La ley que prepara Moncloa pone en riesgo centros de datos como el de Salas, alerta el sector

Spain DC, la Asociación Española de Centros de Datos, ha advertido este lunes de que la nueva normativa que prepara el Gobierno español para regular estas infraestructuras (y que exige, entre otros requisitos, el consumo de energías renovables) supone un "riesgo de pérdida de entre el 80% y el 90% de las inversiones" y reclama "cambios sustanciales" sobre el borrador gubernamental, que acaba de salir a consulta pública y sobre el que pueden presentarse alegaciones hasta este jueves día 4.

En un comunicado, Spain DC, que ejerce como patronal de estas infraestructuras, ha mostrado su "preocupación" por el proyecto de real decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética y soberanía digital aplicables a los centros de datos, unas infraestructuras en auge en todo el mundo, también en España, donde se ha registrado un gran aluvión de solicitudes de inversión.

Uno de los miembros de la junta directiva de Spain DC es Armando Layna, socio director de Sales Four You, la compañía promotora que ha anunciado la construcción de un gran almacén de datos informáticos en Salas, cuya construcción se prevé comience en 2027 y concluya en 2030. Layna estima la creación de 3.000 empleos en la fase de edificación y 120 puestos directos una vez la instalación esté funcionando.

Si bien el propio empresario ha asegurado que el proyecto de Salas es «nativo sostenible» y que incorporará un parque con 350 paneles solares, los requisitos planteados por el borrador gubernamental son muy elevados en materia de sostenibilidad, dado que exigen que el 80% de los centros funcionen con energía verde de nueva instalación.

En este contexto, la patrona del sector ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez "cambios sustanciales" antes de la aprobación definitiva del texto y ha asegurado que presentará alegaciones. Spain DC considera que, si la norma se aprueba en sus términos actuales, "España se situaría como el país con el marco regulatorio más restrictivo de la Unión Europea" y que el diseño, la intensidad, acumulación y calendario de determinadas exigencias "pueden comprometer inversiones reales, dificultar la viabilidad de proyectos maduros y reducir significativamente la competitividad" del país frente a otros mercados europeos.

Así, SpainDC ha advertido de que hay proyectos y planes de inversión que empiezan a valorar alternativas de localización en otros mercados europeos ante un posible marco español "más rígido, menos previsible y difícil de compatibilizar con los tiempos reales de desarrollo de estas infraestructuras", y estima que podría ponerse en riesgo entre el 80% y el 90% de la nueva inversión susceptible de elegir España como destino.

"Estamos hablando de compañías que toman decisiones de inversión a muy largo plazo. Cuando una Administración concede un permiso de acceso y conexión, un proyecto puede empezar a comprometer suelo, financiación, obra, equipos, contratos energéticos y acuerdos con terceros. Las reglas pueden cambiar, pero cambiar de forma estructural las condiciones de esas inversiones y conceder apenas seis meses para adaptarse plantea un problema muy serio de seguridad jurídica y proporcionalidad", ha afirmado el presidente de Spain DC, Emilio Díaz.

«Una regulación que pretende reforzar nuestra soberanía digital puede terminar consiguiendo justamente lo contrario: que inversión, empleo y capacidad de cómputo se localicen fuera de España», alertó por su parte la directora ejecutiva de la patronal, Begoña Villacís, que también fue vicealcaldesa de Madrid con el partido político Ciudadanos.

Escenario restrictivo

El último informe anual de Spain DC proyectaba una inversión acumulada de 66.900 millones de euros en el sector entre 2026 y 2030 en un escenario de continuidad, mientras que en un escenario restrictivo se apuntaba que esa cifra de inversión se podía ver reducida en un 36%. Ahora, la asociación sostiene que «lo que hace unos meses se consideraba un escenario restrictivo hoy puede parecer incluso moderado frente al impacto potencial del texto conocido».

De esta forma, la entidad dice compartir la necesidad de combatir la especulación y liberar capacidad eléctrica asociada a proyectos sin expectativa real de ejecución, pero defiende que para ello deben utilizarse criterios de madurez, inversión comprometida, avance efectivo y cumplimiento de hitos, «distinguiendo claramente una reserva especulativa de un proyecto real».

Suscríbete para seguir leyendo