Principado y FADE, de la mano para exigir el fin del peaje del Huerna
Gimena Llamedo reprocha al PP su posición sobre la autopista y María Calvo dice que "no es de recibo" que la autopista sea de pago

Vehículos en el peaje del Huerna. |

El Principado y la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) han vuelto a elevar una exigencia común: que el Ministerio de Transportes ponga fin al peaje de la autopista del Huerna (AP-66), cuya concesión considera irregular la Comisión Europea. El estado de la autopista, con varias obras en marcha y un reciente desprendimiento leve en el túnel del Negrón, también está siendo objeto de fuertes críticas.
La vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo, reprochó ayer al PP que "nunca" haya formulado ninguna crítica ni haya calificado de "injusta" la decisión adoptada por el Ejecutivo de José María Aznar de prorrogar desde 2021 hasta 2050 el peaje de la autopista del Huerna (AP-66). Una prórroga que ahora la Comisión Europea considera "ilegal".
Llamedo señaló que el Gobierno del Principado actúa "siempre" en defensa de los intereses de Asturias para reclamar la eliminación de un peaje "ilegal" en una vía que, además, se ve afectada ahora por cortes continuos derivados de las obras que se realizan en su trazado. La autopista tiene 19 incidencias activas contabilizadas a lo largo de sus 77,8 kilómetros, lo que supone una afección cada 4,1 kilómetros de media. Llamedo pidió ponerse "en la piel" de quienes circulan por la AP-66 ante los "continuos" cortes e incidentes que sufre una vía en la que se paga un peaje "de manera injusta". La vicepresidenta también respaldó las palabras de la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, quien calificó de "una vergüenza" la prórroga.
María Calvo, presidenta de FADE, aseguró ayer que "no es de recibo que se siga cobrando por una infraestructura que claramente no está en las condiciones adecuadas". La patronal, al igual que el Principado, ha elevado un recurso al Supremo contra la prórroga de la autopista. Calvo, además de apretar en la vía judicial, considera que no debe abandonarse la vía política, "que debe ser conjunta y liderada por el Gobierno de Asturias".
La polémica sobre el Huerna se remonta a la decisión adoptada en 2000 por el Gobierno de Aznar para ampliar la concesión de Aucalsa, entonces prevista hasta 2021, hasta el año 2050. Bruselas cree que esa ampliación es irregular y abrió un expediente que podría acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
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