Patronal y sindicatos, de la mano para exigir el fin del Huerna: "Es un agravio y una vergüenza, el Ministerio actúa con terquedad"

La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, considera «muy preocupante» el desprendimiento de una losa de hormigón en el túnel del Negrón de la autopista del Huerna y advierte de que el incidente no puede analizarse como un hecho aislado. «Hace apenas unas semanas ya se produjo otro incidente en el propio túnel (15 camiones rozaron con el techo al desprenderse un cable) y seguimos acumulando afecciones en una infraestructura absolutamente estratégica para Asturias», señaló la dirigente empresarial.

Para Calvo, la prioridad debe ser «garantizar la seguridad» sin olvidar el objetivo final: acabar con el pago. «Nuestra posición es clara: Asturias no debería seguir pagando por su principal conexión con la Meseta. Necesitamos una AP-66 segura y plenamente operativa, pero también libre de una barrera que durante demasiado tiempo ha penalizado nuestra movilidad y nuestra competitividad», enfatizó.

Una «contradicción difícilmente asumible»

Calvo considera que la situación vuelve a poner de manifiesto una «contradicción difícilmente asumible»: los asturianos continúan pagando por utilizar su principal conexión por carretera con la Meseta mientras sufren «incidencias, cortes y restricciones» que condicionan su funcionamiento. «Si ya cuestionamos que Asturias tenga que pagar por esta conexión, mucho más difícil resulta justificarlo cuando el servicio ni siquiera puede prestarse con plena normalidad», apuntó.

La presidenta de la patronal asturiana va más allá de las actuales incidencias y sitúa el foco en el peaje. «El peaje del Huerna constituye una barrera para Asturias, que penaliza diariamente la movilidad de los ciudadanos y la competitividad de nuestras empresas, encareciendo nuestros desplazamientos y el transporte de mercancías», sostiene. «Nuestra principal conexión con el centro del país no debería seguir suponiendo una desventaja frente a otros territorios». Por ello, entiende que mientras continúen las afecciones «resulta todavía menos comprensible mantener el cobro íntegro del peaje».

FADE, junto con las patronales del transporte, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo contra la concesión de la autopista, que la Comisión Europea considera ilegal. El Principado también presentó su propio recurso.

«La vía judicial no puede sustituir a la responsabilidad política. Los asturianos no deberíamos tener que esperar a que se pronuncien los tribunales para que se adopten las decisiones necesarias para acabar con el peaje», aseguró Calvo.

Críticas al peaje y a la seguridad

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, fue especialmente crítico con la situación del Huerna y con la obligación de pagar por utilizar una vía que, a su juicio, presenta además problemas de seguridad. «Hay que acabar con esta terquedad y esta necedad del Ministerio de colgarnos el San Benito a todos los asturianos de tener que pagar desde que nacemos hasta que morimos por el peaje de una autopista fantasma por quien existe y además es insegura cada vez que pasamos por ella», afirmó. «El Huerna es una vergüenza, un lastre y una indignidad para todos los asturianos que no nos merecemos», añadió el dirigente sindical.

En la misma línea, Comisiones Obreras de Asturias consideró «una prioridad» la supresión inmediata del peaje para acabar con «el agravio comparativo que sufre nuestra región». Su responsable de Política Institucional, Ana María Rodríguez, reclamó «una solución urgente» y defendió que eliminar el peaje «es hacer justicia». Además, vinculó la reclamación con el dictamen de la Comisión Europea y sostuvo que la supresión del pago no tendría por qué afectar a las inversiones en infraestructuras. Al contrario, afirmó que podría convertirse «en un estímulo para desarrollar las cuestiones pendientes» y contribuir a situar a Asturias «como nodo logístico de primer orden para las conexiones de la península con Europa».

Ambas organizaciones sitúan así el peaje como uno de los principales problemas pendientes en una infraestructura que consideran esencial para las comunicaciones y la actividad económica del Principado. UGT y CCOO respaldan además la intención del Gobierno regional de multar con 1,1 millones de euros a la concesionaria Aucalsa por mantener el cobro del peaje pese a las afecciones derivadas de las obras.

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