El Ministerio fija en un informe preliminar que la única mina de carbón en actividad en Asturias debe devolver más de 30 millones en ayudas

El Instituto para la Transición Justa (ITJ), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, considera que la empresa TyC Narcea, que extrae carbón en Vega de Rengos (Cangas del Narcea), debe devolver íntegramente las ayudas al cierre que recibió la desaparecida Carbonar si quiere continuar con la actividad. Se trata de más de 30 millones de euros, una exigencia que coloca en una difícil situación el futuro de la explotación canguesa.

El ITJ comunicó ayer, dentro del procedimiento abierto sobre la explotación, su posición preliminar sobre el caso. El organismo, encargado de evaluar la legalidad de las explotaciones reabiertas sobre actividades sometidas al cierre auspiciado por Bruselas en 2018, considera que toda la actividad de TyC Narcea se desarrolla sobre espacios físicos sujetos a decisiones de clausura. La empresa cuestiona esta interpretación, ya que sostiene que Bruselas estableció que el criterio de cierre se ceñía a instalaciones y unidades productivas concretas, y no a espacios geográficos.

El ITJ ha advertido a la empresa, según las fuentes consultadas por este periódico, de que se trata de una valoración preliminar y que contra ella caben alegaciones. TyC Narcea rebatirá la posición del Ministerio apoyándose fundamentalmente en varios argumentos de calado. El principal es que la actividad que ha venido desarrollando en Vega de Rengos contaba con el aval del Principado, incluso con informes en los que se dejaba claro que se trataba de una explotación «diferente» de la que realizaba Carbonar, la empresa que anteriormente trabajaba en la mina y que se acogió al cierre subvencionado autorizado por Bruselas.

La resolución preliminar del Instituto para la Transición Justa constituye, en cualquier caso, un indicio de la posición del Ministerio ante la reapertura de antiguas explotaciones de carbón. Sus efectos podrían extenderse también a la mina de Cerredo, donde en marzo de 2025 murieron cinco trabajadores a causa de una explosión de grisú mientras se desarrollaba una actividad de extracción de carbón que carecía de autorización del Principado.

La posición trasladada por el ITJ anticipa una larga batalla jurídica. TyC Narcea ya anunció desde el primer momento su voluntad de pelear en los tribunales por la continuidad de una actividad de la que dependen unas 60 familias en una zona que, precisamente, ha sufrido con especial intensidad las consecuencias económicas del cierre de la minería del carbón.

La disputa estará, además, sustentada en informes técnicos. La empresa sostiene que, en el peor de los casos, solo pueden considerarse «unidades productivas» sujetas al plan de cierre poco más de veinte metros de la galería principal de acceso. El Ministerio, en cambio, vincula el conjunto de la explotación actual con la actividad clausurada mediante las ayudas autorizadas por Europa. De ahí que el ITJ considere que, para continuar con la extracción, deben devolverse las ayudas percibidas en su día por Carbonar, unos 30 millones de euros, según las fuentes consultadas próximas al expediente.

Una posición «preavisada»

LA NUEVA ESPAÑA ya avanzó en julio del pasado año que, a raíz del accidente mortal de Cerredo, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Principado de Asturias se habían zambullido en una exhaustiva revisión de la legalidad de las explotaciones reabiertas, incluso de aquellas que contaban con permiso del Gobierno regional. La clave estaba en un artículo de la Ley de Cambio Climático que establece que toda reapertura de actividad debe someterse al análisis del ITJ para determinar si implica la devolución de ayudas europeas concedidas para el cierre.

TyC Narcea mantiene actualmente en suspenso su actividad a la espera de que el Principado autorice un plan de explotación. La posición del ITJ no es, de partida, vinculante, pero será un elemento clave para la decisión definitiva sobre esa mina y todas las demás.

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