La línea trazada del autogobierno asturiano

El 24 de julio de 2019 Adrián Barbón firmó sus primeros decretos como presidente de Asturias en una mesa de roble que había ocupado Belarmino Tomás en su etapa al frente del Consejo (Interprovincial, primero, Soberano, después) de Asturias y León (1936-1937). Lo volvió a hacer cuando renovó mandato, el 31 de julio de 2023. Fueron actos simbólicos, pero cargados con la pólvora de la voluntad política de recoser el hilo virtuoso de las históricas aspiraciones autonómicas de Asturias y de la existencia de una acreditada tradición de autogobierno.

Aquel mueble atesoraba mucha historia en su vieja madera ocre. Pero ni Barbón ni la mayoría de los asturianos, entre ellos los historiadores profesionales, sospechaban entonces que sobre aquella misma mesa se habían firmado actas y decretos de una administración política surgida en plena Guerra Civil que dirigió durante poco más de un año entre balas y trincheras los destinos de la sociedad asturiana y del norte leonés. Desconocían también que sobre aquel escritorio se escribieron los 18 artículos y varias disposiciones transitorias del texto que conformaban el "Estatuto del Consejo Regional de Asturias y León", una apuesta institucional por darse un ordenamiento jurídico y legal, respetuoso con la Constitución democrática de la II República, que conectaba con otros momentos en que la región se jugó "la vida en una partida", como versificó Pedro Garfias en su poema más divulgado. También porque ese texto autonómico reconoce sus orígenes pero proyecta un futuro, que frustraría la victoria de las tropas golpistas del general Franco y los comedores de loto que optaron por el silencio y el olvido durante la Transición de la dictadura a la democracia.

Tuvo que ser Pablo Martínez Corral (Avilés, 1980), profesor de Historia y jefe de estudios del Instituto de Secundaria de La Fresneda y miembro de La Trókola, colectivo dedicado a recuperar la historia omitida y sepultada de la guerra y la postguerra, quien desvelase 90 años después de su redacción la existencia de este proyecto de Estatuto de Autonomía. Costeándoselo de su bolsillo, acompañado de Manuel, su padre, como fiel escudero, se ha dedicado a bucear en el Archivo Militar de Ávila, donde halló un tesoro para los memoriosos. Allí estaban varias cajas repletas de papeles oficiales del Consejo de Asturias y León, bajo el epígrafe "Documentación incautada", y que iluminaban un periodo de tragedia y laceración plagado de sombras y omisiones.

Si importante es la recuperación del proyecto de Estatuto de Autonomía, escrito con buena letra jurídica y hacendística, no lo son menos las numerosas actas oficiales y otros textos legales de la acción de gobierno de la institución que presidió Belarmino Tomás que confieren un contexto preciso a la voluntad política de optar por constituir una autonomía, integrada por cuatro territorios (Asturias, León, Zamora y Salamanca), en un tiempo en el que diferentes comunidades españolas habían aprobado cartas de autogobierno. Cataluña dio el primer paso en 1932 y ya en pleno conflicto bélico, las Cortes aprobaron la del País Vasco (octubre de 1936) y Galicia (febrero de 1938). Otros territorios (Andalucía, País Valenciano, Aragón o las Islas Baleares) abrieron su propio debate autonómico, pero sin resultados materiales.

Asturias fue siempre un caso aparte. El nacionalismo español, necesitado de mitos fundacionales, buscó en les borrines de Covadonga y convirtió a Pelayo y al Reino de Asturias en el supuesto germen de la nación española. Lo hicieron tanto el españolismo nacional-católico, como el democrático. Y fue con la la connivencia de algunos asturianos, caso del ultracatólico Alejandro Pidal y Mon o de los liberales Ramón Menéndez Pidal y Claudio Sánchez-Albornoz. Otros sectores, desde el carlismo, el agrarismo, el reformismo, el federalismo y cierta izquierda, defendieron la singularidad astur en sus aspiraciones por el autogobierno. Es lo que el filólogo gijonés David Guardado, autor del imprescindible ensayo "Nunca vencida. Una historia de la idea d’Asturies" (La Fabriquina, 2023), estudió con detalle para mostrar ese pulso que aún pervive: "una mira al futuro y se basa en la afirmación de la singularidad asturiana, mientras que la otra mira al pasado y se construye desde la renuncia y la señardá".

