Las ineficiencias arrastradas por los rigurosos controles tras el caso Marea atascan la gestión del Principado

Los datos son tozudos: el Gobierno asturiano arrastra desde 2020 dificultades para presentar unas cifras de ejecución presupuestaria de las inversiones de las que sentirse orgulloso, y los porcentajes han ido cayendo a medida que las cuentas autonómicas crecían en millones y el capítulo inversor se multiplicaba. Desde que en 2023 saltaron las alarmas por la pérdida de músculo gestor de la Administración asturiana, el Ejecutivo de Adrián Barbón ha reiterado su voluntad de atajar el problema. Pero, de manera pertinaz, Asturias sigue abonada a la cola de las comparaciones estadísticas entre comunidades que elabora el Ministerio de Hacienda. ¿Dónde está el problema?

Tal y como publicó LA NUEVA ESPAÑA, Asturias vuelve a situarse entre las comunidades con menor ejecución de sus inversiones, según los datos de mayo publicados por Hacienda.

El Gobierno del Principado defendió ayer que la ejecución presupuestaria de 2026 evoluciona por encima de los niveles del año pasado y confió en cerrar el ejercicio con mejores cifras. Fuentes de la Consejería de Hacienda señalaron que, a 30 de junio, se habían reconocido inversiones por un importe superior en 38 millones de euros al contabilizado en las mismas fechas de 2025.

Hacienda pidió, no obstante, cautela con los análisis realizados a mitad de año. «Los mejores análisis y los más rigurosos deben hacerse con los números a 31 de diciembre», señalaron fuentes del departamento, que recordaron además que "cada comunidad tiene sus propios ritmos de ejecución". En el caso de Asturias, el Gobierno subraya que buena parte del gasto se concentra tradicionalmente en el último trimestre, por lo que considera que las comparaciones intermedias no ofrecen una imagen definitiva del resultado anual.

La Consejería pone también el foco en el cierre del pasado ejercicio. Según sus datos, 2025 terminó con una ejecución del 69,1% en el capítulo sexto, correspondiente a inversiones reales, por encima del porcentaje registrado en 2024. Con esa referencia y la evolución del primer semestre, Hacienda prevé cerrar 2026 con mejores cifras que el año anterior.

Un atasco con varias causas

Lo cierto es que varias circunstancias ayudan a explicar el «atragantón» gestor del Principado. Ninguna resulta por sí sola determinante, pero su suma ha ido construyendo un cuello de botella difícil de desatascar.

Fuentes conocedoras del funcionamiento de la Administración regional señalan un antecedente que marcó un antes y un después en la tramitación: el «caso Marea» de 2010, el grave escándalo de corrupción que golpeó directamente a la contratación del Gobierno y que desembocó en un refuerzo de los controles internos y en procedimientos más estrictos.

Las consecuencias no se trasladaron de inmediato a las estadísticas de ejecución porque, al mismo tiempo, el presupuesto inversor del Principado se contrajo con fuerza. De los 553 millones presupuestados en 2011 se pasó a poco más de 160 millones apenas dos años después, en paralelo a una reducción del volumen global de las cuentas autonómicas.

Ese menor volumen de inversión facilitó durante varios ejercicios la gestión de unas cantidades mucho más modestas. Entre 2013 y 2021, con partidas inversoras generalmente por debajo de los 200 millones, el Principado logró cerrar varios ejercicios con porcentajes de ejecución muy superiores a los actuales, cercanos al 80%.

La dinámica cambió cuando el presupuesto volvió a engordar. En 2022, el capítulo inversor se acercó ya a los 300 millones y, en solo cuatro años, ha escalado hasta los 549 millones previstos en 2026. Al mismo tiempo, el presupuesto autonómico pasó de unos 5.200 millones a rozar los 7.000 millones. La máquina administrativa tuvo que empezar a digerir una tromba de millones con procedimientos internos, controles e inercias diseñados para otra escala. Y ahí empezó la deglución lenta.

Reformas para acelerar la maquinaria

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, no ha ocultado la preocupación por los bajos niveles de ejecución, aunque siempre sitúa el examen definitivo en el cierre del ejercicio, momento en el que Asturias aprueba pero no saca nota. En distintas comparecencias públicas ha insistido en que el Gobierno dispone de una agenda de reformas para tratar de mejorar esos datos.

Este mismo año, en marzo, Peláez volvió a señalar varias líneas de actuación: reforzar la planificación de subvenciones y contratos, agrupar procedimientos, simplificar trámites administrativos, avanzar en la digitalización y potenciar la gestión telemática.

El Principado ha creado además un Servicio de Planificación y Ordenación de la Contratación, concebido para orientar a las consejerías y simplificar los procesos contractuales. El Ejecutivo también ha tratado de reducir uno de los paréntesis más incómodos del calendario presupuestario: los primeros meses del año, cuando una parte de las cuentas todavía no está plenamente operativa. Para ello ha intentado potenciar el mecanismo de los anticipos de gasto.

Peláez fía asimismo parte de la solución a la futura ley de Hacienda, anunciada al comienzo de la legislatura y todavía pendiente. El objetivo declarado es modernizar procedimientos y ganar agilidad en una Administración que cada vez tiene más recursos que gestionar.

Las reformas están en marcha y el Gobierno sostiene que las cifras de este año mejoran las de 2025. Pero el dato comparado sigue colocando a Asturias en los últimos puestos. Entretanto, la digestión presupuestaria del Principado continúa siendo lenta y pesada.

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