Los inspectores de pesca exigen "más protección" al Principado ante el aumento de "la hostilidad" cuando detectan furtivismo: "Ya no tenemos autoridad"

Los inspectores de pesca del Principado de Asturias se sienten "desamparados" ante el aumento de los episodios de hostilidad que, según denuncian, sufren durante el ejercicio de su trabajo. En los últimos años, estos profesionales, que se encargar de controlar y vigilar la actividad pesquera y evitar el furtivismo, han detectado un incremento "considerable" de los insultos, amenazas y, en algunos casos, agresiones físicas por parte de pescadores profesionales. El último episodio, aseguran, ocurrió el pasado viernes por la noche en el puerto de Tapia de Casariego, cuando, según el relato de la víctima, un pescador fue sorprendido con un caldero de centollos, cuya captura está vedada desde el pasado 1 de agosto.

Según cuenta uno de los inspectores presentes, los dos supervisores accedieron a la embarcación después de detectar una actividad que consideraron sospechosa. Al comprobar que el pescador tenía centollos a bordo, le comunicaron que se encontraba incumpliendo la normativa y que procederían a levantar la correspondiente denuncia. "Le dijimos que estaba prohibido pescar centollos a 14 de agosto y que íbamos a denunciarlo. Entonces se abalanzó sobre mi compañero y le agarró por el cuello", relata el inspector. El pescador, añade, les recriminó que aquella era "la tercera denuncia" que recibía por parte de los agentes.

El episodio, que los inspectores consideran "especialmente grave", pone sobre la mesa las condiciones en las que desarrollan su trabajo. "Lo llamativo de esta situación es que son pescadores profesionales, con licencia, que saben que tienen que cumplir la ley y que nuestra labor consiste precisamente en hacer que se cumpla", lamenta uno de los trabajadores. Los inspectores aseguran que la relación con el sector ha cambiado en los últimos años. "Hace años existía más colaboración porque los propios pescadores entendían que nuestra labor también era necesaria para que la pesca funcionase", recuerda el mismo trabajador. Ahora, en cambio, perciben una mayor "hostilidad" durante las inspecciones, especialmente cuando estas terminan en una denuncia.

A esta situación se suma, según denuncian, la sensación de "desamparo" por parte de la Administración. Los inspectores señalan directamente a la Dirección General de Pesca, dependiente de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, y reclaman que el Principado les proporcione una mayor cobertura cuando son víctimas de agresiones durante el ejercicio de sus funciones. "A este hombre le aplicarán la Ley de Pesca y será sancionado por pesca ilegal, pero en ningún caso esa norma contempla las agresiones", explica el inspector. El problema, añade, aparece cuando el trabajador decide emprender acciones legales por la vía penal. "Si quieres denunciar al agresor, tienes que pagarte un abogado e ir a la Justicia por tu cuenta. Eso no es justo porque es una agresión que se produce en el ámbito laboral", subraya.

Por ello, los inspectores reclaman al Principado "más protección" y medidas específicas para afrontar unas situaciones que, aseguran, no se limitan a un punto concreto del litoral asturiano. "Esto ocurre de oriente a occidente", señalan. Algunos trabajadores han llegado incluso a adoptar medidas de protección por iniciativa propia. "Hay compañeros de otras zonas de Asturias que han comprado sprays antiviolencia porque nunca sabes qué puede ocurrir durante una inspección", explica uno de ellos. Las revisiones, recuerda, suelen realizarse de forma sorpresiva, precisamente para evitar que las posibles infracciones puedan ocultarse.

Así ocurrió el pasado viernes en Tapia. Los inspectores observaron que una embarcación permanecía en el puerto a una hora que consideraron inusual y decidieron comprobar qué estaba sucediendo. "Vimos que era muy tarde para que estuviera en el puerto, por eso fuimos", relata el trabajador. Lo que encontraron fue el caldero con los centollos y, posteriormente, el enfrentamiento con el pescador. El episodio, aseguran, supone "la gota que colma el vaso" en un contexto en el que los insultos y las amenazas se han convertido en algo cada vez más habitual, siempre según su relato. Los inspectores matizan que las agresiones físicas continúan siendo "muy aisladas", pero advierten de que la tensión ha aumentado de forma notable desde la pandemia.

"Llegar a las manos es algo muy aislado, pero los insultos y las amenazas desde la pandemia se han multiplicado. Ya no tenemos autoridad y eso hace mella en nuestro trabajo", lamenta el inspector. Los trabajadores insisten en que no cuestionan la necesidad de controlar el cumplimiento de la normativa pesquera, sino las condiciones en las que tienen que hacerlo. Su reclamación, resumen, es que la Administración no se limite a sancionar la infracción cometida por el pescador, sino que también les respalde cuando del ejercicio de sus funciones deriva en una agresión.

Suscríbete para seguir leyendo