El aumento del censo de asturianos en el extranjero despierta recelo en la oposición, que exige control, y el PSOE acusa al PP de "sembrar bulos"

El fuerte crecimiento del censo de asturianos residentes en el extranjero, publicado por LA NUEVA ESPAÑA, ha abierto un nuevo elemento de discrepancia política en Asturias a menos de un año de las elecciones autonómicas. El aumento en casi 20.000 electores del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) desde los comicios de 2023, hasta alcanzar los 142.513 inscritos, provoca lecturas muy distintas entre los partidos asturianos. El PSOE rechaza las sospechas sobre los efectos electorales de la denominada «ley de nietos» y acusa a la derecha de «sembrar bulos», mientras PP y Foro reclaman garantías sobre el censo y Vox cuestiona directamente las consecuencias de la norma. Convocatoria por Asturies y la diputada Covadonga Tomé, por su parte, centran su discurso en las causas de la emigración y en las políticas necesarias para favorecer el retorno.

El secretario de Organización de la FSA-PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga, salió al paso de las dudas planteadas desde la oposición y reivindica la Ley de Memoria Democrática como una medida de reparación. «La ley de nietos viene a saldar una deuda y a reparar una injusticia cometida con los asturianos que tuvieron que abandonar su tierra y con sus descendientes», sostuvo. Para Huerga, cuestionar la norma implica «cuestionar nuestro sistema democrático», algo que considera «especialmente grave» cuando las críticas proceden del principal partido de la oposición. El dirigente socialista incide además en que el plazo para solicitar la nacionalidad al amparo de este procedimiento se cerró en octubre de 2025 y señala que actualmente serían unas 300.000 las personas con derecho a voto derivadas del proceso en el conjunto del país. «A la malicia del PP soltando bulos para sembrar la duda no le salen las cuentas ni en las cifras ni en los tiempos», afirma.

El PSOE cree que las críticas que algunos partidos han dirigido contra el proceso forman parte de una «maniobra torticera y antidemocrática de la derecha y la extrema derecha» para poner bajo sospecha una legislación que, defiende Huerga, «lo único que hace es reconocer derechos a aquellos a quienes les fueron arrebatados».

Muy matizada fue la respuesta del PP, con un claro respaldo a las necesidades de los asturianos en el extranjero, pero los populares reclaman garantías sobre la confección del censo. La secretaria general de los populares asturianos, Beatriz Llaneza, consideró que el incremento demuestra que «Asturias no termina en nuestras fronteras geográficas». «Tenemos más de 142.000 asturianos viviendo fuera, y es un dato que debe ser visto como una oportunidad, no como un problema», señaló Llaneza. El PP planteó aprovechar la comunidad asturiana en el exterior como una red para atraer «oportunidades, inversión, talento y futuro», al tiempo que reclama políticas que faciliten el regreso de quienes quieran retornar.

La dirigente popular también pidió evitar que la emigración se convierta en un elemento de confrontación. «La asturianía en el exterior nos debe unir a todos y nunca se debería politizar ni intentar utilizar», afirma. En este contexto enmarcó la propuesta del presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, para que todos los grupos de la Junta General estén presentes en el próximo Congreso Mundial de la Asturianía de Buenos Aires. Eso sí, Llaneza reclamó que el derecho al sufragio pueda ejercerse «con un censo fiable, verificable y que esté correctamente asignado».

Más crítica fue la postura de Vox. Su presidena y portavoz en la Junta, Carolina López, vinculó el debate sobre el CERA con la pérdida de población joven y recordó que su partido ha llevado al Tribunal Supremo la denominada «ley de nietos». Para López, más allá de los nuevos procesos de nacionalización, el problema de fondo es que «Asturias lleva años expulsando a demasiados jóvenes que no encuentran aquí empleo, vivienda ni oportunidades para construir su futuro». La parlamentaria considera «paradójico» que puedan incorporarse al censo personas «que pueden no haber vivido nunca en España» mientras asturianos nacidos y criados en la comunidad «han tenido que marcharse». «Queremos una Asturias a la que se pueda volver, pero sobre todo una Asturias de la que nuestros jóvenes no tengan que irse», resume.

Desde Convocatoria por Asturies-IU, su portavoz parlamentario, Xabel Vegas, restó protagonismo a las nuevas nacionalizaciones como explicación exclusiva del fenómeno. A su juicio, «el impacto real» tiene más relación con «el espectro demográfico actual de Asturias y la importancia que tiene este voto exterior ya de forma previa». Vegas recordó la larga tradición emigrante de la comunidad y los vínculos que históricamente mantuvieron los asturianos en el exterior a través de instituciones como los centros asturianos. Su propuesta pasa por que las administraciones hagan «un esfuerzo por facilitar el retorno» y por convertir Asturias en una comunidad «importadora de talento y no exportadora».

También señaló que mientras que en los años noventa «muchos asturianos salían por la falta de perspectivas laborales», actualmente «una parte de los jóvenes marcha al extranjero para ampliar sus estudios o su formación». «Son perfiles diferentes», apunta.

Foro Asturias puso el acento en las garantías del proceso electoral. Su secretario general y portavoz parlamentario, Adrián Pumares, consideró «imprescindible garantizar la máxima transparencia y seguridad jurídica» ante el crecimiento del censo exterior. Pumares recuperó además el precedente de las autonómicas de 2012, cuando una controversia sobre el voto emigrante en la circunscripción occidental acabó en los tribunales. «No deben repetirse experiencias como la de las elecciones de 2012, cuando el TSJA ordenó repetir el voto emigrante en la circunscripción occidental», señala. El dirigente forista recuerdó que el Tribunal Constitucional terminó anulando aquella decisión judicial y que aquello «posibilitó que gobernase el PSOE».

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, de Somos Asturies, dirige en cambio la atención hacia las condiciones materiales para regresar al Principado: «Lo que nos interesa es que ojalá la gente asturiana que viva fuera pueda volver a desarrollar su proyecto vital en Asturies si esa es su elección», afirmó. Tomé reclamó políticas capaces de ofrecer empleos estables, vivienda asequible y buenos servicios públicos. «Es esencial que como comunidad autónoma luchemos por tener políticas para que la gente pueda acceder a vivienda asequible, buenos servicios públicos y a oportunidades laborales», señala.

Asturias cuenta ya con 142.513 electores en el extranjero, 19.312 más que en las autonómicas de mayo de 2023, un crecimiento del 15,7%. En sentido contrario, el número de electores residentes en el Principado ha caído en algo más de 3.200 durante el mismo periodo. El debate adquiere especial relevancia ante las elecciones autonómicas de 2027 y el precedente de 2023, cuando el escrutinio mantuvo durante varios días en el aire uno de los escaños de la circunscripción oriental.

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