Con el Novecientos se intensificaron las voces asturianas en favor del autogobierno. La Diputación reclamó en diferentes momentos de las dos primeras décadas del siglo la ampliación de competencias, entre ellas una Hacienda propia; Manuel Llaneza, líder del SOMA y alcalde de Mieres, buscó en el municipalismo fórmulas para asentar las bases de un marco legal autonómico; el catedrático de Derecho Administrativo y magistrado Sabino Álvarez-Gendín publicó en 1932 un texto estatutario como apéndice de su libro "Regionalismo. El problema de Asturias" y ese mismo año, el socialista Ramón González Peña, el xeneralísimu discípulo de Llaneza y presidente de la Diputación, encargó a una comisión de intelectuales, políticos y juristas (Menéndez Pidal, Ramón Pérez de Ayala, José Álvarez-Buylla, Manuel Rico Avello y Teodomiro Menéndez) la elaboración de un proyecto de Estatuto de Autonomía, del que nada se sabe y que aún hoy algunos rastrean como el santo Grial de la asturianidad política. La mayoría de aquellos textos circulaban por les caleyes de la descentralización administrativa y un autonomismo economicista, con melifluas ambiciones políticas. Pero todo quedó en nada. El triunfo de las derechas en 1933 y la Revolución de 1934 frustraron las aspiraciones autonomistas.

Las urgencias imponen sus tiempos y desencadenan acontecimientos. El golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la Guerra Civil obligaron a buscar soluciones administrativas en el bando republicano. El aislamiento del Frente Norte abrió las puertas a la constitución de consejos de gobierno territoriales. En Asturias, la resistencia se articuló primero con los comités del Frente Popular y posteriormente, el 6 de septiembre de 1936, adquirió más músculo administrativo con el Consejo Interprovincial de Asturias y León, el Gobiernín, donde compartieron mesa de gobierno los ilustrados burgueses de Izquierda Republicana, los hiperactivos libertarios de la CNT y de la FAI, los rocosos militantes del PCE y los hegemónicos combatientes del socialismo minero de Llaneza de la FSA y del SOMA. A aquellos 15 hombres, muchos curtidos en las batallas revolucionarias en 1917 y 1934, las circunstancias les exigieron pasar del activismo a la acción. Gestionar un territorio en guerra y garantizar los servicios mínimos a una población acosada por los militares profesionales sublevados, bombardeada por la aviación nazi de la genocida Legión Cóndor y amenazada por las sangrientas tropas moras no era una tarea fácil. Pero lo hicieron durante más de un año. Ahí Belarmino Tomás y sus hombres comprendieron que la resistencia demandaba también una cobertura legal a aquel poder asturiano que ejercían día a día.

Ahí es donde el hallazgo del Archivo de Ávila adquiere toda su relevancia. El Estatuto del Consejo Regional de Asturias y León "no nació en un vacío ni fue la consecuencia natural de una única tradición autonomista" puntualiza Pablo Martínez Corral. Fue mucho más: "Hizo aflorar una vía concreta: la de una Asturias popular organizada desde el trabajo, la gestión y las instituciones del Frente Popular. Esta vía compartía con otros proyectos la pertenencia al país, pero le atribuía un contenido social radicalmente diferente", añade el historiador.

El proyecto estatutario del Gobiernín de Belarmino Tomás aleja de sí el mantra del cantonalismo y del independentismo. La lealtad al Ejecutivo central de la República nunca estuvo en duda: su apuesta, conformado en esos meses belicosos, "permite hablar de una comunidad imaginada desde abajo", aclara el profesor Martínez Corral, y su pertenencia convivía "con la lealtad española (y) con el internacionalismo proletario". Es de justicia destacar, como hace el historiador responsable del hallazgo, que el valor del Estatuto de 1937, supuestamente concluido en la primavera de ese año, "no fue el final natural de una línea anterior, sino de la irrupción de una solución nueva: el proyecto social surgido de quienes, durante la guerra, habían pasado de organizar el país a gobernarlo".

La calidad de la literatura jurídica y hacendística del texto refuerza la voluntad del gobierno de Belarmino Tomás por encontrar refugio legal a su hacer diario. A Martínez Corral le llama la atención "la precisión y la fortaleza intelectual de la redacción del Estatuto". No se debe olvidar que en aquella institución se sentaban trabajadores ilustrados, como el propio Tomás o Amador Fernández Montes, pero también intelectuales como el escritor Antonio Ortega y juristas como José Maldonado, último presidente de la República en el exilio, o Rafael Fernández, primer presidente preautonómico de Asturias. Todos ellos eran hijos de aquello que nuestro intelectual inorgánico Juan Cueto Alas bautizó como la "Ilustración proletaria".

