La huelga de médicos en otoño, más cerca en Asturias con el nuevo Estatuto Marco

La aprobación en el Consejo de Ministros de anteayer, martes, del proyecto de ley del Estatuto Marco, y el consecuente envío del texto legal al Congreso de los Diputados, para su tramitación parlamentaria, ha irritado de manera muy notable a médicos de todo el país. Entre los facultativos españoles es mayoritaria la reivindicación de la retirada del documento y la exigencia al Ministerio de Sanidad de que elabore un marco jurídico específico para los médicos.

Desde Asturias, el Sindicato Médico (SIMPA) declaró ayer a LA NUEVA ESPAÑA que “la respuesta de la profesión va a ser muy contundente” y que este nuevo escenario “nos acerca a una huelga indefinida probablemente a partir de mediados de octubre”. Con el matiz de que “las respuestas no van a ser brutales y sin sentido”.

El otro sindicato médico de la región, el SIMES (integrado por facultativos de una franja más joven), coincidió en un “rechazo” al texto actual del Estatuto Marco bajo el argumento de que “perpetúa deficiencias históricas y no responde a las necesidades reales del colectivo facultativo”. No obstante, el SIMES precisó que su foco “prioritario” de negociación es el ámbito autonómico, dado que “el Gobierno del Principado de Asturias dispone de competencias suficientes para articular soluciones inmediatas”.

"No es un desafío"

La ministra de Sanidad, Mónica García Gómez (Sumar), argumentó que la aprobación del proyecto de ley del Estatuto Marco "no es un desafío" a los sindicatos médicos, sino la forma de "abrir la puerta" a la mejora de las condiciones laborales.

Según Mónica García, la aprobación del proyecto de ley de Estatuto Marco es necesaria para poder trabajar en reivindicaciones de los médicos como la de un estatuto propio para su colectivo. "Incluso la condición de posibilidad de que haya un estatuto propio parte de la base de que haya un estatuto también básico para todos los profesionales", afirmó.

Rechazo de los gobierno autonómicos

La posición que defiende la Ministra es rechazada por la práctica totalidad de los gobiernos autonómicos, incluidos el de Asturias. El Ejecutivo del Principado se ha sumado a la petición de todas las comunidades para que el Ministerio consensúe con todos los profesionales sanitarios un texto “consensuado, equilibrado y sostenible”.

A lo largo de los últimos meses, tanto el Gobierno asturiano como los de otras regiones han alcanzado acuerdos con los sindicatos de sus territorios. Y consideran que la Administración central debe buscar, en el marco de sus competencias, pactos que eviten más huelgas de médicos y un aumento aún más agudizado de las demoras que sufren los usuarios y que han de ser afrontadas por los gobiernos autonómicos y no por el Ministerio, que carece de atribuciones para la gestión de los servicios sanitarios.

Satisfacción en el resto de los sindicatos

Por su parte, los sindicatos del Ámbito de Negociación (que no incluyen a los de médicos) han valorado positivamente la aprobación del proyecto de ley. Según Comisiones Obreras, UGT y el Sindicato de Enfermería (SATSE), el hecho de que la norma haya sido remitida a la Cámara Baja es "un paso decisivo para culminar una reforma largamente demandada".

Desde las comunidades autónomas, el consejero de Sanidad de Galicia, Antonio Gómez Caamaño, calificó de "provocación" la decisión de llevar el nuevo Estatuto Marco al Consejo de Ministros, y tildó de “culpable directo" de los problemas que genere esta protesta de facultativos al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.

Por su parte, la consejera de Salud y Atención a la Dependencia de Extremadura, Sara García Espada, señaló que el texto del Estatuto Marco carece de consignación económica para llevarse a cabo y que, "por tanto, no garantiza aquellas mejoras que recoge".

La presidenta de la Asociación Nacional de Pacientes del Sistema Sanitario (ANPASS), Mercedes López, reclamó al Gobierno central que frene la tramitación de la normativa y que se evite la huelga médica indefinida, ya que esta "sería catastrófica para la sanidad pública".

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