Asturias premiará a funcionarios con puestos en doce concejos despoblados: otras novedades del decreto por el que se evaluará el rendimiento de los empleados públicos
Las penalizaciones a funcionarios improductivos que plantea el Principado iban a ser más duras: "Tenían un marcado carácter punitivo", afirman los sindicatos
La nueva regulación mejora la situación de las técnicas de educación infantil y los procesos de promoción a una categoría superior

A.D.
El nuevo decreto de evaluación de desempeño y carrera profesional del funcionariado en el que trabaja el Principado será, de salir adelante, uno de los más severos del país, si se compara con la normativa de comunidades como Madrid, Andalucía o Galicia. Pero el texto podría haber sido más duro, según los sindicatos, que aseguran que la propuesta inicial “parecía un texto disciplinario”, puesto que tenía “un marcado carácter punitivo para las personas trabajadoras y un excesivo margen de discrecionalidad”. Igualmente, y más allá de la medición del rendimiento de los empleados públicos, el decreto incluirá incentivos para quienes presten servicio en concejos despoblados.
La negociación, aseguran desde UGT, permitió dibujar finalmente una última versión de “un sistema más equilibrado, orientado a la mejora del desempeño profesional y no a la sanción del personal”, que además incluye “más garantías para las personas evaluadas respecto al evaluador”.
Pero, además del sistema de evaluación, los sindicatos destacan las novedades que se han incorporado respecto a la carrera horizontal, que permite ascender de categoría o grado sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo. En primer lugar, se crean los puestos de “especial desempeño”, que permitirán al trabajador obtener hasta cuatro puntos adicionales al año cuando se preste servicio en determinados concejos. Estos son Boal, Degaña, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Pesoz y San Martín de Oscos. Quienes trabajen en municipios como Allande, Amieva, Cangas del Narcea, Tineo o Valdés pondrán conseguir dos puntos. Los sindicatos están negociando para ampliar el listado.
Además, se reconoce que, en los procesos de promoción vertical, los años de servicio y las puntuaciones obtenidas en la categoría de origen serán tenidos en cuenta para continuar la progresión profesional en el nuevo puesto. De esta forma, “se evita la pérdida de años y puntuación de progreso en la categoría o cuerpo de origen ya que se aplicaría a la categoría o cuerpo nuevo”.
También se incluye en la carrera profesional a las técnicas de educación infantil, que en la propuesta inicial no aparecían. Asimismo, se incorpora el reconocimiento recíproco de categorías entre el personal funcionario y el personal laboral.
UGT fue uno de los sindicatos que votó a favor de la propuesta regional, que el Principado espera tener aprobada para octubre. “Entendemos que el texto sometido a aprobación supone una mejora sustancial respecto al planteamiento inicial presentado por la Administración”, afirman, lo que ha sido posible gracias a “modificaciones relevantes impulsadas” por el sindicato.
También en CSIF respaldaron la propuesta, aunque reconocen que el decreto final no los convence totalmente. “Al final había poco margen de negociación porque hay muchos aspectos que ya vienen determinados por la ley de Empleo Público”, explican. Es el caso, por ejemplo, “del tema de las evaluaciones negativas” para funcionarios con bajo rendimiento.
Usipa, por su parte, se abstuvo en la votación al considerar que “el resultado final sigue sin ofrecer todas las garantías necesarias para el personal funcionario”. Concretamente, advierten que en la evaluación de desempeño “todavía existe margen para la discrecionalidad”, por lo que reclama “criterios objetivos, homogéneos y verificables”. Además, creen que “no se ha resuelto adecuadamente la situación de quienes promocionan a un grupo funcionarial superior”.
El debate sobre la evaluación de desempeño saltó después de que Villaviciosa anunciase que ligará la productividad a que se cumplan los plazos de los expedientes. Una propuesta que desde Comisiones Obreras ve difícil de aplicar porque “en los ayuntamientos no solo hay puestos administrativos, y esto es un caladero para que esa productividad se otorgue a puestos de rango alto”.
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