Jesús Agustín Pueyo, magistrado y miembro de la Red Europea de Jueces por el Medio Ambiente: “Matar 67 lobos en Asturias es desproporcionado y con base legal escasa”

Jesús Agustín Pueyo es magistrado de la Audiencia Provincial de Vizcaya. Ha organizado y participado en diversos congresos sobre biodiversidad y grandes carnívoros como integrante de la Red Europea de Jueces por el Medio Ambiente (EUFJE). Hijo de ganadero y amante de los montes asturianos, que suele visitar cada año, es conocedor al detalle de la legislación europea y, en concreto, de todo lo que rodea al lobo. En esta entrevista con LA NUEVA ESPAÑA aborda el plan que se lleva a cabo en Asturias, donde el Gobierno del Principado acaba de anunciar un nuevo control de población para eliminar, a partir de septiembre, 67 ejemplares.

-¿Qué base jurídica y científica le reconoce al actual Plan de Gestión del Lobo en el Principado de Asturias?

-En mi opinión, la base jurídica es escasa, ya que incumple diversos presupuestos exigidos por la Directiva Hábitats y por la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). No se cumple ni se demuestra que el lobo presente un estado de conservación favorable en Asturias. Una evaluación que, además, debe extenderse territorialmente a toda la región biogeográfica atlántica y a España. Hoy en día, el único informe sexenal sobre el estado de conservación, remitido a la Comisión Europea, sitúa el balance en un nivel desfavorable. A esto hay que añadir que no se alude a actuaciones ni vigilancias contra el furtivismo por parte de la guardería o las fuerzas de seguridad, ignorando el principio de precaución y cautela que debe regir en materia ambiental.

–El Principado quiere eliminar 67 ejemplares.

–Esa cifra sobre un censo aproximado de 350 lobos supone recortar más del 20% de la población. Se trata de un porcentaje desproporcionado que no ha sido aceptado por ningún tribunal. Es clave recordar que la doctrina del TJUE en ningún momento ha admitido que las muertes de lobos se ejecuten mediante el establecimiento de cupos preestablecidos.

-¿Existen garantías jurídicas suficientes para ejecutar las extracciones?

-No se están cumpliendo los requisitos legales. La Directiva y la jurisprudencia del TJUE obligan a demostrar previamente que se han desarrollado otras soluciones satisfactorias para evitar los daños al ganado y que estas han fracasado. En Asturias las medidas preventivas no están implantadas de forma generalizada. Además, si ponemos en perspectiva las cifras, las indemnizaciones abonadas el pasado año no superaron los dos millones de euros, una cuantía que no llega ni a la mitad de lo que cuesta construir un solo kilómetro de autovía, unos seis millones.

-Desde la perspectiva judicial, ¿por qué el lobo concentra tanta controversia en los tribunales frente a otras especies protegidas?

-En primer lugar, porque las administraciones públicas con competencias en la materia no han cumplido con su función de proteger el medio ambiente y a un superdepredador indispensable para el equilibrio del ecosistema. Esto ha obligado a ONG como la asociación ASCEL ( Asociación para la conservación del lobo ibérico) a acudir a la justicia para exigir su tutela. Por otro lado, que un animal que es el antepasado directo de nuestro mejor amigo, el perro, genere tal nivel de crispación responde a una polémica simbólica que carece de base racional: según diversos estudios científicos, los daños atribuidos al lobo afectan únicamente al 0,2 por ciento de la cabaña ganadera total en España.

-Las instituciones europeas han propuesto rebajar el estatus de protección del lobo en la Directiva Hábitats. ¿Qué impacto real tendrá esta decisión?

-A pesar de los pasos de la Comisión para flexibilizar su protección, lo cierto es que los artículos 14 y 16 de la Directiva Hábitats continúan plenamente vigentes. Por tanto, siguen sin caber los cupos si no se acredita que no existe otra alternativa, si las extracciones no son selectivas o si no se demuestra la gravedad de los daños. La propia gráfica aportada por el Principado revela que el pico de daños se registró en el año 2014, no recientemente. Esta propuesta de rebaja no altera la doctrina consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

-En su condición a nivel europeo en materia ambiental, ¿cómo se percibe desde la Unión Europea la tutela de la biodiversidad que se aplica en España?

-Con carácter general, España encabeza actualmente los procedimientos de infracción ambiental en la Unión Europea. Bien es verdad que albergamos una rica biodiversidad y que las ONG han canalizado numerosas denuncias ante Bruselas. En el caso específico del lobo, la iniciativa europea para reducir su protección, responde a un incremento poblacional muy elevado en el centro y norte de Europa. Pero esa realidad no es extrapolable a España, la nuestra es la única población del continente acantonada en el Noroeste y desconectada del resto de grupos europeos. Los informes de la Estación Biológica de Doñana advierten de un grado de endogamia muy elevado, lo que supone un problema sumamente grave.

-Cambiando de tercio, se ha intensificado en los últimos tiempos el cuestionamiento a la labor judicial con acusaciones de «lawfare». ¿Siente que se está debilitando la confianza ciudadana o la independencia de los jueces?

-El «lawfare» es una invención de determinados políticos y medios de comunicación cuando surgen procedimientos judiciales que afectan a miembros de sus partidos, generalmente por casos de corrupción. La independencia en la labor ordinaria de los jueces en España es prácticamente total. El problema real reside en el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, el cual hace los nombramientos de los altos cargos de la judicatura (Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales), donde prima la vinculación del candidato con las dos asociaciones mayoritarias (la Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia), por encima de los criterios de mérito y capacidad que exige la Ley Orgánica del Poder Judicial. La confianza ciudadana se resiente por este tipo de noticias y, sobre todo, por la lentitud derivada de una falta galopante de medios materiales y humanos. Necesitamos 2.000 jueces para ayer, esa es la verdadera situación.

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