Usuarios de asistencia personal reclaman que la inversión estatal para Dependencia llegue a Asturias "sin copagos ni recortes"

Activistas por los derechos de las personas con diversidad funcional y usuarios de servicios de asistencia personal reclamaron este martes al Principado suprimir los copagos en la ayuda a domicilio. El nuevo decreto que prepara la Consejería de Derechos Sociales actualizará el precio, teniendo en cuenta la media del intervalo de horas del grado de dependencia reconocido, y no necesariamente las horas reales que recibe el usuario. Su reclamación es clara: que el incremento de la inversión estatal destinada a Dependencia llegue a la región "sin copagos ni recortes".

“Una persona con grado I de dependencia solo tendría acceso con el copago aplicado del 20% a percibir 6 horas a la semana, ni siquiera 1 hora al día”, explicó Lluisa Nogueiro, tras mantener una reunión con la directora general de Gestión de Derechos Sociales del Principado, Diana Fernández, en la que también participaron los activistas Moisés Colom y Cristian Lago.

Según defendieron, “muchas de las personas que necesitan estos apoyos han trabajado y cotizado durante años y, cuando aparece una situación de dependencia, el sistema debe responder con prestaciones suficientes, dignas y accesibles”.

Esta medida, que obliga a los beneficiaros a participar económicamente del coste de determinados servicios en función de su renta, se suma la inclusión de los complementos destinados a compensar la necesidad de ayuda de otra persona en el cálculo de la capacidad económica y de los copagos.

“Estos complementos no constituyen una renta ordinaria ni incrementan libremente la capacidad económica de quien los recibe. Su finalidad es afrontar los costes extraordinarios asociados a una necesidad permanente de apoyo. Tenerlos en cuenta para elevar el copago supone detraer recursos destinados precisamente a cubrir una situación de dependencia que, en la práctica, continúa sin estar completamente atendida”, detallaron.

Por eso, reclamaron que el desarrollo del nuevo decreto evite “esta doble penalización” y garantice que ninguna persona “pierda capacidad real de cuidado por recibir una prestación concebida para compensar esa misma necesidad”.

La reunión también sirvió para poner sobre la mesa el tiempo que transcurre desde que una persona pide la Dependencia y esta le es concedida. Los activistas valoraron la puesta en marcha del “Plan Agiliza”, pero insistieron en que la agilidad administrativa debe dar lugar a “apoyos suficientes, accesibles y ajustados a las necesidades de cada persona”.

La reunión se produce en un contexto de fuerte incremento de la financiación estatal. Asturias recibirá este año 104,7 millones de euros para financiar su sistema de dependencia: 19,6 millones más que en 2025, lo que representa un incremento del 23,1 %.

“Esta financiación sí está a la altura de las circunstancias. Ahora debemos conseguir que el dinero llegue cuanto antes a las personas usuarias y se traduzca en horas reales de asistencia, autonomía y calidad de vida”, defendió Nogueiro.

La reunión concluyó con el compromiso de ambas partes de mantener abierto el diálogo y estudiar avances en estas materias.

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