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El Principado defiende su política fiscal para las rentas medias y rechaza las rebajas "indiscriminadas" del PP

La viceconsejera de Presupuestos, Mar Salgado, cifra en 126.000 los contribuyentes beneficiados por las medidas autonómicas y en 91,7 millones su impacto, y atribuye el aumento de la recaudación a la mejora de la economía, al tiempo que niega las cifras populares sobre deuda e inejecución de inversiones

El consejero de Hacienda de Asturias, Guillermo Peláez, con la viceconsejera de Presupuestos y Financiación Autonómica, Mar García Salgado.

El consejero de Hacienda de Asturias, Guillermo Peláez, con la viceconsejera de Presupuestos y Financiación Autonómica, Mar García Salgado. / J.J.Guillen

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Vicente Montes

Vicente Montes

Oviedo

El Gobierno del Principado ha defendido este viernes que su política fiscal ya ha permitido rebajar impuestos a 126.000 asturianos, con un impacto estimado de 91,7 millones de euros, y ha rechazado el planteamiento del PP de acometer reducciones tributarias de carácter general. La viceconsejera de Presupuestos, Mar García Salgado, ha respondido a las críticas formuladas por el portavoz económico popular, Andrés Ruiz, defendiendo un modelo dirigido a las clases medias y trabajadoras y basado en mantener la progresividad fiscal y unos ingresos suficientes para financiar los servicios públicos.

«Son visiones distintas de la política fiscal», ha resumido Salgado. Frente a unos partidos que, según ha sostenido, «abogan por rebajas indiscriminadas de impuestos» que terminan beneficiando especialmente «a las mayores rentas y patrimonios», la responsable autonómica ha situado al Principado entre los gobiernos que pretenden concentrar los beneficios tributarios en quienes consideran que más apoyo necesitan.

La respuesta se ha producido después de que Ruiz acusara al Ejecutivo de Adrián Barbón de preparar un «discurso electoral» con su anunciada revisión fiscal para las clases medias y reclamara la deflactación de la tarifa autonómica del IRPF. El PP sostiene que la recaudación por este impuesto ha aumentado un 65% desde la llegada de Barbón a la Presidencia y cifra en unos 1.300 millones el crecimiento de los ingresos autonómicos por impuestos directos e indirectos desde 2019.

Salgado ha negado que el Ejecutivo haya permanecido inactivo ante esa evolución. Ha recordado las deducciones incluidas dentro de la denominada vía fiscal asturiana y, especialmente, la modificación de tipos y tramos que entró en vigor el 1 de enero de 2025 y cuyos efectos se han reflejado en la última campaña de la renta.

«El Gobierno del Principado lleva toda la legislatura llevando a cabo una política fiscal centrada precisamente en mejorar la fiscalidad de las clases medias y trabajadoras», ha afirmado. Según los últimos cálculos de Hacienda manejados por el Ejecutivo, las medidas han alcanzado a unos 126.000 contribuyentes y han supuesto 91,7 millones de euros. Salgado ha relacionado también con esos cambios el incremento de las devoluciones tramitadas en Asturias durante la última campaña.

La recaudación y las nuevas medidas

El Principado tampoco comparte la interpretación del PP sobre el fuerte aumento de la recaudación. Para Salgado, el crecimiento de los ingresos tributarios responde en buena medida a la evolución favorable de la economía y no constituye una singularidad asturiana.

«La recaudación no solo aumenta en Asturias, aumenta en toda España», ha señalado. La directora general ha vinculado los mayores ingresos por IRPF a la existencia de más trabajadores y a la mejora de las rentas, mientras que en el caso del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales ha apuntado al aumento de las compraventas de viviendas y al creciente interés de personas de fuera del Principado por adquirir inmuebles en Asturias.

También ha rechazado la tesis popular de que la comunidad debe utilizar sus impuestos para competir con los territorios vecinos. «Los impuestos no son para competir con otras comunidades autónomas a ver quién cobra menos», ha defendido.

El Gobierno mantiene, no obstante, abierta la posibilidad de introducir nuevas medidas en los próximos Presupuestos. Salgado ha confirmado que Hacienda está estudiando fórmulas para seguir «mejorando la fiscalidad de las clases medias y trabajadoras», aunque todavía no ha concretado su contenido.

La responsable de Presupuestos ha señalado dos límites para ese trabajo: conservar los ingresos necesarios para financiar los servicios públicos y mantener la progresividad del sistema tributario. A ello se añaden, ha explicado, las restricciones derivadas de las reglas fiscales. «Cualquier decisión en materia fiscal siempre tiene que estar vinculada al presupuesto», ha advertido.

El Gobierno niega una inejecución de 1.300 millones

Salgado ha rechazado igualmente otro de los pilares de la crítica del PP: la ejecución de las inversiones. Los populares han asegurado que entre 2023 y 2025 quedaron sin ejecutar unos 1.300 millones de euros y han recordado que el grado de ejecución de los capítulos inversores fue del 56% el pasado ejercicio.

La viceconsejera de Presupuestos ha replicado que esa comparación no tiene en cuenta el carácter plurianual de buena parte de los proyectos y, especialmente, de los financiados con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. «Se están dando unas cifras que son irreales. Se está hablando de inejecuciones de 1.300 millones de euros. Eso no es real», ha afirmado.

Según ha explicado, numerosos proyectos iniciados en 2023 o 2024 tienen como horizonte de finalización 2026, por lo que considerar como definitivamente no ejecutadas las cantidades que no se gastaron en su primer ejercicio ofrece, a juicio del Gobierno, una imagen incorrecta. Salgado ha asegurado que los últimos datos de determinados programas europeos apuntan a porcentajes de ejecución superiores al 90%.

También ha pedido esperar al cierre del ejercicio para evaluar la inversión de 2026 y ha subrayado que tradicionalmente buena parte de la ejecución presupuestaria se concentra en los últimos meses del año.

Menos deuda en dos años

El tercer frente de la respuesta ha sido el endeudamiento. El PP había advertido, citando datos de Fedea, de que Asturias podría destinar 130 millones de euros este año al pago de intereses y había atribuido ese coste a las decisiones adoptadas por el Gobierno sobre la composición de su deuda.

Salgado ha rechazado esa cifra y ha asegurado que el coste anual de los intereses se mueve actualmente «entre 80 y 90 millones de euros», dependiendo del ejercicio. Aunque ha reconocido el impacto de la subida general de los tipos de interés, ha señalado que ese fenómeno afecta tanto al Estado como al resto de comunidades.

La directora general ha defendido además la evolución del endeudamiento asturiano, que, según sus datos, se ha reducido en 350 millones de euros en términos absolutos durante los dos últimos años y se sitúa ya por debajo del 13% establecido como referencia por la normativa comunitaria.

Con estos argumentos, el Ejecutivo ha enmarcado el enfrentamiento con el PP en dos modelos fiscales diferentes. Mientras los populares reclaman deflactar el IRPF y acometer una rebaja más amplia de impuestos, el Principado mantiene que cualquier nuevo alivio tributario debe dirigirse prioritariamente a las rentas medias y trabajadoras, preservar la progresividad y garantizar al mismo tiempo los recursos con los que se financian los servicios públicos.

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