El Principado defiende, ante las críticas de ganaderos y conservacionistas, la "solidez técnica" del nuevo control del lobo en Asturias: se prevé eliminar 67 ejemplares hasta finales de 2027

El Principado defendió este lunes la "solidez técnica" del nuevo programa de control del lobo, que permitirá la extracción de un máximo de 67 ejemplares hasta finales de 2027, ante la posibilidad de que la medida vuelva a acabar en los tribunales, tal y como han avanzado organizaciones conservacionistas, contrarias a que se maten animales.

El director general de Planificación Agraria, Marcos da Rocha, sostuvo, antes de la reunión del Consejo Consultivo del Lobo, que las decisiones adoptadas por la Administración están respaldadas por documentación técnica y por los datos disponibles sobre la evolución de la especie y de los daños a la ganadería. En el consejo están representados el Principado, además de guardas de Medio Ambiente, conservacionistas y organizaciones agrarias, que ya han avanzado su malestar con los planes de Medio Rural en LA NUEVA ESPAÑA. De hecho, el Grupo Lobo se concentró delante de la Consejería, en Oviedo, para mostrar su rechazo al programa de control.

El programa que la Consejería de Medio Rural lleva al órgano consultivo tiene como principal objetivo compatibilizar la conservación del lobo con el mantenimiento de la ganadería extensiva y reducir tanto los ataques a las explotaciones como la conflictividad que genera la presencia de la especie en determinadas zonas rurales. La cifra de 67 ejemplares constituye un máximo y las actuaciones se distribuirán territorialmente en función de la situación de cada zona.

Da Rocha puso especial énfasis en la fundamentación del documento después de los problemas judiciales que obligaron a paralizar el anterior programa en febrero sin haber completado el número previsto de lobos a eliminar: eran 53 y se quedó en 31. El Tribunal Supremo anuló en febrero parte de la regulación sobre la que se sustentaban los controles y el Gobierno asturiano respondió modificando el II Plan de Gestión del Lobo. El nuevo decreto, publicado en julio, establece que los cupos deben fijarse atendiendo a los datos de población, la evolución de los daños, el grado de conflictividad social y la disponibilidad de presas silvestres.

Ante la posibilidad de que colectivos contrarios a las extracciones presenten nuevos recursos, el director general defendió que el Principado ha tratado de dotar a sus decisiones del máximo respaldo técnico. La Consejería dispone, entre otra documentación, del censo de 2025 y de análisis sobre la evolución de las estimaciones poblacionales durante la última década. También cuenta con un estudio sobre las áreas de campeo de ejemplares radiomarcados y su importancia para la gestión de la especie, realizado en colaboración con el Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad, IMIB-CSIC-Universidad de Oviedo.

Conocimiento de la especie

Da Rocha recalcó además que la gestión del lobo va más allá de los controles poblacionales. El Ejecutivo autonómico pretende seguir avanzando en el seguimiento de las manadas y en el conocimiento científico de la especie, de forma que las decisiones futuras puedan apoyarse en información cada vez más precisa sobre su distribución y evolución. Esta vertiente de estudio y monitorización forma parte de una política que el Principado presenta como adaptativa y ligada a la situación que se registre en cada momento.

Los últimos datos son precisamente uno de los principales argumentos del Gobierno regional para justificar el nuevo programa. Asturias cuenta con 50 manadas identificadas, 46 de ellas reproductoras, y la población se estima entre 412 y 460 ejemplares. El lobo ocupa ya alrededor del 83% del territorio asturiano y la Administración aprecia una tendencia creciente desde comienzos de siglo, cuando se contabilizaban 22 manadas.

También han aumentado los perjuicios ocasionados a las explotaciones. Durante 2025 se confirmaron ataques sobre 3.893 cabezas de ganado, un 30% más que en 2021, mientras que las indemnizaciones abonadas por la Administración ascendieron a 1,91 millones de euros, un 59% más que cuatro años antes. Son datos que Medio Rural utiliza para sostener la necesidad de intervenir especialmente en aquellos territorios donde la presión sobre la ganadería es mayor.

El paso por el Consejo Consultivo forma parte de la tramitación previa a la aprobación definitiva del programa. La previsión de la Consejería es que los controles puedan retomarse en septiembre, una vez culminado el procedimiento y publicada la resolución correspondiente en el Boletín Oficial del Principado.

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