ocultar la ineptitud de quien está al frente de las distintas consejerías y sus equipos".

Para la portavoz de Vox, Carolina López, el Gobierno "legisla y gestiona creando un laberinto burocrático y una inseguridad jurídica que ralentiza y paraliza la Administración". "El castigo debería imponerse a aquellos políticos que no cumplen su programa y sus promesas electorales. Aquellos políticos que prometen una cosa y, cuando llegan al poder, hacen lo contrario", afirma.

De "sentido común"

En IU señalan que la propuesta del Principado "no es original ni poco razonable", pues "parece de sentido común que la Administración se dote de criterios para mejorar la eficiencia y la eficacia". No obstante, Alejandro Suárez, secretario de Estrategia, reconoce que desconocen "el contexto político y sindical que esta última iniciativa presentada públicamente puede haber generado". "La reforma de la Administración es una tarea que requiere pactos sindicales y políticos, y sosiego. La necesidad de reformas es evidente, pero no se aborda una de las más importantes: la guerra contra la burocracia".

Para el secretario general de Foro, Adrián Pumares, la evaluación a los funcionarios debe hacerse con "criterios objetivos, transparentes y con todas las garantías", y teniendo en cuenta "que, en la inmensa mayoría de las ocasiones, el mal funcionamiento de los servicios públicos no depende de los trabajadores, sino de plantillas insuficientes, falta de medios o malas decisiones políticas".

Por su parte, Covadonga Tomé, portavoz de Somos Asturies, cree que el sistema "suena a etapa educativa en la primera infancia", pide "objetividad y rigor" y critica que "no haya hasta la fecha herramientas capaces de asegurar que todos los empleados públicos realizan sus tareas y cumplen con sus funciones".

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