La redacción del Estatuto de 1937, que viene con el sello del Consejo de Asturias y León, también anhelaba alejar el fantasma de la derrota. Su elaboración muestra la confianza en un futuro federal de España, en una autonomía conformada por cuatro provincias, "donde convivían el carbón y el trigo", y en el que las clases menesterosas serían los protagonistas de una democracia social. No se trataba de una confederación de sóviets astur, sino de un sistema con sufragio universal vinculado al trabajo, no a la propiedad como el censitario, y que garantizaba la separación de poderes. No hay que olvidar que enfrente tenían a unos militares sublevados alimentados por los venenos de Hitler y Mussolini. Frente a otros proyectos estatutarios anteriores, el del gobierno astur-leonés "estaba vinculado a un territorio política e históricamente articulado de distintas formas y desde una posición de clase trabajadora, mientras que el de Álvarez-Gendín, era una autonomía administrativa y patrimonializado por las élites", precisa Martínez Corral.

Una propuesta autonómica que enlaza con el "regionalismo de clase" que acuñó Cueto Alas en los años de la salida del franquismo. Cueto abogaba por superar la dicotomía entre el regionalismo de clase y el historicista y sostenía que la identidad asturiana emanaba de la fortaleza de la clase trabajadora. Una fórmula, asumida programáticamente por Gerardo Iglesias como líder asturiano del Partido Comunista, que entraba en colisión con la propuesta asturianista del presidente Pedro de Silva, que reconocía que el músculo de Asturias residía en la fuerza obrera organizada, pero hacía valer también su fortaleza a lo largo de los siglos en un acertado concepto: la "ecuación heroica", marcada a fuego por la resistencia, la solidaridad y el protagonismo en una sucesión de acontecimientos que conforman la historia asturiana, pero también contribuyen a la española y la europea.

Hay una línea trazada del autogobierno asturiano, parafraseando la asturianada de José Noriega Agüera. Y el proyecto de Estatuto de 1937 es otro finxu más, que contribuye a consolidar esa "ecuación heroica astur" formulada por Silva. La apuesta del estatuto belarminiano por conformar una autonomía integrada por Asturias, León, Zamora y Salamanca nos lleva al viejo Reino Astur-Leonés: certifica la existencia de una ecúmene, una historia común y unos vínculos sociales, culturales y lingüísticos, muchos de ellos persistentes. Otro cantar muy distinto sería su materialización administrativa, tanto hace 90 años como ahora mismo.

Aquel Consejo de Asturias y León de 1937 fue una página más de la consolidación de la personalidad histórica de la región. Esa línea está trazada también por la resistencia de los astures frente a los romanos; de la población indígena a la invasión árabe; de la extensión del Reino de Asturias por el resto de la Península Ibérica de la que nacieron dos estados (España y Portugal); de la extensión de los conceyos abiertos como semilla del parlamentarismo de los Decreta; de la fortaleza intelectual de las Luces de Feijoo, Jovellanos y compañía; de la rebelión del 25 de mayo de 1808 frente al invasor napoleónico y la proclamación de soberanía por la Junta General; de la revolución constitucionalista de Rafael del Riego frente a la satrapía de Fernando VII; de la propuesta protofederal de Álvaro Flórez Estrada, precedente del actual Estado de las Autonomía; de la ilustración de los regeneracionistas y rexonalistes del Grupo del Carbayón; de los fugaos y su persistencia montaraz frente a la dictadura; de las revueltas obreras del XX, con Octubre del 34 y la Güelgona del 62 como episodios más relevantes; de la vitalidad de los demócratas asturianos frente al franquismo que convirtieron el "Asturias, patria querida" en un grito de libertad en toda España y, también, la consolidación como comunidad autónoma desde 1983.

Hace 90 años, los miembros del Consejo Regional de Asturias y León elaboraron un Estatuto de Autonomía que ha permanecido oculto hasta que un tenaz y sabio profesor avilesino se encargó de rescatarlo del olvido de los archivos. ¿Por que no se conoció antes? ¿Por qué Rafael Fernández, presidente del preautonómico Consejo Regional (1978-1983) y uno de los consejeros que aprobaron el texto no desveló su existencia? ¿Por qué los historiadores profesionales no hurgaron en los registros oficiales para dar con estos expedientes? Lo hizo Pablo Martínez Corral, profesor de instituto y "un obrero de la Historia", como se define. Se amontonan las preguntas, más cuando todos los documentos del Gobiernín de Belarmino Tomás permanecieron hasta finales de la primera década de este siglo en las catacumbas de la Delegación del Ministerio de Defensa, en Oviedo, momento de su traslado al Archivo Militar de Ávila. Es la hora de los historiadores para reparar los vacíos y las ocultaciones, pero también es el momento de que el Gobierno del Principado, con el respaldo de la Junta General, reclame al Ejecutivo central la devolución de la "documentación incautada" a la ciudadanía asturiana para seguir paso a paso por el camino de esa línea trazada del autogobierno de Asturias.

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